Dictan prisión preventiva contra exgerente de Chinecas y 6 más por desfalco de S/5 mllns
Dictan prisión preventiva contra exgerente de Chinecas y 6 más por desfalco de S/5 mllns

Personajes del entorno de César Álvarez siguen en el ojo de la tormenta. Esta vez, cuatro exfuncionarios del Proyecto Especial  y tres empresarios que se habrían coludido para desfalcar este proyecto irrigador en más de 5 millones de soles deberán ser ubicados, capturados e internados en el Penal de Cambio Puente.

Así lo ha dispuesto Jorge Chávez Tamariz, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, al ordenar 18 meses de prisión preventiva en contra de los siete, por el delito contra la administración publica, en la modalidad de colusión agravada.

Se trata de exgerente general, Elvis Abad Camarena Luna (55), el exgerente de obras de dicho proyecto, Samuel Gilberto Minaya Prieto (66), el exinspector de obra, Jimmy Anthony Aguilar Olguín (39) y el exprocurador público del Gobierno Regional de Ancash, Manuel Fernando Ortiz León (42). Asimismo, se dispuso la prisión preventiva contra los empresarios Danny Erick Puchoc Berros (31) y Jair Ely Díaz Guevara (44), ambos representantes del Consorcio Pebco, ejecutora de la obra, además de Jaime Luis Castillo Babastre (40), en su condición de representante legal del Consorcio Process Net, a cargo de la supervisión.

LOS HECHOS. En octubre del 2015, dos ciudadanos denunciaron que Pebco suscribió un contrato de ejecución de obra para el Mejoramiento de la Automatización y Telecomunicaciones de la Infraestructura Hidráulica Mayor Chinecas por la suma de 5 millones 693 mil, el cual debían realizar en un plazo de 150 días calendario. Dicho plazo fue ampliado por 96 días más en marzo de 2013, luego 131 en agosto del mismo año, posteriormente otros 181 días en enero 2014 y denegada una cuarta ampliación.

Tras negarles el pedido, se llegó a un tribunal arbitral, en el cual el exprocurador habría dilatado el proceso, perjudicando los intereses del Estado.

Finalmente, se advirtió que dicho proyecto no contaba con certificación presupuestal para su ejecución.

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