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Áncash: Alcaldes en la clandestinidad por el deseo de poder y dinero

Policía pide paciencia para capturas

21 de Diciembre del 2015 - 09:55 » Textos: Redacción | Correo

Se conoce poco o nada de las autoridades de la zona costa de Áncash, que fueron elegidas por voto popular, y que ahora cuentan con orden de captura tras ser acusadas de graves delitos como corrupción y homicidio.

Hace poco la lista de prófugos de saco y corbata ha aumentado luego que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa dictara 18 meses de prisión preventiva para el alcalde electo del distrito de Samanco, Teodoro Jaime Casana Escobedo (67), quien -según la Fiscalía- habría ordenado el asesinato de Francisco Ariza Espinoza, la persona que ocupó su cargo debido a que se encontraba imposibilitado por un mandato judicial. Igual que sus predecesores, optó por la clandestinidad pues asegura ser inocente.

EL VIDEO. El uno de enero de 2015, Correo informó sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción del Santa de pedir 18 meses de prisión preventiva para el saliente alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Juan Francisco Gasco Barreto, conocido como “Paco”, por supuestamente estar inmerso en el delito de colusión.

La Fiscalía se valió de un video, en el que se observa al exburgomaestre sureño -al parecer- negociando la adjudicación de obras con un empresario-, para plantear su requerimiento.

Según la tesis fiscal, en la gestión de “Paco” Gasco se habría creado una presunta red de corrupción cuyo modus operandi habrían sido los pagos direccionados y la otorgación de licitaciones a ciertos empresarios.

En nueve de enero la vida del médico de profesión dio un giro de 360 grados. Aquel día, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa ordenó que sea recluido por 18 meses en un centro penitenciario mientras se le investiga por colusión. La misma medida fue dictada contra el exgerente municipal Rodolfo Barrantes Machaca y dos exfuncionarios (estos últimos apelaron luego y se les otorgó comparecencia con restricciones).

La audiencia se había realizado dos días antes, pero el juez decidió que su decisión se conocería a través de mesa de partes.

El viernes nueve, pasada las dos de la tarde, algunos periodistas llegaron hasta el hospital III de Essalud, en Nuevo Chimbote, y encontraron atendiendo en su consultorio a Gasco Barreto, quien hasta ese momento no sabía que el Poder Judicial había decidido que sea recluido en un penal.

Al ser informado por los hombres de prensa, quienes lo buscaron para conocer sus impresiones, el galeno dejó su trabajo y se marchó del nosocomio. Aquella fue la última vez que lo vieron en público.

EL SUCESOR. En abril otro alcalde decidió refugiarse en las sombras para no ser internado en un centro penitenciario.

Aquella vez, el viernes 17, la calurosa ciudad de Casma se convirtió en el centro de la atención, luego que el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de aquella localidad ordenara 16 meses de prisión preventiva para el saliente alcalde Rommel Meza Cerna por presuntamente estar inmerso en el asesinato de la abogada Milagros Aponte Roque, quien fue acribillada en abril de 2014.

El exburgomaestre desapareció desde aquel momento, pero su situación se complicaría mucho más meses después.

El siete de julio el Poder Judicial aprobó otro pedido de prisión preventiva en contra de Rommel Meza, esta vez por el crimen de su antecesor, José Montalvan Macedo.

Como se recuerda, la tarde del seis de diciembre de 2012, “Lito” Montalvan fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa; tras el execrable hecho, Rommel Meza -primer regidor en aquel entonces- asumió las riendas de la comuna.

Precisamente, según la tesis fiscal, este último habría ordenado el crimen de su antecesor para ocupar su puesto. Además, se presume que ordenó matar a la abogada -quien solía defender a gente ligada al mundo del hampa- porque conocía los detalles de cómo planificó el asesinato del burgomaestre.

La Fiscalía también investiga los homicidios de dos presuntos delincuentes, casos en los que también se sindica a Meza Cerna.

En diversas oportunidades, el prófugo exalcalde ha ofrecido declaraciones a la prensa en las que asegura que es inocente y que por tal razón no se entregará a las autoridades.

LA ALCALDESA. En setiembre último, Victoria Espinoza García pasó a la fila de las autoridades con orden de captura, luego que el Poder Judicial la hallara responsable del delito de enriquecimiento ilícito y la condenara a siete años de cárcel.

Este emblemático caso inició en 2011, cuando la Fiscalía Anticorrupción del Santa decide iniciar una investigación contra la alcaldesa, quien inició su segundo gobierno este año.

Según la tesis fiscal, ella aprovechó su paso por la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), como regidora y alcaldesa en su primera gestión, para obtener dinero de forma ilegal y luego favorecer a sus parientes.

Tras un largo proceso y luego que el caso llegase a instancias judiciales, el 21 de mayo de este año se dictó sentencia. El titular del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte del Santa, David Aguilar Ponce, encontró culpable a la burgomaestre y la condenó a siete años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de un millón de soles. El juez dispuso la misma pena para Wuilmer Agapito Vásquez, expareja y padre de los hijos de Victoria Espinoza.

La sentencia contra Victoria Espinoza solo se ejecutaría si es que era confirmada en segunda instancia. El 22 de setiembre llegó la hora decisiva para la entonces lideresa del movimiento regional Río Santa Caudaloso.

En horas de la tarde, en una accidentada audiencia por la presencia de simpatizantes de Victoria Espinoza, a la que ella no asistió pese a que en la víspera aseguró que sí estaría presente, la Sala Penal de Apelaciones, ratificó la condena en contra de los exconvivientes.

Increíblemente, a pesar de la relevancia del caso, el personal de la Policía Judicial de Chimbote recibió la orden de captura de Victoria Espinoza y Wuilmer Agapito 16 horas después que se leyó la sentencia.

Siete días después de la lectura de la sentencia contra la alcaldesa, recién los agentes del orden y la Fiscalía allanaron dos viviendas en la urbanización La Libertad y el pueblo joven La Florida, pero -como era de esperarse- no ubicaron a la prófuga autoridad.

Hoy, luego de casi tres meses, sigue en la clandestinidad.

SAMANCO. La tarde del 20 de octubre último, el alcalde de Samanco, Francisco Ariza Espinoza, y su asesor legal Henry Aldea Correa fueron asesinados a balazos y luego quemados en la zona de Huacatambo, en el distrito de Nepeña, minutos después de participar de una diligencia en la Fiscalía.

Un mes y 20 días después, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó prisión preventiva para los presuntos autores materiales e intelectuales de este execrable hecho. En este último grupo figura el nombre de una persona que ha sido alcalde de Samanco en dos ocasiones; sin embargo, este año ya no pudo asumir el cargo por tener una sentencia en su contra.

Se trata de Jaime Casana Escobedo, un vecino del sector de Huambacho, que ahora es buscado por la Policía por tener un mandato de 18 meses de prisión preventiva en su contra. ¿La razón? Según la Fiscalía Mixta de Nepeña, habría ordenado el crimen de su sucesor con la finalidad de volver a tener el control de la comuna samanqueña.

En la lista de presuntos autores intelectuales también se encuentran la alcaldesa Fanny Mallqui Huamán, exregidora que ocupó el cargo tras la muerte de Francisco Ariza, y los cuatro concejales, todos ellos leales a Jaime Casana; inclusive, ellos juramentaron a su nombre al asumir el cargo a inicios de año.

Los cinco se encuentran en el penal de Cambio Puente cumpliendo siete meses de prisión preventiva mientras que su líder permanece en la clandestinidad.

Hasta hoy suman cuatro los personajes que han ocupado cargos en municipalidades y, tras dictarse orden de captura en su contra por estar inmersos en casos de corrupción y sicariato, han decidido mantenerse al margen de la ley. 

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