El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, negó haber declarado ser trabajador independiente antes de ser dado de alta del hospital Rebagliati, de Lima, donde estuvo internado varias semanas en cuidados intensivos tras enfrentar el COVID-19.

La mañana de ayer, Morillo Ulloa participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra en el Cerro de la Juventud de Chimbote. Al término, fue consultado por la prensa sobre un nuevo pedido de suspensión en su contra presentado al JNE por incapacidad física. “Hay gente que quiere boicotear esto (la gestión)”, señaló.

De otro lado, el gobernador negó haber declarado ser trabajador independiente al médico que le otorgó el alta en el hospital Rebagliati.

“Yo no lo dije, a mí nunca me preguntaron. Me dijeron: ‘mañana le damos de alta’, y listo. Se tergiversan las cosas, eso es lo lamentable. Si hubiera un audio mío, una firma... nunca me lo preguntaron”, señaló.

El gobernador aseguró que ha enviado una carta al hospital capitalino para que aclaren esta situación. “Ya lo están aclarando”, aseveró.

Vale recordar que en entrevista con Correo, el gerente del citado nosocomio, Juan Santillana, confirmó que la autoridad ancashina dijo al galeno encargado de autorizar su alta que “es trabajador independiente y no necesita descanso médico”.

Un día después de salir del hospital, como se sabe, Morillo reasumió sus funciones y ya no pudo reemplazarlo el vicegobernador.

Ayer se conoció que la Corte Suprema fijó para el viernes 13 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, la audiencia para calificar el recurso de casación que presentó la defensa del gobernador de Áncash, para no ser investigado por el delito de falsa declaración en proceso administrativo.

En agosto de 2019, el juez supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Áncash, Fernando Espinoza Jacinto, declaró fundada la excepción de improcedencia de acción solicitada por el gobernador ancashino. Es decir, lo salvó de la investigación que la Fiscalía realizaba por no haber declarado dos de la cinco condenas que pesaban en su contra, esto en la hoja de vida que entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular al Gobierno Regional de Áncash (GRA).

El Ministerio Público apeló la decisión del juez Espinoza Jacinto y, en noviembre del año pasado, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte de Áncash revocó la resolución judicial de primera instancia. En tan sentido, el colegiado dispuso que siga adelante la pesquisa en contra del mandatario regional.

A inicios de 2020, se aprobó el pedido de la defensa de Morillo Ulloa para que el caso sea revisado por la Corte Suprema. Ayer la Sala Suprema Penal Permanente recién fijó fecha para calificar el recurso de casación, última carta con la que cuenta el gobernador regional para ya no ser investigado por el delito de falsa declaración en proceso administrativo.