Para los miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Santa , las cosas están claras y no hay vuelta atrás: las municipalidades y entidades dependientes del Gobierno Regional de (GRA), no deben firmar convenios con sindicatos de Construcción Civil, al momento de ejecutar proyectos de inversión pública.

La recomendación hecha por los miembros de la comisión de Control y Orden del Coprosec en las últimas reuniones, no son solo palabras.

Hace poco la Fiscalía de Prevención del Delito ha emitido una exhortación a los despachos de los alcaldes de la provincia del Santa, Subregión Pacífico e incluso al mismo Gobierno Regional de Áncash advirtiendo una “ilegalidad” en los convenios que firmó la gestión del hoy detenido César Álvarez con un gremio de Construcción Civil en particular.

El documento fiscal, precisa también que en caso de incumplimiento por parte de alguna autoridad edilicia, la Fiscalía de Prevención del Delito comunicará la omisión a un despacho penal para que entablen denuncias y se aperturen procesos, de ser el caso.

“ILEGALIDAD”. Y es que como explica la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez - y a la vez integrante de la comisión de Control y Orden del Coprosec - los convenios firmados durante la gestión de Álvarez “carecían de sustento legal”.

“Se han hecho las revisiones correspondientes de los documentos que se firmaron y efectivamente se puede advertir que no existe una base legal que ampare la firma de estos documentos (...) otro aspecto, es que además recorta las posibilidades de algunos sindicatos, ya que solo se le da la carta libre a uno (de los sindicatos). Actualmente en la provincia, tenemos tres sindicatos”, anota.

Los miembros de Control y Orden han concluido de su trabajo de revisión que “la gran cantidad de conflictos en la ejecución de obras públicas” tuvieron como génesis “los convenios con los sindicatos de construcción”, remarca la represente de la Defensoría del Pueblo.

“Aquí no existe ningún acto arbitrario. No se está afectando el derecho a trabajar a nadie, por el contrario, se está realizando un trabajo preventivo para evitar cualquier tipo de conflicto, dado el reinicio de las obras que está próximo”, agregó.

Lamentablemente, hasta ahora solo la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), en Áncash,  ha respondido una comunicación cursada por la Defensoría del Pueblo, la cual le solicitó que informe la fecha de inicio de obras.

La comuna provincial ha informado que actualmente se encuentran en proceso de licitación, un paquete importante de obras que probablemente empiece a ejecutarse el próximo mes.

En tanto la Subregión Pacífico así como la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, no han respondido al documento en mención.

Aunque se ha establecido que las comunas no puedan firmar convenio alguno con las municipalidades y entidades de la Región, se ha dejado en “libertad” para que sean los empresarios, dueños de los consorcios constructores, quienes distribuyan los cupos laborales como ellos mejor crean convenientes.

En el caso de que los empresarios se sientan “presionados” por algún gremio sindical para obtener cupos o reciba amenazas de parte de los llamados ‘chalecos’ de obras; será la policía y la Gobernación la que entre a tallar.

“En ese caso ya sería labor del Departamento de Protección de Obras Civiles de la policía, en el caso de que se sientan presionados o amenazados. Asimismo, se está instruyendo a los empresarios para que denuncien y tramiten las garantías correspondientes ante la gobernación”, explica Roslin Villanueva.

Justamente en los próximos días se está agendado una reunión con los ingenieros residentes de las distintas empresas, en donde las autoridades les brindarán estos lineamientos.

En tanto la Policía ha informado que se encuentra realizando labores de inteligencia para detectar la presencia de ‘chalecos’ o delincuentes dentro de los sindicatos de construcción.

NO VE ILEGALIDAD. Hasta el momento solo la alcaldesa del Santa, Victoria Espinoza García, ha sentado públicamente su posición sobre los convenios con el gremio de construcción.

La autoridad edilicia ha asegurado que su gestión no firmará convenio con ningún sindicato. Lo dijo encabezando un acto de la campaña denominada “no más muerte ni violencia en las obras”.

Pese a esto, el secretario general del histórico Sindicato de Construcción Civil, Percy Del Castillo, sostuvo que los convenios con la comuna no tendrían nada de ilegal.

“Yo creo que esa afirmación no es del todo correcta. No hay ninguna ley que prohiba que dos instituciones firmen convenios. Nosotros tenemos convenios con varias, incluso con universidades para que los costos sean menores”, refutó.

El dirigente reconoció que hasta el momento no ha existido ningún diálogo con representantes de alguna comuna, sin embargo sí adelantó que lo buscarán, ya que lo que pretenden “es que existan buenas relaciones con las autoridades”.

Aseguró que dentro de las 2 mil personas que actualmente se encuentran afiliadas a su sindicado no existen personas con antecedentes penales y policiales.

Del Castillo se mostró a favor de que los empresarios puedan contratar a quienes ellos consideren conveniente dentro de las obras, sin ningún tipo de presión.

Sobre la disposición de la Fiscalía dijo desconocerla y en todo caso consideró que esta debería hacerse pública.

Para el decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sede Áncash - Costa, Hugo Rojas Rubio, el acuerdo del Coprosec “es el más correcto”.

El representante de los ingenieros recordó la estrecha línea que existe entre los sindicatos y supuestas organizaciones delictivas.

“Incluso muchos de los ‘chalecos’ también han terminado siendo proveedores de las empresas constructoras por amenazas. Creo que esta es una buena iniciativa para la tranquilidad de los ingenieros e incluso de la misma población que es beneficiada con la obra”, refirió.

Recordó que en el 2013 tres ingenieros perdieron la vida por balas asesinas disparadas por sicarios que a la vez tenían el papel de ‘chalecos’. Asimismo de las dos extorsiones que se denunciaron, una fue archivada por la Fiscalía por falta de pruebas.

“Es un escenario muy complicado el que nos toca vivir a los ingenieros. No solo aquí, sino en distintas zonas del país”, añadió.

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