César Álvarez: Aprueban el informe Áncash y piden fiscales ad hoc

La investigación más amplia sobre la corrupción en Áncash fue aprobada por el pleno del Congreso de la República. Así termina el trabajo de la Comisión Áncash que ha investigado las redes de corrupción e impunidad instaladas alrededor de la gestión del ahora preso exgobernador César Álvarez Aguilar.

En los primeros minutos de ayer y luego de un debate de más de tres horas, el pleno decidió respaldar con 61 votos a favor, uno en contra y una abstención el informe en mayoría presentado por el titular de la Comisión Áncash, Mesías Guevara.

Esto sucedió luego que el parlamentario Mariano Portugal presentara su informe en minoría el cual no logró ningún resultado.

ALEGRE. En entrevista a Correo, el parlamentario Mesías Guevara dijo que ahora le toca investigar al Ministerio Público.

“Entre nuestras recomendaciones está que se nombren fiscal ad hoc, aunque a información es contundente sobre la presunta comisión de delitos en torno a la red de corrupción que se instauró en Áncash”, resaltó.

Aunque el acciopopulista destacó la red de impunidad conformado por “malos jueces y fiscales”.

Justo en relación a ello, aseguró que denunciará a los ex titulares de la Fiscalía de la Nación, José Peláez y Carlos Ramos, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. “Hay una cronología muy interesante y se ve cómo ambos destituyen a cuatro fiscales sin tener ningún proceso administrativo, cometiendo abuso de autoridad”, señaló el titular de la Comisión Áncash.

“Ellos son los padres de la corrupción (en Áncash)”, sentenció.

También dijo que promoverá una acusación contra los cuatro miembros del Consejo Nacional e la Magistratura que aprobaron solo amonestar al José Peláez. “A pesar que hay evidencias de que destituyó a los cuatro fiscales que allanaran La Centralita solo con un informe de (ex fiscal decano del Santa, Hugo) Farro que tenía falsedades”, indicó.

Además, porque Peláez nombró a fiscales que tenían militancia en el movimiento de Álvarez Cuenta Conmigo.

¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA? Guevara dijo que el informe da luces al Ministerio Público para encontrar dónde está la plata que se llevó al corrupción en Áncash teniendo cuenta que han estimado 748 millones de soles en sobornos en siete años de gestión.

“Hemos identificado a testaferros por el tema de lavado de activos”, dijo.

Insistió en que la fiscalía debería buscar este dinero en el extranjero y puntualmente mencionó al investigado Dirsse Valverde y también Jorge Burgos.

LAS CONCLUSIONES. Como se conoce, el informe deja conclusiones y recomendaciones relacionadas con el manejo presupuestal del GRA, problemas con los procesos de selección, los soportes de los actos de corrupción, deficiencias de la administración de justicia y en las instituciones normativas, de control y supervisión; y la organización criminal.

El texto de la Comisión Áncash indica que entre el período 2007-2014 hubo 3.004 empresas que ganaron procesos de selección. Sin embargo, el 50% de la cuantía de las adquisiciones estuvieron concentradas en el 1,4% de las empresas; además, el 68,3% de las empresas se constituyeron durante las dos últimas gestiones de gobierno.

Se destaca también la sobrevaluación del Proyecto Chinecas y la contratación direccionada a favor de la notaría de Vilma Salvador, cuñada del congresista nacionalista Freddy Otárola, que obtuvo contratos de servicios por S/.805.648 durante la gestión de César Álvarez en el gobierno regional.

Por otro lado, se garantizaron obras mediante cartas-fianza ilegales por un monto aproximado de S/.116’092.201. Según el grupo liderado por Mesías Guevara, las cooperativas cobraban entre el 8% y 9% por el monto garantizado y “habrían obtenido un ingreso ilícito de S/.10 millones”. Coopex, la cooperativa de Orellana, emitió la mayor cantidad de cartas-fianza ilegales.

Concluyeron además que “La Centralita” habría sido usada por una organización criminal con el fin de planificar las estrategias de desprestigio a los opositores de César Álvarez “y, para evadir cualquier sospecha de estas actividades ilícitas, tenían como fachada a la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad de Martín Belaunde Lossio”.

En cuanto al manejo mediático, indicó que en Áncash existió una red de medios de comunicación y de periodistas que “tenían como función generar una falsa imagen del Gobierno Regional de Áncash con el fin de mantener en el poder a César Álvarez”.

En la forma ilícita de utilizar a los medios y periodistas, habrían participado Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, Martín Belaunde Lossio y el actual congresista Heriberto Benítez, entre otros.

El informe precisa que se investigó la suscripción de convenios interinstitucionales entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional de Áncash cuando César Álvarez ya era procesado.

Existiría infracción constitucional de parte de los ex titulares del Poder Judicial Javier Villa Stein y Enrique Mendoza. “El segmento justicia, formado por el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura, fue la columna vertebral de esta organización”, concluye.

La red de corrupción también habría manejado a su antojo a unos 26 jueces provisionales y supernumerarios que eran designados a plazos indefinidos en los distritos de Áncash y Santa para presuntamente salvarlo de ser procesado por las irregularidades que cometía durante su gestión.

Mientras que habría tenido el favor de 20 fiscales, los cuales archivaron denuncias en su contra.