En la última sesión del Consejo Regional de Ayacucho, el pleno aprobó una vez más, el proyecto de ordenanza regional sobre la Reformulación del Reglamento Interno del Consejo Regional, la misma que fue observada por las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho, en uno de sus artículos referente a las acciones de control político de los consejeros hacia los funcionarios del ejecutivo.

MODIFICATORIA. El reglamento vigente en la actualidad aún fue aprobado en el 2012 y pese a los cambios sufridos dentro del consejo, como es el incremento de sus integrantes de 12 que eran en ese entonces a un total de 16 que son en la actualidad, la norma no pudo ser cambiada pese a reiterativos intentos.

El consejo anterior, elaboró una propuesta para reformular el reglamento, pero por desacuerdos e intereses entre sus integrantes no se llegó a un consenso para su aprobación. Casi en la última sesión del 2018, los consejeros aprobaron la ordenanza, pero con la asunción de los nuevos consejeros del periodo 2019-2022, la norma quedó en la nada y nuevamente se encargó a una comisión permanente a fin de que pueda revisar y elaborar una propuesta.

En todo, el principal punto de debate y desacuerdo fue el artículo que hace referencia a las atribuciones especiales de los consejeros mediante la interpelación a los funcionarios del ejecutivo. Incluso, el año pasado este consejo aprobó el nuevo reglamento y lo remitió al ejecutivo para su promulgación por parte del gobernador regional, Carlos Rua Carbajal, sin embargo, la autoridad junto a sus asesores observaron esta función de interpelación y devolvió la norma ante el consejo a fin de que quiten el artículo.

Tras un largo debate, la mayoría de los consejeros concordaron que la interpelación es una función que les atribuye y por mayoría aprobaron nuevamente su reglamento.

Al respecto, el consejero Javier Berrocal, manifestó que en Ayacucho se tiene antecedentes de interpelaciones a los funcionarios y que también existen estos antecedentes en otras regiones del país, pero que pese a ello, algunos consejeros del oficialismo pretendieron que se quite esta atribución especial.

Acotó que el gobernador tiene plazo de 20 días para promulgar la ordenanza. “Esperemos que el gobernador no vuelva a observar la ordenanza en su afán de proteger a sus funcionarios“, precisó.