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Alcaldes de 7 comunas firman un pacto de lucha contra la corrupción

En el documento se comprometen a ejecutar acciones inmediatas, entre ellas la instalación de la Comisión Local Anticorrupción así como a realizar audiencias públicas de rendición de cuentas, al menos una vez al año. De no cumplir, podrían ser denunciados penalmente, advierten
Alcaldes de 7 comunas firman un pacto de lucha contra la corrupción

Alcaldes de 7 comunas firman un pacto de lucha contra la corrupción

20 de Marzo del 2019 - 08:53 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

Los alcaldes de siete municipalidades de la provincia del Santa, acudieron a la convocatoria que hicieron los operadores del sistema de justicia para la firma del “Pacto de Integridad, Lucha Contra la Corrupción y Cumplimiento de Pautas de Buen Gobierno”.

Este documento busca que las autoridades edilicias asuman un compromiso de lucha frontal contra la corrupción en sus comunas, así como establecer políticas de transparencia en su gestiones.

Además, se debe mencionar que el pacto de integridad y lucha contra la corrupción, se encuentra enmarcado en la ley de fortalecimiento del sistema de lucha contra la corrupción, que impulsa el Gobierno.

FIRMAN

Como se recuerda, la semana pasada los representantes del sistema de justicia local convocaron a los burgomaestres para estampar su rúbrica en este documento.

Los alcaldes que ayer sí acudieron a la ceremonia fueron Roberto Briceño Franco, alcalde de la provincia del Santa; Domingo Caldas Egúsquiza, alcalde de Nuevo Chimbote; Abel Sánchez Cruz, alcalde distrital de Coishco; Pedro Carranza López alcalde del distrito de Nepeña; Ivo Rincón Ruiz, alcalde de Moro; Diunior Contreras Reyes, alcalde de Macate; y el alcalde del distrito de Santa, Eugenio Jara Acosta.

Los grandes ausentes en esta ceremonia fueron el alcalde del distrito de Samanco, Arturo Molina y su colega del distrito de Cáceres del Perú (Jimbe), Luis Alberto Sánchez Paz.

En el caso del burgomaestre de Samanco, voceros de esta comuna dijeron a Correo que Molina se encontraba delicado de salud y que el teniente alcalde - quien podría haberlo reemplazado en la cita - ya tenía en agenda otras reuniones por el tema de la reconstrucción con cambios.

Se debe mencionar que además de los alcaldes también suscribieron este pacto el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia; la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez; el presidente de la Corte de Justicia del Santa, José Manzo Villanueva; la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Miriam Lucero Tamayo y el jefe de la División Policial de Chmbote, coronel PNP James Tanchiva.

También hicieron lo mismo, Henry Nureña Castillo, director de la Defensa Pública y la jueza Anita Alva Vásquez, jefa de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistrutatua (Odecma) del distrito judicial del Santa.

COMPROMISOS

Más que un acto protocolar, lo que han hecho ayer los alcaldes es asumir compromisos concretos en el intento por transparentar sus gestiones.

Por ejemplo, una tarea inmediata que deben ejecutar es la implementación de la Comisión Local Anticorrupción. Esta plataforma deberá instalarse tanto en la provincia así como también en los distritos.

El grupo de trabajo deberá ser creado a través de una ordenanza municipal y estará conformado por representantes del sistema de justicia y miembros de la sociedad civil. El presidente de la comisión será elegido por sus miembros, una vez que esta comisión quede instalada.

Desde este frente, los alcaldes deberán elaborar y aprobar su Plan Anticorrupción Institucional, realizando acciones orientadas a garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, así como la identificación y gestión de riesgos de comisión de hechos vinculados a la corrupción.

Además, los burgomaestres han aceptado realizar por lo menos una audiencia pública de rendición de cuentas de manera anual. Este evento es distinto a las reuniones vecinales y talleres del presupuesto participativo, señala el documento.

En la gestión anterior fueron pocas las municipalidades que cumplieron con realizar las audiencias de rendición de cuentas. Las que sí lo hicieron, no siguieron las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y además tuvieron poca participación de la sociedad civil.

Debido a que la firma del convenio, toma como base la Ley 29976, el incumplimiento de parte de cualquiera de los compromisos asumidos por los burgomaestres, podría hacer que se le denuncie penalmente por el delito de incumplimiento de deberes funcionales, advirtieron las autoridades. La Fiscalía, anunció que estará atenta a cada uno de los compromisos asumidos en este documento, para darle seguimiento.

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