Exfuncionarios de la gestión de Río Santa son investigados

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, decidió iniciar una investigación preliminar contra un grupo de exfuncionarios de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), que se desempeñaron en estos cargos durante la última gestión de los prófugos exalcaldes Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas.

EN LA MIRA

De acuerdo a la disposición fiscal a la que ha accedido Correo, también están investigados el exservidor municipal Jaime Alexander Ordoñez Álvarez y los “extraneus” Frank Becerra Guzmán y Julio Nestor Chávez Bejarano.

Todos ellos se encuentran investigados desde el pasado 8 de marzo, por el presunto delito de colusión. La pesquisa se encuentra a cargo del fiscal anticorrupción Walberto Rodríguez Champi, quien - en esta fase - tendrá como plazo para realizar diligencias, un total de 240 días.

EL CASO

El pasada 21 de febrero, el procurador municipal Denis Aguilar Cabrera, presentó ante el Ministerio Pública su denuncia, tomando como base los resultados de un informe de La Contraloría General de la República, que advertía presuntas irregularidades en la obra de mejoramiento de las calles de los asentamientos humanos Víctor Raúl, Manuel Arévalo y de la urbanización Antúnez de Mayolo; del distrito de Chimbote.

La obra fue licitada y ejecutada durante el 2015, durante el primer año de la gestión de Victoria Espinoza. Sin embargo, se debe mencionar que los trabajos se dieron cuando Julio Cortez se hizo cargo del despacho de Alcaldía, ya que en setiembre de ese año, Espinoza García pasó a la clandestinidad por una sentencia por enriquecimiento ilícito, delito del que luego fue absuelta.

La obra tuvo asignado un presupuesto de 2 millones 178 mil soles, no obstante, según la denuncia, se habría producido un perjuicio de 50 mil soles en agravio de la comuna provincial y a favor del consorcio J & J, al que se le adjudicaron los trabajos.

La denuncia señala que los exfuncionarios Micaela Flores, Javier Menacho y Jaime Ordoñez - como integrantes del comité de recepción de la obra - habrían dado trámite al pago de dos valorizaciones a favor de la empresa constructora “sin haber exigido al consorcio J & J, y al supervisor de la obra la realización de ensayos de laboratorio para comprobar el cumplimiento de especificaciones técnicas de la ejecución de la carpeta asfáltica”.

Los aspectos a los que se refiere la acusación son, específicamente, el espesor, contenido de asfalto y compactación del mismo. Se presume que la finalidad habría sido favorecer al consorcio constructor representado por Frank Becerra y que además se habría tenido la participación del ingeniero residente de obra Julio Chávez.

En el caso del exgerente Edgar Tapia se le atribuye haber dado conformidad al pago de un adicional a favor del consorcio, “no obstante que no reunía los requisitos técnicos y normativos”. También se señala que fue él, en su condición de gerente municipal, el que firmó el contrato con la empresa constructora para la ejecución de los trabajos.

DILIGENCIAS

El magistrado también ha programado interrogatorios para los investigados : en el caso del exgerente Edgar Tapia, ha sido citado para el 29 de abril próximo, a las 11 de la mañana. El procurador municipal, Denis Aguilar también ha sido llamado a declarar ese mismo día, pero a las 2:30 de la tarde.

El Ministerio Público, ha ordenado, asimismo, que se practique una pericia civil, a cargo de la perito de la Fiscalía Anticorrupción del Santa. Este estudio tiene como finalidad, en primer término, determinar si el espesor, contenido de asfalto y compactación de la carpeta asfáltica se encuentran conforme a lo estipulado en el expediente técnico. Luego, la perito deberá indicar si dentro del expediente se encuentra previsto el servicio adicional por el que se le pagó al consorcio.

Aparte de este peritaje, el fiscal Walberto Rodríguez tiene planeado realizar una inspección ocular de la obra en compañía de la perito, el próximo 24 de abril. Luego de esta diligencia, indica, solicitará el levantamiento de los secretos bancarios y de las comunicaciones de los investigados.