La educación de los niños y jóvenes en el país afronta un momento muy dificil tras la emergencia sanitaria por el Covid- 19. Por ello la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó al Gobierno Regional adoptar acciones urgentes y necesarias para la reapertura de las escuelas públicas y privadas en la región, con la finalidad de que se reinicie el servicio educativo semipresencial o presencial.

La defensoría efectuó la supervisión al servicio educativo de modalidad a distancia realizado al 82 % de unidades de gestión educativa local (UGEL) en 2021, la Defensoría del Pueblo advirtió problemas que afectan la educación de miles de estudiantes.

Según información del Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro a Clases (Sares), a la fecha, en Ayacucho existen 3605 servicios educativos que están habilitados para brindar clases con algún grado de presencialidad para beneficio de 178 214 estudiantes.

REALIDAD DE DESERSIÓN Y ABANDONO DE ESCOLARES

Trascendió que el número de estudiantes de escuelas públicas que no accedieron a la educación a distancia en 2021 fue de 15 157; las UGEL supervisadas reportaron que 381 estudiantes de escuelas públicas desertaron o salieron del sistema escolar en 2021 y 51 079 estudiantes no tenían equipos de comunicación y tampoco fueron beneficiarios de las tablets adquiridas por el Minedu.

Estas niñas y niños tienen por delante un futuro incierto, sin poder estudiar en el breve plazo y reduciendo sus opciones de acceder a estudios superiores o técnicos que les permita optar a un trabajo digno a largo plazo.

“Hemos supervisado nueve de las once UGEL de la región y, en base a los hallazgos y los datos oficiales sobre el impacto de la pandemia en niñas, niños y adolescentes, consideramos que las autoridades educativas regionales y locales, en coordinación con la comunidad educativa deben promover el retorno a las clases semipresenciales o presenciales”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

Por ello se exhortó a las autoridades regionales a evitar obstáculos o demoras que no se justifiquen en datos objetivos y razonables sobre la situación de la población durante la pandemia.