Deudas millonarias por pensiones en entidades públicas de Áncash

La Contraloría General de la República informó que diversas entidades públicas de Áncash mantienen deudas millonarias por aportes previsionales no pagados al Sistema Privado de Pensiones, a pesar de que este dinero fue descontado a trabajadores y extrabajadores.

El órgano de control advirtió que esta situación genera el riesgo de intereses moratorios, posibles procesos judiciales y sanción pecuniaria en contra de estas instituciones, así como el impedimento para que los afectados gocen de las prestaciones previsionales y otros beneficios que les corresponde.

DEUDAS

La Contraloría detalló que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP les entregó una relación de las entidades públicas deudoras, actualizada al 31 de julio de 2020. En el caso de Áncash se encuentran la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote (S/ 18′660,002), la Municipalidad Provincial del Santa (S/ 4′671,757), los hospitales La Caleta (S/ 19′049,653) y Eleazar Guzmán Barrón (S/ 1′397,217), las direcciones regionales de Educación (S/ 8′316,073) y Agricultura (S/ 2′247,953), la Municipalidad Distrital de Nepeña (S/ 5′052,892), la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (S/ 4′908,718), y las UGEL Santa (S/ 3′021,520) y Casma (S/ 1′080,219).

Otras entidades con deudas por montos menores al millón de soles son: municipalidades distritales de Coishco (S/ 773,318) y Santa (S/ 292,004), Proyecto Especial Chinecas (S/ 471,636), Sedachimbote (S/ 300,933), UGEL Huarmey (S/ 203,158), Universidad Nacional del Santa (S/ 133,927), Subregión Pacifico (S/ 106,110), Caja de Ahorro y Crédito del Santa (S/ 108,401), las redes de salud Pacífico Sur (S/ 90,986) y Norte (S/ 13,336), municipalidades provinciales de Huarmey (S/ 118,034) y Casma (S/ 17,275), entre otras.

NO SE ACOGIÓ

La Contraloría mencionó que, de acuerdo al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 8874-2020, la Municipalidad de Nuevo Chimbote no se acogió al Decreto de Urgencia N° 030-2019 que establece, con carácter excepcional, el régimen de reprogramación de pago de aportes a las AFP adeudados por entidades públicas. En este sentido, se desaprovechó la oportunidad de fraccionar la deuda hasta por un máximo de 10 años y realizar el pago a partir del 2021, lo que permitía también la exoneración de multas e intereses, y la suspensión de los procedimientos de cobranza judicial.

De acuerdo al órgano de control, esta millonaria deuda impacta en la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de los servidores y exservidores ediles afectados; así como la prima de seguros para la cobertura por invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Además, perjudica la disposición del 25% para compra de un primer inmueble o amortizar un crédito hipotecario; percibir pensión o solicitar la entrega de hasta el 95.5% del total de la CIC (para afiliados a partir de los 65 años); o el retiro del 100% de los fondos, autorizado según Ley N° 31017 que establece medidas para dinamizar la economía durante el estado de emergencia a consecuencia del COVID-19.

La Contraloría ha dado cuenta sobre los resultados del referido informe al alcalde sureño Domingo Caldas Egúsquiza a fin de que se adopten las medidas preventivas y correctivas que correspondan.