Fiscalía pide informe contable a 69 procesados

El Ministerio Público sigue tras el rastro de los fondos públicos que supuestamente habrían mal utilizado los miembros de la red que operó en Áncash y era liderada presuntamente por el hoy encarcelado César Álvarez Aguilar.

La disposición 118-2015 emitida en la víspera por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios otorga un plazo de tres días para que los 69 procesados por el caso “La Centralita” hagan llegar un informe contable y financiero referido a los años 2007- 2014, es decir durante los dos períodos en que Álvarez estuvo al frente del Gobierno Regional de Áncash (GRA).

AL DETALLE. Y es que el despacho del fiscal Elmer Chirre Castillo desea conocer detalles sobre las cuentas bancarias, ingresos y egresos que puedan justificar las adquisiciones que habrían hecho muchos de los investigados durante estos siete años, relataron fuentes del Ministerio Público a Correo.

El documento fiscal anota que la defensa de los investigados tienen un plazo de tres días para hacer llegar la información al Ministerio Público.

“Esta información va a sercontrastada con la que se tenga de los secretos bancarios y la información que hayan obtenido los fiscales sobre las propiedades de estas personas”, comentó la fuente.

Tal como publicó Correo en ediciones anteriores, la fiscalía también ha solicitado, a través de documentos, información a distintas notarías, municipalidades y empresas prestadoras de servicios a nivel nacional sobre trámites de licencias, recibos e inscripción o transferencia de propiedades sobre los investigados.

“Con toda esta información se podrá determinar si los ingresos que percibían justifican las adquisiciones que hicieron”, anotó la fuente.

El mismo informante relató que muchos de los abogados ya están haciendo llegar los documentos ante el despacho fiscal para su procesamiento.

CITADOS. Desde el 04 del corriente se han programado diligencias de toma de declaraciones para los procesados por este caso en el que se investigan delitos de lavado de activos, peculado y asociación ilícita para delinquir. Para este día han sido citados el comunicador Miguel Revilla Yengle y el prófugo empresario Dirsse Valverde, a quien se le conoce como último paradero el vecino país de Ecuador.

La misma diligencia se ha previsto para el comunicador Felipe Bermúdez, exjefe de Imagen Institucional de la Subregión Pacífico y actualmente en la clandestinidad.

Un grupo de fiscales se trasladará hasta el penal de Piedras Gordas en Lima el 10 y 11 de este mes, para interrogar a Evaristo Chauca Huete y al sentenciado Vinci López Valverde, en el marco de las pesquisas.

JUICIO PARA EL 2016. “La Centralita” empezó a investigarse desde el 2011 y recién el próximo año podría ingresar a la etapa de juicio de oral, estimó ayer el procurador anticorrupción Joel Segura.

“Hacer el cálculo está medio complicado, hay 69 personas, se están haciendo los grupos para trabajar de manera más o menos organizada; va a ser bien complejo que empecemos este año el juicio del caso La Centralita, probablemente el próximo año, en términos de cálculo”, declaró el abogado a la Agencia Andina.

El letrado indicó que aún faltan “unos meses” para que la concluya la etapa preparatoria de este caso y no descartó que exista “la necesidad de algún tiempo adicional” para concluir las indagaciones.

Sobre la cantidad de investigados, refirió que las 69 personas comprendidas en la investigación preparatoria, “tienen una vinculación más o menos importante” y serán evaluadas uno por uno, a fin de ver si se reduce este grupo o se mantiene, de acuerdo a las pruebas.

Aunque hay que precisar que la anterior procuradora del caso “La Centralita”, Yeni Vilcatoma indicó - antes de ser removida del cargo - que trabajaba en una ampliación de investigados, entre los que se podrían encontrar más empresarios, comunicadores e incluso miembros del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, entidades hasta donde se habría extendido esta red.

Segura, afirmó que la participación de Martín Belaunde en las actividades del entonces presidente regional de Áncash, César Álvarez ha sido muy cercana, porque formaba parte de su entorno central.

“Aquí lo que ha habido es una participación concreta de Martín Belaunde en todos estos hechos, ha apoyado fuertemente al señor César Álvarez en esta manipulación, control y casi autoritarismo total de la región Áncash”, sostuvo.

El letrado comentó que las pesquisas han podido dilucidar hasta el momento que el amigo de la pareja presidencial no solo manejaba la imagen de Álvarez para posibles reelecciones, sino que también participaba en la elaboración de campañas de desprestigio contra los opositores del exmandatario ancashino.

“El punto era ¿qué fondos sostenían todas estas acciones?; él ha sido parte de todo eso y los fondos no eran personales de César Álvarez, eran del gobierno regional, en términos comunes”, subrayó.

Para probar las imputaciones a Belaunde, remarcó que serán necesarias muchas pericias para probar los delitos de peculado, cohecho, malversación. Sin embargo, consideró “razonable” imputarle el delito de peculado al exasesor del presidente Ollanta Humala.

Además de la abundante información y el número de investigados, el abogado del Estado remarcó que muchos de los testigos no querían declarar, pero empezaron a hacerlo cuando el expediente fue traído a Lima.