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Con 17 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra, el Consejo Regional de Áncash aprobó ayer el pedido del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, de regularizar los documentos para que el pleno le otorgue la licencia por el periodo de 26 días, en que estuvo internado en el Hospital Rebagliati debido a que contrajo el coronavirus.
Esto ocurrió a pesar de que la autoridad regional no presentó al pleno regional el Certificado de Incapacidad Temporal que exige la ley de carrera administrativa para que un funcionario público pueda acceder a dicha prerrogativa.
Precisamente, en el documento presentado el 11 de setiembre ante el consejero delgado Carlos Pajuelo Camones, Morillo se ampara en el Decreto Legislativo 276 (Ley de bases de la carrera administrativa) y señala que al haber salido de alta “sin ninguna restricción médica” solicita se le conceda la licencia en vías de regularización desde el 16 de agosto hasta el 10 de setiembre y se deje sin efecto su pedido de licencia presentado el 19 de agosto.
Para esto, la autoridad presentó la Epicrisis, el informe de alta y la papeleta de alta, pero no el Certificado de Incapacidad Temporal que se exige en estas situaciones.
Morillo intervino al inicio de la sesión de consejo e y habló con total fluidez durante más de 5 minutos.
Dijo que bajó doce kilos y pasó momentos “muy duros” porque además de la neumonía por coronavirus también contrajo una infección intrahospitalaria causada por una bacteria.
El único consejero que votó en contra fue Rubén Sandoval Calvo, representante del Santa.
JNE EXHORTA
De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución 2020029332 a través de la cual exhorta al Consejo Regional a debatir el pedido de suspensión presentado por el ciudadano Leoncio Yupanqui Acosta en contra del gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, por la causal de incapacidad física o mental temporal.
Además dispone remitir los autos al consejero delegado para la continuación del procedimiento de suspensión.
Y advierte finalmente al consejero delegado y al pleno para que cumplan con lo dispuesto “bajo apercibimiento de remitir copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, a efectos de que se ponga en conocimiento del fiscal provincial penal de turno, para que evalúe su conducta, de acuerdo con sus competencias, en caso de incumplimiento”.
