Aunque ya es cosa juzgada, el fallo absolutorio a favor de Victoria Espinoza García, sigue generando reacciones.

Esta vez, ha venido desde el mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien mediante un documento ha requerido al Poder Judicial que se convoque a un pleno de jueces a un Pleno Casatorio de Jueces en lo Penal de la Corte Suprema, a fin de que puedan establecer un criterio uniforme sobre lo que resolvió la Sala Penal Permanente en la casación 782-2015, con la cual se absolvió a Victoria Espinoza y a su expareja, Wuilmer Agapito Vásquez, del delito de enriquecimiento ilícito.

ADVIERTE PELIGRO. El documento cursado por la cabeza del Ministerio Público, tiene como fecha de recepción el pasado 8 de agosto y está dirigido al presidente del Poder Judicial, Victor Ticona Postigo.

En el escrito el fiscal de la Nación, indica que ha recibido la preocupación de parte de fiscales supremos en materia contencioso administrativo y de corrupción de funcionarios referente a los decidido por la Sala Penela Permanente que preside el juez Javier Villa Stein.

El documento al que hace mención Sánchez Velarde, lleva la rúbrica de hasta 30 magistrados superiores.

El fiscal de la Nación señala que la preocupación que expresa por el fallo absolutorio de Espinoza y Agapito es un sentimiento “institucional”.

“(el fallo) Crea jurisprudencia vinculante para todos los jueces del país y podría beneficiar a diversas personas procesadas como cómplices primarios en delitos de corrupción de funcionarios”, señala.

Como se sabe, la Sala aplicó el criterio de que no se podía condenar a Victoria Espinoza por el delito de enriquecimiento ilícito porque un peritaje arrojaba que no se encontraba desbalance en sus cuentas.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, sostuvo desde el inicio de la acusación que el supuesto desbalance o el dinero presuntamente mal obtenido habría sido “oculatdo” en personas de su entorno. Uno de ellos, sería Agapito Vásquez. Sobre este punto, la Sala del juez Javier Villa Stein consideró que se vulneraba el tipo penal porque en la figura de enriquecimiento ilícito únicamente se podía condenar por este delito a funcionarios públicos y la expareja de Espinoza no lo era.

Además, señalaron que el Ministerio Público no había podido acreditar que el millón de soles que tenía como desbalance en sus cuentas Agapito Vásquez provengan de Victoria Espinoza y mucho menos de dinero mal obtenido cuando ella fue, primero regidora y luego alcaldesa provincial.

Por ello que los fiscales advierten contradicciones con acuerdos plenarios establecidos anteriormente.

“(la casación) Contradice pronunciamientos emitidos por la propia Corte Suprema en años anteriores en torno a las sanciones penales que deben recaer contra aquellos que, sin ser funcionarios públicos, se ven inmersos en actos de corrupción”, menciona el fiscal Sánchez en un comunicado cursado por la oficina de Imagen del Ministerio Público.

Justamente uno de los pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema a la que hace alusión el fiscal de la Nación, fue una de las bases que utilizó la Sala de Apelaciones de la Corte del Santa para ratificar la condena de siete años de cárcel contra Espinoza García y Agapito Vásquez.

“La sentencia en mención modifica el criterio establecido por la Corte Suprema y exime de sanción penal a aquellas personas procesadas por actos de corrupción sin ser funcionarios públicos, estableciéndose su cumplimiento obligatorio por todos los jueces de la República. De acuerdo a la sentencia casatoria Nº 782-2015, que establece doctrina jurisprudencial obligatoria, únicamente puede sancionarse penalmente a los funcionarios públicos en casos de delitos especiales, eximiéndose de sanción a los terceros implicados y contradiciendo el acuerdo anterior adoptado por todos los jueces supremos”, indica el Ministerio Público.

Además advierte que “permitiría la liberación de un gran número de personas implicadas en delitos especiales como peculado y colusión en los que, al no existir similitud en la legislación aplicable a los delitos comunes, quedarían libres”.

Y es que como se conoce, el fallo que emitió la Sala Penal Permanente, crea jurisprudencia a nivel nacional. Es decir los distintos despachos a nivel nacional deberán tenerlo como precedente al momento de emitir una decisión cuando juzguen el delito de enriquecimiento ilícito.

Además del juez Javier Villa Stein, integraron la Sala Penal Permanente los magistrados Josué Pariona, Duberly Rodríguez, César Hinostroza y José Neyra Flores.

“SALUDABLE”. Al respecto el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, quien formuló la acusación contra Espinoza y su pareja, consideró que “saludable” que se pueda emitir un pronunciamiento uniforme por parte del Poder Judicial frente a este tipo penal.

“El acuerdo que se pueda adoptar de este pleno, son criterios que van a tener +en cuenta los magistrados (jueces) y también sirve de referente al Ministerio Público. Claro, no es absoluto y va a depender de la situación concreta a la que se encuentren los jueces”, subrayó.

Es decir, según explica Añanca Chumbe el acuerdo que lleguen a establecer los jueces también sería tomando en cuenta por los distintos despachos judiciales a nivel nacional al momento de tomar decisiones frente a estos delitos.

Por ahora no ha exisistido respuesta a esta solicitud del Ministerio Público.