Imagen
Imagen

En los siete años que César Álvarez manejó el Gobierno Regional Áncash (GRA) las denuncias eran el pan de día, aunque algo extraño pasaba. El ahora interno del penal Piedras Gordas salía siempre -o casi siempre- bien librado de las denuncias y de los procesos judiciales. ¿La razón? Ahora ya lo tenemos más claro: magistrados que supuestamente abdicaron a su deber.

Esta pregunta nos la ha caemos a propósito de que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) ha propuesto la destitución de tres jueces superiores por terminar ayudando a Álvarez.

PUNTUAL. Los resultados de la investigación 274-2014, la Ocma concluye en que se les debe imponer sanción disciplinaria de destitución a los magistrados Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín.

Son los mismos que el 22 de mayo de 2013, en segunda instancia, declararon fundado el hábeas corpus presentado por César Álvarez para detener, respecto a él, la investigación de “La Centralita”.

Según la Resolución 29 de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Ocma, se propone esta sanción contra estos jueces por “amparar demanda de hábeas corpus con infracción al principio de motivación de resoluciones judiciales, al señalar hechos falsos, no respetar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a este tipo de demandas contra actuaciones fiscales, por favorecer al demandante y no explicar con suficiencia los motivos de decisión”.

El hábeas corpus logró excluir a Álvarez de la investigación por los delitos de peculado y lavado de activos.

Pero la Ocma considera que “los jueces investigados no señalaron de qué manera se afectaba la libertad personal con la disposición fiscal”.

La Ocma observa que al no analizar la situación de los demás investigados en este caso “se alude a que esta situación habría conllevado a un favorecimiento a César Álvarez Aguilar, quien en ese entonces ostentaba el cargo de presidente regional de Áncash”.

El falló emitido por los magistrados afectó la imagen de la institución en su rol de impartir justicia, consideró la Ocma.

LAS “LIMPIADAS”. Acompañando al criterio del Ministerio Público sobre el presunto encubrimiento a César Álvarez y su entorno, encontramos tres casos que llenaron muchas portadas y que fueron emblemáticos por su trascendencia.

En marzo de 2013, todos los medios informaron que el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, quien según contundente atestado policial del 2010 fuera acusado de ser el autor intelectual del frustrado atentado contra el entonces consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, fue excluido del proceso penal que se sigue en torno al caso por el mismo fiscal que antes lo acusó.

El adjunto de la Primera Fiscalía Superior Penal (en la que era titular Farro Murillo), Romel Paz Sánchez, sustentó no había lugar para seguir acción penal contra Arroyo porque este no tuvo relación laboral con los sicarios y le restó valor a la declaración de la testigo clave Hilda Saldarriaga Bracamonte, porque dice que esta cambió de versión varias veces.

El fiscal indicó que el argumento de que Arroyo estuvo según las celdas activas de telefonía cerca al lugar del crimen, no tenía ninguna importancia porque para mandar a matar a alguien no es necesario estar cerca al lugar del crimen ni a los sicarios.

También está el caso del homicidio culposo, relacionado a la muerte de la anciana María Francisca Vásquez Bocanegra durante el reparto de panetones en el estadio Gómez Arellano que organizó el movimiento político Cuenta Conmigo el 22 de diciembre del 2009.

En este caso, la Primera Fiscalía Superior dictaminó que no existían méritos para acusar al exgobernador regional, por la trágica muerte.

EN EL PJ. En las conclusiones de la Comisión Áncash la investigación ha determinado que la red de corrupción que presuntamente lideraba el exgobernador regional de Áncash,  Aguilar, habría manejado a su antojo a unos 26 jueces provisionales y supernumerarios que eran designados a plazos indefinidos en los distritos de Áncash y Santa para presuntamente salvarlo de ser procesado por las irregularidades que cometía durante su gestión.

La comisión investigadora señala que el archivamiento de los procesos judiciales y la emisión de resoluciones a favor de Álvarez Aguilar y las personas de su entorno fueron decididas en su mayoría por estos magistrados a pesar de que la Ley lo impide.

Entre los 26 jueces que habrían estado coludidos con la exautoridad regional se encuentran los que llevaron los casos de “La Centralita”, “Panetones”, “Friaje”, “Ambulancias” y “OEI”; así como los que emitieron las medidas cautelares para validar las cartas fianzas falsas que presentaban las empresas vinculadas a Martín Belaunde y Rodolfo Orellana para ganar la adjudicación de las obras ejecutadas en esa región.

En ese orden de ideas, el grupo de trabajo que presidió Mesías Guevara recomendó al Ministerio Público investigar por malversación de fondos y peculado doloso a los expresidentes de la Corte Superior de Justicia de Santa, Daniel Vásquez Cárdenas y Samuel Sánchez Melgarejo; así como a la juez especializada Mardelí Elizabeth Carrasco Rosas, el exgerente general del Poder Judicial, Mario Huerta Rodríguez, y la tesorera de la Corte Superior del Santa, Marilú Rodríguez Vidal.

La intención de estas relaciones, según la Comisión Áncash, era que Álvarez como supuesto líder de esta red pretendía “preservar y mantener el poder político a fin de que la entonces autoridad continúe manejando el monopolio de las licitaciones”.

LOS FISCALES. En e el Informe Áncash también se hace referencia que un grupo de fiscales, mayormente, archivaron las denuncias contra Álvarez y su entorno.

Justamente los fiscales que habría cometido incumplimiento de sus deberes funcionales y prevaricato, según el informe, son Risel Chicle Flores, Augusto Chiy Arias, Fernando Montoya Nuñez.

También están Washington Andrade Bazán, Jorge Ricser Flores, Martín Garay Mercado, Bertha Medina Lengua, Augusto Cruz Rossel, Pedro Reyes Calderón, Romel Paz Sánchez, Magno Amasifuen Choquehuanca, Javier Saravia Roldán, Jorge Polo Milla, César Árroyo Gucovsky, Lorena Giraldo Palacios y Ronald Chafloque Chávez.

Se tiene en cuenta que por las vinculaciones con la red de Áncash, el exfiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, fue destituido y lo mismo le ha sucedido al expresidente de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Hugo Farro, y además está preso a propósito de una prisión preventiva por “La Centralita”.

TAGS RELACIONADOS