Áncash: Álvarez y Arroyo serán investigados por lavado

La Fiscalía reabrió la investigación al expresidente del gobierno regional de Áncash, César Álvarez, y a 56 de sus colaboradores por lavado de dinero.

El caso estuvo 20 meses en la congeladora del Ministerio Público.

Se trata de un caso catalogado como “complejo” por la magnitud de la mafia, compuesta por altos funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, entre ellos, el exalcalde de Chimbote, Luis Arroyo Rojas.

Dicho caso estuvo a punto de perderse, luego de que dos fiscales provinciales diferentes opinaran por su archivamiento hasta en tres oportunidades, en el 2012 y 2013.

Ninguno de ellos realizó las diligencias pertinentes para identificar a plenitud la responsabilidad penal de los imputados.

Sin embargo, la Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, a cargo de Yanet Roller, declaró “fundado” un recurso de queja interpuesto el 11 de junio de 2013 por la procuradora Julia Príncipe.

La intervención de la Procuraduría de Lavado de Activos, según magistrados que conocen del caso, fue decisiva en el golpe de timón.

REVESES. Un hecho preocupante, sin embargo, es que la referida red montada por el encarcelado expresidente regional, pudo haberse librado de una rigurosa pesquisa.

El “extraño proceder” de los fiscales archivadores ocasionó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) aperture procesos disciplinarios contra ellos.

El primer archivamiento ocurrió el 25 de mayo de 2012. La responsable de tal decisión fue Silvia Paredes Goicochea, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz.

Los argumentos de Paredes -por increíble que parezcan- se basaron en que no era posible realizar una pericia contable “por falta de peritos”.

Príncipe no perdió de vista el caso y, luego de apelar la decisión, consiguió que una Fiscalía Superior de Áncash ordene realizar los respectivos peritajes contables y el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de los implicados.

Pero ese no fue el único obstáculo.

Ocho meses después, el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huaraz, José Pagaza Guerra, señaló que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, y ordenó su segundo archivamiento.

No existían elementos de convicción ni actos irregulares, según Pagaza Guerra.

Dijo, por si fuera poco, que las transferencias de propiedades de los demandados se realizaron fuera del periodo en que Álvarez se mantuvo en el poder.

Pese a que la Fiscalía Superior exigió un nuevo pronunciamiento por parte del fiscal provincial, a pedido de Príncipe, el 30 de mayo de 2013 nuevamente se negó a investigar. El vía crucis recien empezaba.

ARCHIVO SUPREMO. El hecho de que el caso fuera encarpetado en varias oportunidades generó dudas al interior de la institución fiscal.

Durante ese lapso los titulares del Ministerio Público fueron José Luis Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia.

La procuradora Julia Príncipe envió a Peláez y Ramos numerosos documentos que sustentaban la investigación contra Álvarez por actos de incremento patrimonial oculto, pero ninguno respondió.

Príncipe denunció, en octubre de 2014, una serie de irregularidades al interior del Ministerio Público.

Príncipe se sumó a quienes consideraron que el entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, debía ser expectorado de la institución.

La existencia de no pocos indicios que lo vinculaban a la red criminal de César Álvarez fue el hilo de la madeja.

Fue por ello que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) procedió a suspenderlo por un periodo de seis meses, abriéndole cuatro procesos disciplinarios.

“Ramos Heredia tenía que dar un paso al costado. Ya nadie creía en el Ministerio Público”, dijo la defensora del Estado luego de conocida la decisión del CNM.

La última palabra la tenía el Fiscal de la Nación, según diversas fuentes consultadas.

Sin embargo, Ramos Heredia se negó a responder a un oficio de urgencia remitido el 15 de mayo de 2014

proveniente de la Procuraduría.

Lo mismo sucedió con Peláez Bardales. El 10 de abril de 2014, Príncipe le recordó su promesa. Por esas fechas, como se recuerda, Peláez hiso un mea culpa frente a los ciudadanos de Áncash, admitiendo que su institución le dio la espalda a la ciudad frente al reinado de corrupción encabezado por Álvarez Aguilar.

Recién ahora, 19 meses después, la queja de derecho de Príncipe - interpuesta el 11 de junio de 2013-, y que fue presentada dentro del término de ley, es acogida por la Fiscalía.