Chimbote: Falta de control en pesca habría causado perjuicio S/. 600 mil en la era Álvarez

No solo en las adjudicación de obras se habría perpetuado presuntos hechos de corrupción durante la gestión de César Álvarez Aguilar, al frente del Gobierno regional de Áncash (GRA).

En las conclusiones del análisis que ha hecho la Comisión Áncash sobre el cuadernillo denominado “pesca” negra se sostiene que “El Gobierno Regional de Áncash habría implementado medidas para obstaculizar las labores de fiscalización y supervisión que realizaba el Ministerio de la Producción” en nuestra región.

HUELE MAL. El grupo legislativo sostiene en el documento que solo en el 2011, “las irregularidades en los procesos de fiscalización y supervisión de la actividad pesquera” habrían originado un perjuicio económico de 600 mil soles, ya que se habría dejado de decomisar hasta 723 toneladas de anchoveta.

Uno de los supuestos mecanismo que se habría implementado desde el GRA para impedir la fiscalización nacional, sería la ordenanza regional 003-2010, la cual incluso fue declarada como inconstitucional por el Tribunal Constitucional por un tema de competencias que excedían a la Región pero que igual se normaron.

Otra de las presuntas irregularidades que advierte la Comisión es la entrega de permisos de pesca.

Solo durante los años 2007 al 2014, la Dirección Regional de la Producción (Direpro) se emitieron 402 permisos de pesca artesanal, de las cuales, 11 se habrían otorgado de manera irregular, según detectó la Contraloría General de la República. Sin embargo, la sospecha de los parlamentarios va más allá.

“Las irregularidades en la expedición de los permisos de pesca en la región Áncash se habrían presentado en un porcentaje importante de los 402 permisos otorgados por la Direpro en el período antes mencionado”, consignan en el documento.

Este informe de Contraloría motivó una investigación a nivel de fiscalía anticorrupción en la cual se encuentra como procesado el abogado Luis Arroyo Guevara. El caso ha pasado recientemente a la etapa de investigación preparatoria y el letrado ha sostenido que no existen los elementos para acusarlo.

Por otro lado, las pesquisas de los congresistas concluyen en que los funcionarios del GRA no habrían cumplido con efectuar acciones de cobranza coactiva de multas consignadas en expedientes que fueron enviados por el Ministerio de la Producción hasta la Direpro.

Esta inacción de los funcionarios habría puesto en riesgo del cobro de más de 156 mil soles. Tanta habría sido la inacción y “descuido” de los funcionarios locales que incluso se habla de la pérdida de dos expedientes remitidos por Lima y documentos referidos a otros ocho legajos que llegaron también desde la capital.

EN OBRAS. La Comisión señala que en obras referidas a este sector también se “habrían presentado irregularidades”. Tales como en la reparación de la planta de hielo en bloques del desembarcadero artesanal de Chimbote, así como en el mejoramiento del desembarcadero artesanal de Culebras, en Huarmey.

En sus sugerencias recomiendan que el Ministerio Público evalúe los resultados de su investigación y que evalúe iniciar las pesquisas contra los funcionarios y servidores.