GRA pagó S/ 2 mlls a constructora por laudo, pese a que no ejecutó trabajos

Los resultados de una auditoría de control, ejecutada por profesionales de la Contraloría General de la República, advierten la existencia de un perjuicio económico de más de 2 millones de soles al Gobierno Regional de Áncash (GRA). Las conclusiones apuntan a que 13 exfuncionarios - tanto de la Subregión Pacífico como de la sede central de la Región - tienen responsabilidad penal, civil o administrativa en estos actos.

PLATA POR NADA

La Región firmó el contrato con la empresa constructora el 25 de febrero de 2012. Contando desde ese día, el consorcio tenía 30 días calendario para la elaboración del expediente técnico y 270 para la ejecución de la obra. Sin embargo, la empresa no cumplió con el primer trabajo (el expediente) y los funcionarios regionales no requirieron el mismo y mucho menos aplicaron penalidades, indica la Contraloría.

Pasaron 199 días después de la fecha prevista para la entrega del expediente. El consorcio lo hizo, pero el documento presentaba observaciones y la Subregión Pacífico tomó la decisión de rescindir el contrato, solo que no se lo comunicó a la empresa, por lo que esta última planteó la disolución del contrato pero por las causales de falta de entrega de terreno y la omisión de designar a un ingeniero supervisor.

Pese a que el consorcio jamás movió ni colocó una sola piedra de la obra, presentó una liquidación de contrato valorizado en 2 millones 185, 527. 13 soles. Esta pretensión de la constructora fue resultado de un laudo arbitral, en el que se falló su favor. Es decir, el GRA debería pagarle más de 2 millones de soles, prácticamente, por no haber hecho nada de la obra.

Si bien todo esto ocurrió cuando la Región tenía como gobernador a Álvarez, el pago del laudo se concretó en 2017, cuando Áncash tenía como máxima autoridad regional a Luis Gamarra Alor.

A decir del gerente regional de Control de Áncash, David Quiroga Paiva, tampoco hubo una adecuada defensa de la institución (el GRA) en la demanda de pago que le hizo el consorcio. El funcionario de la Contraloría cuestionó el perjuicio ocasionado a las arcas de la Región por estos funcionarios.

“Sin haberse movido ni una sola piedra de esa obra (se pagó el laudo), entonces, nosotros estamos identificando responsabilidad penal no solamente en funcionarios de la Subregión Pacífico, sino también del mismo gobierno regional. No puede ser posible que por inacción de los funcionarios públicos, nosotros estemos regalándole a un tercero 2 millones 200 mil soles. Exhortamos a las autoridades competentes, a los órganos jurisdiccionales, para que se actúe con todo el rigor de la ley, porque no puede ser posible que ante la falta y la carencia de necesidades, no solamente en la provincia del Santa, sino en las demás de la región, y vamos a estar regalándole dinero a un contratista”, enfatizó Quiroga.

LOS NOMBRES

Son tres los grados de responsabilidad que delimita la Contraloría : civil, penal y administrativa. En los dos primeros casos, la Procuraduría de la entidad contralora procede a realizar la denuncia ante el Ministerio Público y en el caso de la responsabilidad administrativa, debido al reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), es la misma institución la que establece las sanciones.

En la lista encontramos a los dos exgerentes de la Subregión Pacífico, Pamela Bermúdez Rodríguez y Juan Gallo Zegarra, hombres de confianza del preso exgobernador ancashino, César Álvarez Aguilar. En ambos, la Contraloría señala que existe responsabilidad civil y administrativa. Cabe recordar que los dos se mantienen en la clandestinidad evadiendo órdenes de captura por otras investigaciones relacionadas a temas de presuntos actos de corrupción.

También responsabilidad civil y administrativa, considera la Contraloría, que existe en William Bejarano Rivera, Giovani Montoya Siles y Samuel Méndez Siccha, quienes ocuparon el cargo de exsubgerente de Infraestructura y Medio Ambiente de la Subregión Pacífico.

En el caso del exprocurador del GRA, Manuel Ortíz León (durante el período agosto de 2014 a febrero de 2015), la entidad contralora indica que hay responsabilidad penal.

Todos los anteriormente mencionados laboraron en el GRA en la gestión de Álvarez. En el caso de la gestión de Gamarra, encuentra responsable administrativamente al exgerente de Asesoría Jurídica de la Subregión Pacífico, Luis Aparicio Cavero y el exgerente de esta entidad José Corcuera Medina.

Finalmente, considera la existencia de responsabilidad penal y administrativa en William Huerta Castillo, exsubgerente de Presupuesto; Héctor Falcón Jara, exgerente regional de Infraestructura; Jesús Escobedo Rupay, exgerente regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Felipe Mantilla Gonzales, exgerente regional de Administración y Edgar Macedo Calderón, exjefe del área de Fiscalización.