A solos dos actuaciones de documentales y una ampliación testimonial, para que el juicio por la vía Chacas - San Luis, que se lleva contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar y otras 11 personas, ingrese a su etapa final; el Ministerio Público ha ingresado una acusación complementaria.
Álvarez Aguilar y los demás procesados son acusados del delito de negociación incompatible en agravio del Gobierno Regional de Áncash (GRA). La Fiscalía Anticorrupción los acusa de cuatro hechos en los que se evidenciaría un pacto ilícito con la finalidad de favorecer al consorcio que ejecutó la obra, el cual estaba compuesto por la cuestionada empresa Odebrecht.
Hasta el momento el juicio se desarrollaba únicamente en relación a presuntos actos de corrupción que se habrían concretado en la fase de ejecución contractual, ya que la acusación que le fue admitida al Ministerio Público está referido adelanto por materiales, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales y la construcción del túnel.
La Región terminó pagando en total 554’ 82,362 nuevos soles por los trabajos. Esto es, 150 millones de soles de más del presupuesto inicial por el que el fue licitado el proyecto, uno de los que Álvarez más usaba para ensalzar su gestión.
EL PACTO
Sin embargo en la audiencia del último 7 de enero, la titular del Primer Juzgado Nacional Unipersonal, la jueza Nayko Techy Coronado Salazar, dio cuenta del escrito de acusación complementaria ingresado por el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En la diligencia la fiscal adjunta Judith Katia Delgado Palacios, explicó que la acusación complementaria “es una institución que contempla el Nuevo Código Procesal Penal” para los procesos, siempre y cuando aún se encuentren dentro de la actividad probatoria, como es el caso.
En ese sentido, dijo que la Fiscalía considera que también se debe emitir pronunciamiento en este juicio oral sobre el contenido de la resolución emitida el 13 de diciembre del año pasado, que es la sentencia al colaborador eficaz 2-2017, quien ha sindicado que la empresa Odebrecht pagó el 2,5% del valor inicial de la obra de la vía Chacas - San Luis al entonces gobernador regional César Álvarez, a modo de soborno.
El pago se hizo teniendo como intermediario al entonces gerente de Infraestructura del GRA, Dirsse Valverde Varas, quien es sindicado como “el cajero” de Álvarez Aguilar, según este testimonio.
“Habría existido un acuerdo indebido entre la presunta organización criminal, liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar, cuyo intermediario fue Dirse Paul Valverde Varas con Raimundo Trinidad Becerra y Jorge Simones Barata ellos son directivos del grupo empresarial Odebrecht”, expresó la fiscal.
Delgado Palacios dijo que se ha llegado a la conclusión de que este fue el “acuerdo madre” que dio origen a los cuatro hechos presuntamente irregulares cometidos en la etapa de ejecución contractual que ahora son materia de juzgamiento.
“Esta sentencia de colaboración eficaz, nos ha permitido establecer que ha existido un acuerdo colusorio primigenio - que es el del pago del 2,5% - entre César Álvarez Aguilar, como presidente del Gobierno Regional de Áncash y los funcionarios, las cabezas principales de Odebrecht, que va a incidir en los cuatro hechos que venimos enjuiciando”, afirmó la representante del Ministerio Público.
La presunta coima que se habría pagado a Álvarez, ya había sido tratada de ser incluida en el juicio por la Fiscalía. Anteriormente el fiscal Wenceslao Apaza (quien antes tenía el caso) intentó presentar una acusación complementaria, pero el juzgado se lo denegó.
El presunto soborno que Odebrecht habría pagado fue descubierto en el marco de las pesquisas que realizaba el fiscal Elmer Chirre Castillo en el caso “La Centralita”, razón por la cual emitió una ampliación por este hecho, comprendiendo a directivos brasileños en la sonada investigación.
PENDIENTE
Tras escuchar a la fiscal, la jueza Nayko Coronado adelantó que “sí es viable” la presentación de una acusación complementaria, pero aclaró que es una figura que recién se está aplicando en los procesos con el Nuevo Código Procesal Penal, por lo cual se requiere un adecuado análisis y correcta interpretación de la norma.
La jueza sostuvo que es necesario que el Ministerio Público oralice su acusación complementaria y que las partes emitan pronunciamiento. Además, también remarcó que se trata de un extenso escrito con más de 60 páginas y que describe por lo menos seis hechos acompañados de diversos elementos de convicción.
En tanto la defensa de los abogados consideró que el juzgado no debe admitir la acusación complementaria debido a que anteriormente este mismo despacho ya había denegado una intensión similar.
Sin embargo, la jueza resolvió que tras escuchar la oralización del Ministerio Público y el pronunciamiento de las partes, así como la defensa de los acusados, emitirá un pronunciamiento respecto a que si admiten o no este nuevo escrito, con lo cual se aplazará el juicio, que inició en marzo del año pasado.
Es así que la jueza convocó a la primera audiencia para la tarde de ayer y la próxima será el día viernes 18 de enero. La magistrada estimó que por lo menos en dos sesiones se sabrá el rumbo que toma este juicio que se desarrolla bajo el Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios del Poder Judicial.
