Funcionarios y servidores del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz tramitaron, autorizaron y pagaron una bonificación extraordinaria por riesgo de exposición a la COVID-19 a favor de sí mismos y de otros trabajadores, a pesar que no les correspondía porque incumplían los criterios para ser beneficiarios. Esta situación ocasionó un perjuicio económico por S/ 84,744 al nosocomio.

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Hallazgos

En el Informe de Control Específico N° 2-2022, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, se detalla que entre los meses de junio y julio del 2020 se incluyó en la relación de beneficiarios de las bonificaciones por COVID-19 a personal que no le correspondía porque no acreditaban haber realizado trabajo presencial efectivo al encontrarse de vacaciones o con licencia con goce de haber por motivo de comorbilidad, es decir, presentar una o más enfermedades.

Asimismo, se pagó a trabajadores administrativos, así como a personal directivo y de confianza que no laboraban en las áreas de cuidados intensivos, hospitalización o que no realizaban vigilancia epidemiológica y visitas domiciliarias a los pacientes en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Norma

Cabe precisar que, mediante el Decreto de Urgencia N° 026-2020 y los Decretos Supremos N° 068-2020-EF y 184-2020-EF, se autorizó y reglamentó el procedimiento y criterios para la entrega de una bonificación extraordinaria de S/ 720 favor del personal de la salud que prestaban servicios de alerta y respuesta de manera presencial en los establecimientos de salud por exposición al riesgo de contagio por coronavirus.

Para otorgar el mencionado beneficio se debió identificar al personal que cumple dichos criterios y remitir la relación al área de Recursos Humanos; sin embargo, dicho procedimiento no se realizó en el hospital de Huaraz, por lo que se inscribió a los beneficiarios en el Aplicativo Informático del Registro Nacional del Personal de la Salud en base a un comunicado y a la programación de roles por turno de los meses de junio y julio de ese año, sin verificar si realizaron labor efectiva presencial.

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Fue así que se incluyó en la planilla de bonificación extraordinaria de los meses de junio y julio a 67 y 50 trabajadores respectivamente, a quienes no les correspondía recibir dicho bono.

La comisión de control determinó que, por estos hechos, ocho funcionarios tendrían presunta responsabilidad civil y administrativa; por ello el informe fue derivado al Procurador Público de la Contraloría para el inicio de las acciones legales civiles.