“Contemplamos que obras por El Niño costero sean aseguradas”

Tenemos el entorno normativo y financiero para abordar con éxito la reconstrucción”
“Contemplamos que obras por El Niño costero sean aseguradas”

“Contemplamos que obras por El Niño costero sean aseguradas”

28 de Agosto del 2017 - 09:50 » Textos: Redacción » Fotos: Correo

La titánica labor de reconstruir el país en un periodo de tres años, tras los efectos causados por El Niño costero, recae sobre los hombros de Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). En diálogo con este diario, pone énfasis al señalar que es importante que el Estado asegure las obras de infraestructura a fin de que su rehabilitación sea lo más pronto posible, apenas suceda un desastre natural, evitando un exceso en el gasto del recurso público. Sostiene que el Perú tiene los recursos financieros suficientes para afrontar la reconstrucción y que no se repetirá lo de Ica, que tras diez años no culmina su recuperación.

¿Cuánto de inversión demandará del Plan de Reconstrucción? El plan se elaboró sobre 4 meses de trabajo con información de las autoridades locales, regionales, y de los ministerios, sobre el terreno, la naturaleza y la magnitud de los daños. Involucra inversiones de S/ 23 mil millones para los próximos tres a cuatro años y cuenta dos componentes diferenciados. Por un lado, la reposición, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura física dañada que representa el 73% del total de la inversión; y, por el otro, la labor de prevención, con el 23%. La pregunta no es si vamos a tener o no otro Niño, sino cuándo lo vamos a tener y tenemos que estar preparados para enfrentarlo.

¿Cuál es el estimado en daños materiales y damnificados por El Niño costero? La inversión proyectada será en beneficio de más de 165 mil damnificados. El componente más importante del plan yace en la rehabilitación de la red vial nacional, con 8500 millones de soles. En términos geográficos, el 70% de los daños y el 90% de los damnificados están ubicados en el norte del país. El porcentaje más alto de intervenciones a realizar se encuentra en Piura (6600 millones), La Libertad (4500 millones), Áncash (3 400 millones), Lambayeque (3 mil millones), Lima y Lima Provincias (2 mil millones), Tumbes (719 millones), Ica (680 millones), y 1950 millones para las otras regiones.

De esta inversión, ¿cuánto se podría ejecutar por la modalidad de obras por impuestos? El Plan señala qué iniciativa vamos a ejecutar, quién la va a implementar, qué entidad pública va a recibir la obra para su mantenimiento y el tipo de inversión que vamos a utilizar. En este punto, hemos señalado dos opciones: inversión pública y obras por impuestos. Hemos tenido varias muestras de interés de distintos grupos económicos, por ejemplo, para la quebrada de San Ildefonso, que da al centro de Trujillo, hay un proyecto que estará a cargo de Backus, cuyo interés ha sido aceptado por la Autoridad y será la primera obra que vamos a ejecutar de este tipo.

En el caso de que una obra cuente con un consorcio interesado y se presente otro, ¿se realizará un concurso interno? No quisiera adelantarme a ese escenario, a pesar de que es muy probable porque sí hemos recibido distintas expresiones de interés para los mismos proyectos. Corresponderá a la autoridad encargada de la ejecución establecer el mecanismo a través del cual adjudicará esa obra.

De tratarse de compañías que han sido vinculadas en casos de corrupción, pero aún pueden participar en licitaciones, como Graña y Montero, ¿qué medidas se adoptarán? Hay una norma que es muy taxativa sobre la participación de compañías que hayan sido condenadas o hayan admitido algún nivel de responsabilidad por casos de corrupción. Nosotros preferiríamos no trabajar con empresas que estén contaminadas, tener estas dudas respecto de su involucramiento en sonados casos de corrupción.

¿Cómo prevén promover la transparencia en la reconstrucción? Estamos trabajando de manera muy estrecha con la Contraloría General de la República y con un portal de Transparencia para que los ciudadanos pueden darle seguimiento a las obras. Además, estamos promoviendo un sistema de veedurías ciudadanas a través de este observatorio de la reconstrucción, donde participen universidades y organismos no gubernamentales.

La Contraloría no está capacitada económicamente para hacer un trabajo de hormiga... El contralor tiene 15 días luego de aprobado el Plan para alcanzarnos su programa de trabajo con los parámetros de recurrencia de sus fiscalizaciones. Se trata de una Contraloría fortalecida con nuevo liderazgo y una nueva filosofía, y entiendo que va a requerir recursos adicionales para poder acompañarnos en este proceso.

¿Auditores propios? Van a tener que reforzar su equipo con ingenieros capaces de seguir estos proyectos y no tanto contadores ni administradores. Es una orientación diferente, más técnica.

¿Qué diferencias tendrá su trabajo con relación a la reconstrucción de Ica? Varias diferencias importantes. Primero, la forma en como estamos organizados. Tenemos a nuestro alcance instrumentos que nos permiten imprimirle una tónica de labor distinta con plazos más cortos. Contamos con compromisos de S/ 1900 millones para la ejecución de obras que arrancarán la primera semana de setiembre. La otra gran diferencia es que tenemos las espaldas financieras para abordar el desafío de la reconstrucción, es equivalente a casi 3.5% del PBI del país. El trabajo de la reconstrucción representará un 1% de crecimiento adicional al PBI en el 2018 y vamos a generar 150 mil puestos de trabajos en la región norte.

¿Cómo se agilizará el trámite burocrático del Estado para la adjudicación de obras? Hay un balance entre la urgencia y la necesidad de hacer las cosas bien. En las regiones del norte, no solo colapsaron las pistas, sino también el sistema de alcantarillado y que no se contaban con sistemas de drenaje pluvial. Mal haríamos en acelerar la recomposición de las pistas si es que antes no se va al problema de fondo. Tenemos que hacer un alto en el camino, planear esto bien y ejecutar de manera planificada el presupuesto. Hay muy poca inversión pública en prevención porque no son obras que ganen elecciones o sean muy vistosas.

¿Se prevé contratar seguros para las obras que se rehabilitarán? Es sorprendente que el Estado peruano no tiene una política de aseguramiento en infraestructura física. Hemos conversado con los funcionarios del Ministerio de Economía para que la infraestructura que nosotros reconstruyamos quede protegida con algún sistema que transfiera estos riesgos a terceros. Sí está contemplado y es un punto muy importante. Muy poco porcentaje de la infraestructura pública está asegurada y ese un tema que debemos que atajar de raíz y resolver.

Del total de las obras, ¿cuánto podría hacerlo el sector privado y cuánto de inversión pública pura? Nosotros estamos dejando la posibilidad de hacer todo lo que se pueda obras por impuestos.

¿Y Asociación Público Privado (APPS)? No hemos considerado APPS en el esquema porque en el pasado demoró mucho y nosotros tenemos que concluir estos en tres años o máximo en cuatro.

¿Perú tiene recursos financieros necesarios para esta inversión? La disciplina fiscal de los últimos años generó un superávit que alimentó las arcas del Fondo de Emergencias, que es el que estamos utilizando para reconstruir el norte. No vamos a tener que recurrir a fondos externos u operaciones de crédito externo. Tenemos el entorno normativo y financiero para abordar con éxito el desafío de la reconstrucción.

¿Cómo se articula el trabajo de la Autoridad con los ministerio y los gobierno regionales? La ejecución va a quedar en manos de cinco ministerios (Vivienda, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones y Agricultura y Riego). Además de ello, tenemos a 95 alcaldes y 9 gobiernos regionales, que son los socios con quienes vamos a gestionar los proyectos. Fijamos una regla muy sencilla para seleccionarlos: trabajar con aquellos que tengan como mínimo un 75% de ejecución de su presupuesto de inversiones en los dos últimos años (2015 y 2016). Mal haríamos en transferirles recursos a alcaldes que no han podido completar las dos terceras partes de sus presupuestos de obras.

¿Para la elaboración del plan se han tomado experiencias extranjeras? Tenemos un modelo híbrido en el sentido de que la Autoridad tiene el mandato de la reconstrucción, pero son los ministerios y autoridades regionales los involucrados en la ejecución de los proyectos. Colombia es el ejemplo de esta primera parte, y otro es el de Chile.