Fiscalía pide 5 años de cárcel para Luis Arroyo por caso de cobros a transportistas

El exalcalde de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Luis Arroyo Rojas, volvió al banquillo de los acusados en un nuevo juicio oral que se inició ayer en su contra por presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido en su gestión edilicia relacionadas a supuestos cobros a transportistas que para la Fiscalía no serían legales.

Esta vez, el Ministerio Público imputa a Arroyo Rojas el presunto delito de concusión y pide como sanción la pena de cinco años de cárcel efectiva y que además quede inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública por designación o voluntad popular, por el mismo tiempo que dure la condena.

La exautoridad edilicia no está sola en este nuevo proceso judicial. La Fiscalía también ha presentado cargos contra Líder Saavedra Paredes en su condición de presidente de la Asociación de Fondos de la Central de Transportistas de la Provincia del Santa (Afocentrapsa). El dirigente es un tercero involucrado en el delito de concusión, según la acusación, por lo que se pide para él también cinco años de cárcel.

En tanto, para el exjefe de la División de Tránsito de la MPS, Leonidas Saravia Paucar, la Fiscalía solicita además de 5 años de cárcel por el delito de concusión, un año más por el ilícito de incumplimiento de deberes funcionales. Agrega que también pretenden su inhabilitación en la función pública por seis años.

Desde la Procuraduría Anticorrupción del Santa, el abogado Aldo Castañeda expuso su postura e informó que el órgano de defensa del Estado ha computado una reparación civil de 50 mil soles que deberán pagar de manera solidaria todos los acusados, en caso sean declarados culpables.

LA ACUSACIÓN. La primera audiencia de este proceso judicial que involucra a Arroyo Rojas se realizó ayer. El caso es ventilado en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Corte del Santa, a cargo de la jueza Patricia Peralta Gambini.

El exburgomaestre siguió el proceso mediante videoconferencia en la sala de audiencias del penal de Piedras Gordas, donde cumple prisión preventiva por el caso “La Centralita” y el crimen del exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos.

Fue el fiscal anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, quien se encargó de sustentar la acusación del Ministerio.

De acuerdo a lo expuesto por el magistrado ayer en la audiencia, los hechos se remontan hasta el 2011, primer año de la gestión de Arroyo al frente de la comuna provincial.

Ese año, en mayo, el Concejo Municipal del Santa emitió la ordenanza municipal que exoneraba de las revisiones técnicas a las unidades de transporte público de la ciudad por un período de 210 días.

Para el Ministerio Público, la emisión de esta cuestionada ordenanza municipal, formaría parte de un “acuerdo” que se habría gestado en una reunión que se desarrolló en el local de Afocentrapsa y en la que también, asegura, participó el exalcalde Luis Arroyo.

En esa reunión, celebrada el 21 de febrero de 2011, los transportistas acordaron no pasar las revisiones técnicas. Sin embargo, según el fiscal, ese no fue el único acuerdo. En ese cónclave también se habría llegado al consenso de cobrar 10 soles a cada transportista al momento de que realice su trámite para obtener la habilitación que necesitaban por parte de la comuna para poder circular en el parque automotor.

Este supuesto pago que denuncia la Fiscalía iba a ser ejecutado por todos los hombres del volante, no discriminando a qué asociación de transportistas pertenecían.

Supuestamente, el dinero recabado iba a ser empleado en la instalación de una central telefónica para los transportistas, sin embargo, el fiscal Añanca dijo ayer en la audiencia que no encontró documentos que comprueben que se haya invertido en el fin para el que estuvo destinado.

La Fiscalía refiere que desde la División de Transportes “obligaban a los transportistas a pagar el importe de 10 soles para que se le otorgue el certificado de habilitación sin pasar por la inspección técnica”.

De esta forma se habría vulnerado la Ley de Inspección Vehicular asi como también lo estipulado en los reglamentos de la misma comuna que es la responsable de asegurar que todas las unidades de transporte público cumplan con los requisitos de ley para circular. Además, indican que el cobro no estaba estipulado dentro del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

En el caso del exfuncionario Leonidas Saravia, el fiscal subrayó que incurrió en incumplimiento de deberes funcionales porque desde su cargo “tenía que verificar el cumplimiento de la inspección técnica vehicular”.

En tanto, a Arroyo se le involucra por la ordenanza municipal que emitió y que luego de ser cuestionada, tras la advertencia de la ilegalidad, terminó derogándola.

Según la acusación, se logró recolectar en total 29 mil 80 soles, porque fueron 2,908 los transportistas que abonaron la cuota establecida. La Fiscalía sostiene que la Afocentrapsa iba a ser la beneficiada con los pagos.

“No existe un documento que acredite la compra de una central telefónica”, aseguró el fiscal Añanca.

Finalmente, el fiscal señala que al avalar que las unidades vehiculares no pasen las revisiones técnicas, “se puso en grave riesgo a la sociedad”.

Para sustentar sus acusaciones el Ministerio Público ha ofrecido las testimoniales de dirigentes de distintos gremios de transportistas, además de la también exfuncionaria de la gestión de Arroyo Rojas, Lourdes Sandoval Rojas.

Cuenta también con un peritaje elaborado por la perito adscrita al Ministerio Público, Margarita Lavandera.

En cuanto a documentales, presenta el acta de la asamblea celebrada el 21 de febrero de 2011, el TUPA de la MPS y documentos internos de la comuna que habría cursado la División de Transportes comunicando del pago de 10 soles.