Casa incautada en pesquisa a Valentín, ahora es sede de Fiscalía de lavado
Casa incautada en pesquisa a Valentín, ahora es sede de Fiscalía de lavado

Una de las viviendas que fue incautada por el Ministerio Público, en el marco de la investigación que afrontan el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán y su entorno; sirve ahora como local para la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Distrito Fiscal del Santa.

TEMPORAL

Se trata del inmueble ubicado en la urbanización Casuarinas, del distrito de Nuevo Chimbote. Este lugar era ocupado por el exalcalde Fernández con su esposa e hijos, sin embargo, se debe mencionar que la propiedad no figuraba a su nombre.

Como se recuerda, la Fiscalía Anticorrupción logró que el Poder Judicial ordene el embargo de siete inmuebles, cinco de Áncash y otros dos predios en La Libertad. Una vez que la diligencia se concretó, los bienes pasaron a estar bajo la custodia del Programa Nacional de Bienes incautados (Pronabi).

La disposición de incautación, fue emitida el 30 de julio del año pasado para cinco predios ubicados en Trujillo y dos en Nuevo Chimbote. El juez Chávez Tamariz (hoy magistrado del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial) aceptó el pedido del fiscal a cargo del caso, Laureano Añanca Chumbe, tomando en cuenta los indicios de la comisión de los delitos investigados. Por ello, ordenó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con sedes en las ciudades de Chimbote y Trujillo, inscriba la medida a fin de evitar la disposición de los bienes implicados.

Además de la vivienda de la urbanización Casuarinas, también fueron incautados un predio de la avenida Coishco, en la Habilitación Urbana Progresista Miguel Grau, en el distrito de Nuevo Chimbote. Mientras que en Trujillo, las bienes están situados en urbanizaciones California y Jardines del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, además de un predio de la avenida Fátima, en la misma ciudad.

Fuentes de Correo en la Fiscalía del Santa explicaron que el bien ha sido cedido de manera momentánea. Es decir, si los investigados son declarados inocentes, luego de concluido todo el proceso penal en su contra, tienen todo el derecho de volver a ocupar esta vivienda.

“Diversas instituciones presentan solicitudes ante el Pronabi para ocupar bienes que pasan a ser incautados, este ha sido el caso de la Fiscalía de Lavado de Activos”, indicaron nuestras fuentes.

Anteriormente los fiscales que investigan casos de lavado de activos trabajaban en la sede de la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT), ubicada en la avenida Enrique Meigs, en el jirón Ayacucho.

El traslado a la nueva sede de la Fiscalía de Lavado de Activos del Santa, se realizó durante la semana pasada. Desde el pasado lunes 21 de abril, los fiscales abocados a este delito, ya se encuentran instalados en este lugar. Incluso se ha destinado personal de vigilancia de la Fiscalía para el inmueble, pero el cartel de bien administrado por el Pronabi, aún se mantiene.

INTENTOS FALLIDOS

A mediados de la octubre del año pasado, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, confirmó la medida de incautación de los bienes y rechazó el recurso que presentaron los abogados de la defensa de los investigados para revertir esta medida.

Tras evaluar todos los elementos debatidos durante la audiencia única de apelación y luego de aclarar que dicha medida es con fines cautelares, por lo que es necesario asegurar la permanencia de los bienes en tutela del Estado para evitar cualquier tipo de transacciones; los jueces Carlos Maya Espinoza, Pedro Rodríguez Huayaney y Raúl Justiniano Romero decidieron confirmar la medida, disponiendo que sea el Pronabi la entidad a cargo de resguardar dichos bienes.

Luego, en febrero de este año, la defensa del padre de Fernández Bazán intentó que se le devuelva el dominio de las propiedades, pero, el juzgado también se lo negó.

IMPORTANTES

La investigación a la que han sido sometidos el exalcalde sureño y su entorno, tiene como presuntos delitos lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. La tesis de la Fiscalía es que durante su segunda gestión edilicia, Fernández Bazán habría empleado a su entorno para el “blanqueo” de dinero presuntamente obtenido de manera ilícita. Para poder “lavar” estos recursos, se habrían hecho a través de la adquisición de propiedades, es por ello la importancia de la custodia de estos bienes.

En la carpeta, la Fiscalía cuenta con una pericia en la que se da cuenta del valor comercial y el valor arancelario que tienen estos inmuebles. Las valorizaciones de estos predios, según este peritaje, sería para el Ministerio Público, el monto que presuntamente se lavó.

La defensa de los acusados ha sostenido que pueden acreditar de manera documentada el dinero con el cual se adquirieron estos bienes y ha rechazado haber incurrido en el delito de lavado de activos.