Caso San Bartolo está estancado por falta de peritos
Caso San Bartolo está estancado por falta de peritos

La investigación contra el gobernador regional de , Juan Carlos Morillo Ulloa y el expresidente regional, César Álvarez Aguilar, así como otros exfuncionarios y empresarios, por el sonado caso San Bartolo; ha sido afectada por la falta de peritos en la Fiscalía Anticorrupción del Santa.

Como se sabe, los despachos que persiguen delitos contra la administración pública en la localidad, se encuentran sin poder realizar los peritajes tanto contables y técnicos por la renuncia de profesionales en ambas plazas y que hasta el momento no han podido ser reemplazados. Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción solo cuenta con una perito de contabilidad, que no se abastece para atender la demanda de informes que deben tener las carpetas fiscales y que resultan fundamentales dentro de las pesquisas.

ESTANCADA

En mayo de este año - luego de cuestionamientos públicos y la revelación de documentos hasta ese momento desconocidos - la Fiscalía Anticorrupción amplió la investigación para Morillo, Álvarez y compañía. Además, recalificó el delito y opinó que la investigación debería centrarse en perseguir indicios de colusión y no negociación incompatible, como fue calificada, en un primer momento.

Sin embargo, la pesquisa ya se encontraba en etapa preparatoria desde octubre del año pasado, pero solo contra siete personas. En ese entonces, la disposición fiscal también incluía la realización de una pericia técnico. Ahora, en setiembre de 2019, a menos de un mes que se cumpla un año de aquella disposición, la pericia ni siquiera ha iniciado.

“Nos preocupa cómo se está manejando esta investigación. El caso prácticamente está estancado, no hay la pericia de ingeniería ni mucho menos la pericia contable y el tiempo ya se acaba”, expresó a Correo el procurador anticorrupción, Richard Asmat Urcia, quien impulsó la ampliación de investigados y delitos en este caso.

Tanto Procuraduría como la Fiscalía Anticorrupción han remitido documentos a la Universidad Nacional del Santa (UNS) y al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), sede Áncash Costa, para que designen profesionales a fin de que se hagan cargo del peritaje de ingeniería, pero estas solicitudes no han tenido respuesta.

Asmat suma a su preocupación el hecho de que hace poco el fiscal Wilder Delgado, haya presentado su dimisión para seguir conociendo este caso.

“Hay un cambio constante de fiscal y eso preocupa. Consideramos que el fiscal Delgado estaba haciendo un buen trabajo, estaba dándole el impulso que el caso necesitaba ordenando diligencias que pedíamos, y no es solo porque lo pidamos nosotros, sino que eran necesarias”, mencionó.

Y es que se podría decir que desde que el fiscal Delgado asumió las investigación, el caso se condujo en armonía con la Procuraduría. El alejamiento del fiscal del caso, se produjo luego que anunciara que sí consideraba importante levantar el secreto bancario de Morillo y los demás empresarios, tal y como lo solicitó la defensa del Estado.

Hace poco el Poder Judicial, le ha concedido a la Fiscalía un plazo de 8 meses más para esta investigación preparatoria, que culminarían entre febrero o marzo del otro año. La preocupación se debe a que después de esta ampliación de plazo que se ha conseguido, ahora el juzgado ya no podrá conceder más tiempo para actos de investigación. Es decir, la pesquisa, camina contra el reloj.

INVESTIGADOS

En este caso, también se encuentran comprendidos el representante de la empresa AyR SAC Contratistas Generales, Francisco Argumedo Druett, y a la titular de la empresa JJM Contratistas Generales SRL, Janet Etelvina Morillo Ulloa.

También, se consideró a la representante de la empresa Project Constrution SAC, Yuri Valery Manrique Rivera. Todos los antes mencionados integrantes del consorcio San Bartolo, empresa a la que se le adjudicaron los trabajos.

De igual manera, figuran el exgerente de Estudios y Medio Ambiente de Chinecas, Yordan Américo Baldoceda Ponce; el representante común del consorcio San Bartolo, Francisco Iván Argumedo Estay, y contra los exgerentes de Chinecas, Juan Gualberto Cortez Chicoma y Víctor Joel Cerna Baes.

Anteriormente, se formalizó investigación preparatoria contra Arnulfo Moreno Corales, Elvis Camarena Luna, Fernando Rocca Luna Victoria, Álvaro Saldarriaga Condoy, Isamel García Rivera, Aldo Mautino Bastos y Dante Jiménez Mejía; pero por el presunto delito de negociación incompatible.

Al cierre de este informe, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción del Santa de Correo, indicaron que el fiscal, Walberto Rodríguez Champi, sería quien asuma las investigaciones de este caso. El magistrado sería el cuarto en conocer esta investigación, anteriormente lo hicieron el fiscal Laureano Añanca y Carlos Roncal Cancino.

MÁS PROBLEMAS

La pesquisa por el canal Santa - San Bartolo, no es la única que ha resultado afectada por la falta de peritos en la Fiscalía Anticorrupción del Santa.

Las fuentes en estos despachos, indicaron a este diario que más de un fiscal ha hecho llegar su incomodidad por esta situación y sobre todo su preocupación por el riesgo que corren algunas investigaciones, de simplemente, ser archivadas.

Así, por ejemplo, el Primer Despacho Anticorrupción ha elevado un documento a la Fiscalía Superior advirtiendo que por lo menos 12 investigaciones - tanto en etapa preliminar como preparatoria - están en riesgo por la falta de peritos.

En este despacho, incluso se piensan tomar decisiones extremas. En el caso de las pesquisas en etapa preliminar, se piensa declarar la reserva de la investigación, es decir, suspender los actos de indagación hasta que se pueda contar con peritos. Mientras que para las investigaciones en fase preparatoria (a un paso del juicio oral), simplemente se optaría por presentar ante el juzgado el pedido de sobresimiento (archivo).

Algunos despachos fiscales han recurrido a la Policía como salida, pero la entidad les ha informado que por el momento no cuenta con peritos de ingeniería disponibles. Respecto a los peritajes elaborados por universidades colegios profesionales, esto implicaría que el Ministerio Público tenga que realizar un pago, el cual no podría solventar debido al bajo presupuesto que tiene asignado, indicaron las fuentes.

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