Áncash: A fines de este año, la Fiscalía deberá pronunciarse sobre el caso Pardo

A fines de este año, la Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre la investigación que se le sigue al encarcelado Luis Arroyo Rojas, en su calidad de exgerente de la Subregión Pacífico- unidad ejecutora del Gobierno Regional de Áncash - respecto a presuntos hechos de corrupción en torno a la ejecución de la millonaria obra de reconstrucción y remodelación de la avenida José Pardo.

Esto luego que el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Eudosio Escalante Arroyo, declarara fundado el pedido de ampliación de plazo en el tiempo de la pesquisa, que solicitó el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe.

Además de Arroyo Rojas, la fiscalía investiga por el presunto delito de colusión al también exsubgerente de la entidad regional, Juan Carlos Gallo Zegarra y al exfuncionario Oscar Salgado Olivo.

PLAZO. Como se conoce esta es la segunda investigación que se encuentra judicializada por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de Pardo. En otra investigación, se encuentran comprendidos la exgerente de la Subregión Pacífico Pamela Bermúdez junto a otros funcionarios y empresarios.

El plazo de la etapa preparatoria de la pesquisa en esta carpeta venció el 9 de abril, sin embargo un mes antes, el 9 de marzo, el Ministerio Público ya había solicitado la ampliación del plazo por ocho meses por considerar que se trataba de un “caso complejo” y por la “cantidad de agentes”.

Sin embargo, debido a las constantes inhibicaciones de jueces del caso, el Poder Judicial no pudo pronunciarse respecto a la ampliación de plazo de la pesquisa, sino hasta ayer.

El juez Escalante computó los ocho meses adicionales de plazo desde el 10 de abril hasta el 9 de diciembre de este año.

“Cumplido este plazo el Ministerio Público deberá emitir un pronunciamiento respecto a la investigación que desarrolló”, expresó.

Asimismo, dispuso la convalidación de todos los actos de investigación que se han desarrollado desde el 9 de abril de este año (fecha en la que culminó el plazo inicial de la investigación) hasta la fecha.

El magistrado arguyó que se justicia la ampliación de ocho meses más por el número de diligencias pendientes, pero también por que en la carpeta uno de los principales investigados es “aparentemente uno de los miembros de una organización criminal”.

El juez invocó al fiscal a realizar una adecuada imputación e individualizar los hechos así como la participación de cada uno de los investigados.

DILIGENCIAS. Son cinco las diligencias que aún están pendientes de desarrollar o en algunos casos culminar, expuso ayer el fiscal Añanca durante la audiencia.

Una de ellas es la declaración de los imputados. En el caso de Arroyo, el fiscal contó que acudió hasta el penal Piedras Gordas donde cumple prisión preventiva, sin embargo no se pudo complir con tal diligencia, por lo que el investigado solicitó que esta sea reprogramada.

Tampoco se ha podido recabar las declaraciones de por lo menos el 50% de personas que han sido convocadas por el Ministerio Público para ser interrogados en calidad de testigos.

Asimismo se han ordenado dos pericias una contable y otra de ingeniería civil que se encuentra en etapa de elaboración. La diligencia de verificación e inspección de la obra ya se ha realizado, sin embargo, aún está pendiente plasmar lo hallado en un informe y contrastarlo con los resultados de las pericias contables y de ingeniería civil.

Tras el término de la audiencia, el fiscal Laureano Añanca dijo sentirse conforme con la decisión adoptada por el juez.

Cabe señalar que no acudieron los abogados de ninguno de los tres investigados. El juez afirmó durante la audiencia que estos fueron debidamente notificados, tras revisar los cargos de notificaciones judiciales.

INVESTIGADOS. Fue en julio del año pasado cuando el Ministerio Público decidió realizar otra investigación en el caso Pardo, luego de las conclusiones del informe de la Contraloría que advertían graves perjuicios para el Gobierno Regional de Áncash.

La Fiscalía sostiene que Arroyo junto los otros investigados se habrían coludido para beneficiar al consorcio Pardo, empresa que ejecutó los trabajos, al punto que le permitieron adjudicarse el millonario contrato empleando cartas de entidades no reconocidas como la Coorperativa de Ahorros y Crédito de los Exportadores (Coopex).

Hace mención también a un acuerdo del Concejo Municipal del Santa que sería falso y obviaron el acuerdo de consejo regional para el inicio de la ejecución de la obra. Todos estos hechos se habrían consumado cuado Arroyo estaba al frente de la Subregión Pacífico.

En el caso de Gallo se le cuestiona los constantes retrasos y paralizaciones en la ejecución de los trabajos así como el incremento de los costos de la pavimentación.