Casos de corrupción se incrementan en 67% en la región Áncash

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, es el departamento en donde mayor aumento hubo
Casos de corrupción se incrementan en 67% en la región Áncash

Casos de corrupción se incrementan en 67% en la región Áncash

18 de Mayo del 2019 - 09:37 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

El documento denominado “Mapas de la Corrupción”, presentado por la Defensoría del Pueblo, coloca a la región Áncash como el departamento con mayor porcentaje en el incremento de los casos de corrupción de funcionarios que actualmente se encuentran en trámite. Así, se indica que del 2016 al 2018, los procesos por delitos contra el Estado, en Áncash, se incrementaron en un 67%.

TRISTE

En los gráficos presentados por la Defensoría del Pueblo, se aprecia que Áncash tenía a finales de 2016, un total de 2,001 casos de corrupción de funcionarios en trámite. Sin embargo, a finales del año pasado, el número de procesos se incrementó a 4,177.

Si bien esta tendencia de incremento en el número de expedientes relacionados con delitos de corrupción se observa a escala nacional, Áncash tiene un penoso primer lugar por funcionarios acusados de delinquir contra el Estado.

DELITOS

Las estadísticas que presenta la Defensoría del Pueblo, se basan en reportes otorgados por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funciones, quienes se apersonan con abogados del Estado a los procesos que se encuentran tanto en etapa preliminar como en preparatoria de las investigaciones.

Así, en base a estos reportes, se tiene al delito de peculado como el “delito más recurrente” a nivel nacional. Este ilícito, se encuentra tipificado en el artículo 387 del Código Penal, en donde se precisa que se “configura cuando un funcionario o servidor público se apropia o utiliza en cualquier forma para si u otro, dinero o bienes que se le hayan confiado por la condición de su cargo”.

Si bien el peculado, en sus diferentes modalidades, es el delito en el que más incurren los funcionarios públicos de todo el país, en el caso de Áncash, la incidencia no es tal alta. No obstante, lo que sí llama la atención es el incremento de investigaciones por este delito, ya que, en el 2016, se reportaron 618 denuncias por este ilícito; mientras que el 2018 concluyó con 1,077 pesquisas referidas a estos hechos de corrupción.

De acuerdo a los mapas de la Defensoría del Pueblo, el delito que tiene mayor incidencia en Áncash, es la colusión, mientras que a nivel nacional es el segundo con más recurrencia.

El artículo 384 del Código Penal indica que “incurre en el delito de colusión aquel funcionario o servidor público que a razón de su cargo interviene en cualquier etapa de la adquisición o contratación pública de los bienes, obras o servicios para defraudar al Estado”.

En el 2016, en Áncash se reportaron 422 denuncias que daba cuenta de acuerdos ilegales entre funcionarios públicos para favorecer a un empresario o consorcio; sin embargo, al 2018, llegamos a las 661 denuncias de este tipo.

El delito de colusión ha llevado a la cárcel a varias autoridades locales (como el caso del exalcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco), mantiene en condición de prófugos de la justicia a algunos (como los exalcalde del Santa, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas); y además ha colocado en el banquillo de los acusados ser procesados a otros (como César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas, Pamela Bermúdez Rodríguez, Juan Gallo Zegarra; entre otros).

TRABAJO

Para la elaboración de estos mapas, la Adjuntía de lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado la Defensoría del Pueblo procesa y analiza información pública producida por otras instituciones. En esta oportunidad, se ha servido de los Informes Estadísticos del 2017 y 2019 elaborados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y tiene previsto presentar de manera periódica nuevas ediciones sobre la base de la consulta de diversas fuentes sobre la temática. Por ahora, solo se han presentado cinco mapas.

La Defensoría del Pueblo advirtió que la ausencia de información constituye un serio obstáculo para combatir esta problemática. Una forma de limitar su acceso - señala - es presentándola en un lenguaje muy técnico, sin procesar o en formatos poco amigables que no facilitan su comprensión. Este ha sido un aspecto desatendido por el Estado en el que la Defensoría del Pueblo considera que puede hacer un aporte importante. En ese sentido renueva su compromiso de seguir trabajando para el ciudadano, poniendo información en sus manos y defendiendo sus derechos.

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