Firman pacto de lucha contra la corrupción

La llegada ayer a Chimbote, de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, sirvió para que las autoridades locales firmen un compromiso de lucha contra la corrupción e integridad con enfoque en derechos humanos.

El documento está orientado a fortalecer la lucha contra la corrupción, garantizar el acceso a la información de entidades y transparentar las acciones en la gestión pública.

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No obstante, se debe recordar que en campaña, las ahora autoridades, también estamparon su rúbrica en un documento similar.

Por Áncash, firmó el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, quien es investigado a nivel preparatorio por delitos contra la administración pública, en su modalidad de colusión, por el caso del canal Santa - San Bartolo, por el cual se ocasionó un perjuicio de 36 millones de soles al gobierno regional, según un informe de Contraloría.

Además Morillo ha sido denunciado por la Procuraduría Anticorrupción por la supuesta existencia de una nueva centralita, y también se encuentra afrontando un proceso judicial por falsa declaración en proceso administrativo (que en primera instancia ha sido archivado).

El alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, su colega de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas; el presidente de la Corte de Justicia del Santa, José Manzo; la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Miriam Lucero; la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Roslin Villanueva; entre otros también firmaron el compromiso.

LOS COMPROMISOS

En el caso del gobierno regional, por ejemplo, se ha comprometido a brindar apoyo para fortalecer la Comisión Regional Anticorrupción, así como "realizar todas las gestiones pertinentes para impulsar la viabilidad de la Oficina de Integridad Institucional dentro de la estructura orgánica del Gobierno Regional al más alto nivel".

Ahora bien, tanto la Región como las municipalidades han prometido que, a través de decretos, procurarán que todos sus funcionarios presenten declaraciones juradas de intereses.

Un punto interesante, es el sexto, en donde se establece que tanto el gobernador como los alcaldes, designarán a funcionarios y gerentes con "una trayectoria ética intachable". Es decir, "que no hayan sido sancionadas y tampoco tengan procesos en trámite por delitos de corrupción y otros delitos contra la administración pública", así como procesos y condenas por violencia sexual, lavado de activos, trata de personas y crimen organizado.