Caso Odebrecht: César Álvarez y otros 9 rechazan acusaciones de la Fiscalía
Caso Odebrecht: César Álvarez y otros 9 rechazan acusaciones de la Fiscalía

El exgobernador regional de Áncash y otros nueve funcionarios acusados por presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en la ejecución de la obra de la vía Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis, que tuvo a su cargo la constructora Odebrecht, se declararon inocentes de todos los cargos que les imputa el Ministerio Público.

Continuando con el juicio oral por este caso, la titular del Primer Juzgado Unipersonal Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Nayko Coronado Salazar, consultó a los acusados - luego de tener el tiempo debido para conferenciar con sus abogados - si es que deseaban acogerse a la figura de la conclusión anticipada, lo cual significaba reconocer su responsabilidad en el delito de colusión o negociación incompatible, del que los acusa la Fiscalía Anticorrupción.

Con esta figura, los acusados podrían llegar a un acuerdo en cuanto a la reducción de la pena y también del monto de reparación civil. Además, también podrían hacer que el juicio concluya de manera inmediata. Sin embargo, ninguno de los presentes optó por esta posibilidad, por lo tanto las audiencias de juicio oral continuarán hasta una sentencia final.

ACUSADOS

La Fiscalía solicita al juzgado una pena de 8 años y 3 meses de cárcel para César Álvarez en caso el juzgado considere que existen los elementos para condenarlo por colusión. Alternativamente, plantea una sanción de 4 años y 8 meses de encarcelamiento, en caso se le halle responsable del delito de negociación incompatible.

En tanto la Procuraduría solicita que los acusados paguen 60 millones de soles como reparación civil.

La obra fue licitada por 404 millones de soles, sin embargo, al final terminó costándole al Gobierno Regional de Áncash 559 millones de soles, por ampliaciones que no habrían estado justificadas, según la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que existió “un pacto ilícito” entre los funcionarios regionales para favorecer a la empresa.

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