La Contraloría General emitió el informe de servicio de control específico N° 042-2022-2-5332 mediante el cual se determinó que funcionarios del Gobierno Regional de Áncash tramitaron, autorizaron y pagaron incentivos laborales con montos excesivos a favor de 61 trabajadores reincorporados a la sede regional mediante sentencias judiciales y resoluciones ministeriales, sin tener sustento técnico ni legal. Dichos pagos irregulares se concretaron entre noviembre del 2020 y abril del 2022, y ocasionaron a la entidad regional un perjuicio por S/ 2 393 566.

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El informe

EL informe señala que el pago de planillas de incentivos laborales otorgado a los trabajadores reincorporados se realizó con montos superiores a los establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), vulnerando la Ley de Presupuesto público aprobada para los años 2020, 2021 y 2022 que prohíbe todo incremento de remuneraciones e incentivos.

Cabe mencionar que por disposición de la Corte Superior de Justicia de Áncash y en cumplimiento a Resoluciones Ministeriales, el Gobierno Regional de Áncash reincorporó a su centro de labores a 71 trabajadores, 61 de ellos fueron incorporados a plazas vacantes y presupuestadas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP): no obstante, no les correspondía percibir incentivos laborales con la escala establecida en la Resolución Ejecutiva Regional 0853-2012-GRA/PRE del 2012, que establece montos de entre S/ 3 mil y S/ 7 mil; más sí con la escala establecida por el MEF para los años 2020, 2021 y 2022, que fluctuaba entre S/ 1070 y S/ 1560, según el grupo ocupacional.

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A pesar que dicha aclaración fue hecha en marzo del 2020 por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, en noviembre de ese mismo año, tras el cambio de funcionarios en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, así como en la Subgerencia de Recursos Humanos, la oficina de remuneraciones elaboró planillas de incentivos con una escala que no correspondía, ignorando la precisión hecha por el área competente.

Serían 21 funcionarios y/o servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal, administrativa (entidad) y sujeto a Proceso Administrativo Sancionador, debido a ello, el informe fue derivado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, al gobernador regional de Áncash y al Órgano Instructor de la Contraloría para el inicio de las acciones que correspondan.