Chimbote: Luis Arroyo y otras ocho personas son condenadas por el caso “desratización”
Chimbote: Luis Arroyo y otras ocho personas son condenadas por el caso “desratización”

Lo que se supone sería una audiencia más del sonado caso de la “desratización” fantasma, terminó con ocho de los doce procesados conducidos enmarrocados hasta la carceleta de la Corte de Justicia del Santa, en 

De manera sorpresiva, la Sala Penal Liquidadora determinó dar a conocer su falló la tarde de ayer, tras casi 7 horas de audiencia continuas, hallando culpable a los procesados del delito de colusión en agravio de la Subregión Pacífico.

CONDENADOS. Como se sabe, el caso regresó hasta la etapa de juicio oral, debido a una nulidad planteada por la defensa de los imputados, que advertían que el anterior proceso no se había desarrollado adecuadamente y que además existían cosas no muy claras en la acusación que planteó el Ministerio Público.

Sin embargo, en este nuevo juicio el nuevo colegiado que conoció la causa también encontró culpable a los procesados de uno de los casos de corrupción más sonados en Áncash durante la gestión de César Álvarez.

Luis Arroyo Rojas en su condición de gerente de la Subregión Pacífico, cargo designado por el entonces gobernador regional César Álvarez, recibió una pena de 15 años de cárcel por ser el “autor” del delito de colusión.

La Fiscalía acusó al también exalcalde del Santa “de haber creado la necesidad” del servicio de fumigación y desratización en los ámbitos de acción de los hospitales de Casma, Huarmey, Nuevo Chimbote y Chimbote por los cuales se pagaron 3 millones 102 mil soles y 600 mil por la supervición.

De acuerdo a la acusación el servicio no contaba con el informe técnico que avale tamaña inversión. Además, se estableció que este tipo de labores en realidad eran ejecutadas por el Ministerio de Salud en coordinación con las municipalidades provinciales y locales, más no por una institución de caracter regional.

Además la fiscal Carla Zuloaga sostuvo que para que concretar la licitación del servicio se simularon proyectos de inversión y que asimismo estos fueron fraccionados a fin de evadir controles.

También denunció irregularidades que fueron pasadas por alto por los miembros del comité de licitaciones, tales como que las empresas seleccionadas no contaban con la experiencia requerida y la presentación de documentos falsos.

La representante del Ministerio Público asimismo expuso que se dieron conformidades a los informes de los supervisores respecto al servicio, en el que “adjuntaban fotografías que simulaban” que las fumigaciones sí se ejecutaban.

Luis Arroyo Rojas, dio conformidad a los comprobantes de pago y visó las mismas, indicó la fiscal.

Todas estas acusaciones hallaron eco en los jueces Mardelí Carrasco, Daniel Vásquez Cardenas y Walter Lomparte, quienes decidieron interponer la pena de 15 años que era requerida para Arroyo.

La acusación del Ministerio Público indica que Arroyo no actúo solo para este presunto desfalco al Estado, por lo que otras 8 personas entre exfuncionarios de su gestión y empresarios, también fueron sentenciados.

Miguel León Estrada fue sentencido a 8 años de cárcel, Jorge Meléndez Ibérico a 4 años, Jhony Benites Saldaña a 5 años y Luis Jaico Paredes a 10 años.

También se determinó carcel para Wilmer León Portalatino con 15 años, Dique Vásquez Anticona con 10 años, Santiago Reyes Asenjo con 7 años y Wilmer Alcántara Huertas con 3 años de pena efectiva, este último fue el que denunció las irregularidades en un reportaje emitido por un medio nacional, pero aún así la Sala encontró responsabilidad en él.

Mientras se leían las penas, los procesados que se encontraban en el banquillo de los acusados, eran rodeados por agentes de la Policía Judicial quienes procedieron a colocarles las esposas y trasladarlos hasta la carceleta de la Corte de Justicia del Santa.

La sala se reservó el fallo para los procesados Oscar Salgado Olivo, Erodito Salinas Arroyo y Tomás Neucapoma Reyes, quienes no asistieron a las audiencias de juicio oral, por lo que fueron declarados reo contumaz.

Además, se ordenó un pago de una reparación civil de 250 mil soles, sin perjuicio de devolver los 3 millones de soles que se pagaron por el servicios que no exisistió. Ambos pagos deberán ejecutarse de manera solidaria.

Al término de la audiencia el abogado de la Procuraduría Anticorrupción, Leobardo Lavado, dijo sentirse conforme con las penas dictadas, pero remarcó que evaluará interponer algún recurso respecto al monto de reparación civil estipulado.

“Se ha hecho justicia, entiendendo la maginitud del delito y el daño causado al estado peruano, en este caso la Subregión Pacífico, por un valor de más de 3 millones, la Sala ha sentenciado a todos los procesados”, mencionó.

Al término de la diligencia, la fiscal Carla Zuloaga se retiró del edificio judicial resguardada por un contigente policial.

TAGS RELACIONADOS