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Ayacucho: Contraloría pone en la mira a 39 funcionarios públicos

A nivel nacional se han identificado 1607 funcionarios y servidores públicos con responsabilidad penal y civil y se advierten sanciones
Funcionarios en la mira de Contraloría

Actualizado el 21/05/2022, 09:29 a.m.

En la región Ayacucho, la Contraloría General de la República ha identificado a 39 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa según los informes de control posterior emitidos a mayo de 2022.

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En el caso de funcionarios con responsabilidad civil se presentarán demandas contra los funcionarios y/o servidores públicos por el perjuicio económico causado al Estado y presentarán denuncias por presuntos delitos contra la administración pública; mientras que los de responsabilidad penal se presentarán denuncias por presuntos delitos contra la administración pública.

En tanto sobre presuntas infracciones administrativas leves, donde la entidad deberá adoptar medidas; mientras que ante las posibles infracciones administrativas graves o muy graves donde la Contraloría General abrirá un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a los funcionarios y/o servidores.

SANCIÓN PARA SERVIDORES INFRACTORES

Es de indicarse que, a partir de este año, la Contraloría General iniciará y procesará a funcionarios y/o servidores a quienes se ha determinado presunta responsabilidad administrativa PAS al haber recuperado su capacidad sancionadora. Los PAS podrían culminar con la inhabilitación temporal para ejercer la función pública en caso de infracciones graves (no menor de 60 días calendario ni mayor a un año) y muy graves (sanción de uno a cinco años).

BALANCE. A nivel nacional, la Contraloría General ha identificado a 1607 funcionarios y servidores públicos (únicos) que tendrían presunta responsabilidad penal (644), civil (662) y/o administrativa (1377), según los informes de control posterior emitidos a mayo de 2022.

En lo que va del año se han iniciado 7764 servicios de control que tienen como finalidad prevenir, detectar y sancionar la inconducta funcional o corrupción en la administración pública.

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A nivel nacional se han identificado 1607 funcionarios y servidores públicos con responsabilidad penal y civil y se advierten sanciones

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