Magistrada Cinthia Castillo requirió documentación sobre el mantenimiento de pozo, lavadero y compra de oxímetro con presuntos sobrecostos.
Magistrada Cinthia Castillo requirió documentación sobre el mantenimiento de pozo, lavadero y compra de oxímetro con presuntos sobrecostos.

Una representante del llegó ayer al hospital regional Eleazar Guzmán Barrón para recolectar documentación sobre presuntos casos de corrupción.

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La fiscal Anticorrupción del Distrito Judicial del Santa, Cinthia Castillo Zapata, acompañada de policías anticorrupción, efectuó la diligencia referida a las denuncias de supuestos actos irregulares en los procesos de pago de servicios y compras realizados por el nosocomio sureño.

La fiscal ingresó a la oficina del área de Logística del hospital. Allí requirió documentos referentes al pago del servicio del mantenimiento del pozo de agua, la reparación de un lavadero, la compra de un oxímetro neonatal, entre otros servicios con costos presuntamente sobrevalorados que fueron denunciados en las últimas semanas por el Sindicato de Trabajadores del nosocomio.

Estos documentos habían sido solicitados con anticipación por la magistrada, pero los funcionarios del hospital no cumplieron con remitirlos a la Fiscalía.

Cabe señalar que en varias ocasiones los representantes del sindicato de trabajadores administrativos del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón denunciaron una serie de actos irregulares durante la gestión del director Benjamin Paredes Ayala.


PRESUNTA RED CRIMINAL

Asimismo, el procurador anticorrupción, Richard Asmat Urcia, denunció la existencia de una presunta organización criminal dentro del hospital regional, liderada por el gobernador Regional de Áncash, en la que además implicó a una empresaria conocida como “La China Polo”.

Según la hipótesis del procurador Richard Asmat Urcía, esta organización criminal tenía como finalidad apropiarse del dinero del presupuesto 2021-2022 asignado al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, para lo cual el gobernador Henry Borja, considerado cabecilla, tendría como función asignar el mayor presupuesto a esta unidad ejecutora de salud.

Para lograr apropiarse del dinero designado a mejorar la atención de los usuarios, la organización habría colocado en puestos claves como jefatura de economía, administración, logística, personal, planeamiento estratégico, servicios generales, entre otros, a integrantes de la organización que facilitaran el direccionamiento de las compras y contrataciones, favoreciendo ilegalmente a los proveedores con los que habría existido previamente acuerdos colusorios.