Áncash: una red millonaria que tenía tres frentes
Áncash: una red millonaria que tenía tres frentes

Tras más de un año de investigación, el informe final de la Comisión  ha salido a la luz y ha dejado en evidencia una red de corrupción, liderada por el exgobernador regional, César Álvarez Aguilar, durante su mandato comprendido entre los años 2007 y 2014.

En el extenso acápite, de 72 páginas, dedicado a las conclusiones de la comisión, se determinó que el Gobierno Regional de Áncash (GRA) manejó en siete años un importante presupuesto ascendente a los 14 mil 389 millones 148 mil 127 nuevos soles, que fue el resultado de un crecimiento gradual provocado en gran medida por el aporte del canon minero.

Este crecimiento llevó a la región Áncash a ubicarse en los primeros lugares en la lista de gobiernos regionales con mayor recaudación de ingresos, fuera de sus recursos ordinarios, llegando a representar incluso el 25% del total de ingresos de todos los gobiernos regionales.

INGRESOS VS GASTOS. Pero esta progresión no iba de la mano con un desarrollo económico sostenible en la región, al punto que los índices de pobreza se mantenían igual todos los años. Es por ello que Áncash se mantuvo en el puesto 12 de crecimiento economico entre las regiones, durante 2007 y 2012. ¿A qué se debía esta aparente contradicción? La comisión tuvo la respuesta.

En el periodo 2007-2013, cuando César Álvarez se jactaba de tener la mayor solvencia económica de entre todas las regiones, el GRA gastó un aproximado de 8 mil 12 millones de soles, de los cuales se estima que el 71%, es decir 5 mil 702 millones, representa el monto más susceptible de corrupción.

De este monto, se establecieron tres principales rubros de riesgo: contratación de personal desde el año 2007 (1,402 millones), bienes y servicios y gasto corriente (1,054 millones), e inversiones en general (3,215 millones).

Según los resultados de la Comisión Áncash, el monto en mayor riesgo de corrupcion en cuanto a bienes y servicios, e inversiones se concentró en tres organismos ejecutores del GRA: la sede central, ubicada en Huaraz; la Subregion Pacífico y el Proyecto Especial Chinecas.

Y es que estas tres unidades ejecutoras concentraron el 93.5% de ingresos del gobierno regional entre el periodo 2007-2014, un presupuesto nada despreciable y muy vulnerable a las ambiciones de los malos funcionarios.

“En 2006, el GRA gastaba alrededor de 555 millones de soles al año; cuatro años después, gracias a los aportes mineros, llegó a administrar un presupuesto cuatro veces mayor (...) debido a la presion del Poder Ejecutivo por mayor ‘eficacia’ en el gasto, sumado a la presión política de los medios de comunicacion y la población para que no queden recursos sin utilizar, se puede explicar el relajamiento en el control de los recursos lo que habría contribuido al establecimiento de la corrupcion generalizada, que se presume se instauró”, cita una parte del informe.

MODALIDADES DE CORRUPCIÓN. Una de las variedades de corrupción más conocidas es el uso del Proyecto Especial Chinecas como una suerte de “caja chica” del gobierno regional. Del informe se desprende que el objetivo del proyecto está “totalmente distorsionado” desde que fue transferido al GRA. “No hay mejoras en los sistemas de riego, agroindustria y otros. Además, una parte importante está ocupada por asentamientos humanos, dotados de servicios basicos”, dice el informe, sobre las invasiones.

Agrega que la gestión institucional fue defectuosa, pues propició un crecimiento desmesurado de personal, desvío de recursos, donación de terrenos con fines ajenos al proyecto y manejo político del proyecto, hasta convertirse en “despensa” de La Centralita.

Otra modalidad irregular hallada en las investigaciones fue la de las cartas fianzas. “Se determinó que hubo uso de cartas fianzas, emitidas por cooperativas no autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros para garantizar dinero público en contrataciones con el Estado para proveerse de dinero ilícito (...) No teniendo sustento económico para cualquier contingencia, garantizaron obras millonarias, conllevando que estas tengan mala calidad o hayan sido abandonadas”, agrega.

La mayoría de las empresas favorecidas con estas cartas fianzas falsas, avaladas por algunos jueces, tendrían relación con Martín Belaúnde y Rodolfo Orellana, hoy presos en Piedras Gordas.

INVOLUCRADOS. Ante todas estas evidencias, el grupo de trabajo que presidió el congresista Mesías Guevara recomendó al Ministerio Público investigar por malversación de fondos y peculado doloso a los expresidentes de la Corte Superior de Justicia del Santa, Daniel Vásquez Cárdenas y Samuel Sánchez Melgarejo, así como a la jueza especializada Mardelí Carrasco Rosas.

En la acusación también se incluye a César Álvarez y al exgerente de la Subregión Pacífico (SRP), Juan Carlos Gallo Zegarra.

“En la región Áncash hemos encontrado dos redes: una de corrupción y otra de impunidad. Ambas han trabajado de forma conjunta para favorecerse de los fondos públicos, amparados por un sistema débil de control de supervisión y de fiscalización. La red de impunidad es la más peligrosa de enfrentar, porque se trata de personas que tienen poder dentro del Estado”, manifestó el parlamentario Mesías Guevara.

“Cada parte del informe contiene hechos que son contundentes. Hay información obtenida de diversos organismos y que revelan hechos interesantes”, agregó.

En general, el informe hace mención de 46 personas implicadas en desbalance patrimonial y presunto lavado de activos, entre ellas la esposa de Álvarez, y la exgerenta de la SRP, Pamela Bermúdez.

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