Espinoza y Cortez buscan absolución en caso semáforos
Espinoza y Cortez buscan absolución en caso semáforos

Desde mañana lunes los prófugos exalcaldes de la provincia del Santa,  García y Julio Cortez Rojas, inician el camino de una nueva batalla judicial con la finalidad de que se les levante la orden de captura que pesa sobre ellos, por el sonado caso de los semáforos “inteligentes”.

RECURSO. El abogado de ambas exautoridades municipales, Augusto Cruz Rossel anunció que mañana, ingresarán el recurso de apelación a la condena de cuatro años que dictó el juez Efer Díaz Uriarte en contra de ellos, por el delito de colusión.

La misma medida adoptará la defensa de los exfuncionarios municipales Micaela Flores Gómez, José Menacho Méndez y Aquior Mendoza Mendoza, quienes también fueron condenados por este delito. Los dos primeros, recibieron penas de cuatro años de cárcel, mientras que para el último se ordenó 2 años de pena suspendida, debido a su delicado estado de salud.

Luego de la lectura íntegra de la sentencia, realizada el pasado lunes 16 de julio, mañana se vencen los cinco días de plazo que la ley estipula para alcanzar el recurso de apelación correspondiente.

“El plazo se vence mañana, así que estaremos cumpliendo con ingresar la apelación correspondiente”, declaró a Correo.

El recurso de apelación de Espinoza y Cortez, busca la absolución del caso, es decir, que queden limpios de toda acusación de los hechos de corrupción que le imputa la Fiscalía. No obstante, la ley faculta, que luego de la oralización del recurso, la Sala también podría tomar otra decisión, como anular la sentencia y ordenar el pase a juicio oral; o en su defecto rechazar el pedido y confirmar la pena.

Una vez que el recurso ingrese al despacho del juez Efer Díaz, deberá revisar que se cumplan las formalidad de ley y luego darle pase al tribunal de segunda instancia, el cual, después de notificar a las partes (Fiscalía y Procuraduría), procederá a convocar a la audiencia donde se oralizará y debatirá el pedido.

El abogado Augusto Cruz, estima que por lo menos a la quincena de agosto, podría realizarse la diligencia. Subraya que por tratarse de un caso con pena privativa de la libertad, debe tratarse con celeridad.

“Estamos cuestionando (en la apelación) la motivación, la prueba indiciaria, el derecho a defensa, son como cuatro aspectos que se están cuestionando”, detalló el letrado.

“Jurídicamente estoy completamente seguro que la segunda instancia debe revertir (la sentencia), ya que es sumamente arbitraria, no tiene la motivación que se espera mínimamente de un magistrado, incluso, no existen medios probatorios que acrediten lo que el juez ha plasmado en su fallo”, criticó luego.

El letrado aseveró que no mantiene comunicación con Espinoza y Cortez, ya que “se encuentran incomunicados”. No obstante, refirió que a través de sus familiares le han señalado que “tienen la confianza de que la condena se va a revertir con jueces que actúen con objetividad y aplicando netamente el derecho”.

MÁS CÁRCEL. Mientras tanto, desde el Ministerio Público, el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, ya se adelantó a la parte acusado y el pasado jueves 19 de julio, ha presentado el recurso de apelación que también había anunciado.

La impugnación a la sentencia que ha formulado Añanca está orientada en el sentido de la pena dictada por el juez Efer Díaz. Y es que la Fiscalía Anticorrupción había planteado como sanción para los acusados cuatro años y diez meses de cárcel; pero el magistrado solo dictaminó cuatro años.

Añanca explica que su apelación cuestiona un tema básicamente “de puro derecho”, ya que al momento de que la Fiscalía hizo el requerimiento de la sanción, tuvo en cuenta diversas “circunstancia y atenuantes”. Además sostuvo que hay “una agravación” en la conducta que han demostrado los acusados.

“Básicamente estamos argumentado que es una cuestión de puro derecho y que la determinación de la pena está establecido por la propia norma que nos dice de qué manera se debe determinar la pena. De acuerdo a las circunstancias y atenuantes, le corresponde la pena dentro del tercio intermedio, que es de cuatro y cinco años (de cárcel) y en concordancia con el tipo penal aplicado, solicitamos los 4 años y diez meses de cárcel”, explicó Añanca.

Cuando el juzgado convoque a la audiencia donde se oralizará el pedido, será un fiscal superior el encargado de exponer la postura del Ministerio Público.

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