Tres mil 500 casos y 90 laudos arbitrales lleva la Procuraduría Regional de Ayacucho
Tres mil 500 casos y 90 laudos arbitrales lleva la Procuraduría Regional de Ayacucho

La Procuraduría Pública Regional de Ayacucho tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado en más de tres mil 500 casos y 90 procesos de arbitraje que actualmente se encuentran en curso, así lo informó el procurador encargado, Roberto Oriundo Yaranga.

CASOS. El encargado precisó que la mayor cantidad de casos corresponde a denuncias por deudas de beneficios sociales a los trabajadores de los sectores salud y educación del Gobierno Regional de Ayacucho, los cuales en su mayoría son dadas consentidas por estar dentro del marco legal. 

El procurador refirió que asumió la encargatura en setiembre del año pasado, donde ya encontró con una sobre carga laboral, pero que de forma diaria reciben entre 50 y 60 denuncias, los cuales responden de forma oportuna con los pocos abogados que trabajan en esta oficina, sea de forma procedente o improcedente la denuncia. 

“La carga que encontramos se viene incrementando de forma abismal con las demandas y pretensiones de los usuarios, quienes en su mayoría denuncian por pagos de beneficios sociales y con el poco personal que tenemos hacemos un filtro a través de un aplicativo para determinar la disponibilidad”, refirió. 

ARBITRAJES. Por otro lado, la Procuraduría regional también lleva más de 90 procesos de arbitraje en curso, interpuestos por empresas ejecutoras de las principales obras del gobierno_regional.

Al respecto, manifestó que los arbitrajes en su mayoría son por ampliaciones y adicionales que las empresas privadas solicitan a la institución regional los cuales son denegados por no cumplir los requisitos y procedimientos.

En estos casos, precisó que la defensa lo realizan con la sustentación técnica de los mismos trabajadores del gobierno regional.

Añadió que para una correcta defensa, los funcionarios de distintos sectores deberían remitir la información técnica y completa dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de no generar causales de observación a las empresas.