JNE da luz verde a Waldo, pero si gana no podrá ejercer el cargo
JNE da luz verde a Waldo, pero si gana no podrá ejercer el cargo

En una polémica resolución, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que el candidato regional por Puro Áncash, Waldo Ríos Salcedo, participe en la segunda vuelta para elegir al presidente regional de Áncash, pero en caso de ganar la contienda no podrá ejercer el cargo.

En una nota de prensa publicada en su portal institucional, el máximo ente electoral señala que el pleno resolvió que Waldo Enrique Ríos Salcedo “se encuentra impedido de asumir mandato y cargo público hasta que el órgano jurisdiccional penal competente disponga su rehabilitación de la sentencia condenatoria que le fuera impuesta en el año 2008”.

No obstante, desestima los cuatro recursos de apelación interpuestos contra la decisión del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que decidió no excluir a Waldo Ríos Salcedo de la segunda vuelta electoral para la elección del presidente del Gobierno Regional de Áncash.

En los fundamentos de su decisión, el JNE señaló que la justicia penal especializada informó que el candidato Ríos Salcedo no estaba rehabilitado de la sentencia con pena privativa de la libertad que le fuera impuesta el 3 de junio de 2008 con posterioridad a la jornada electoral del 5 de octubre, en la que el voto popular colocó a Waldo Ríos en la segunda vuelta para la presidencia del Gobierno Regional de Áncash.

“Por ello, atendiendo a los principios de preclusión y seguridad jurídica, no resultaba legítimo retirarlo de la contienda electoral, pues las etapas para la verificación de los requisitos de postulación estaban cerradas y la voluntad del electorado se había manifestado ya en las urnas”, señala la nota de prensa.

Aun cuando su retiro de la segunda vuelta no era posible, el Pleno del JNE dejó establecido que Waldo Ríos Salcedo no se encontraba rehabilitado de la sentencia condenatoria que le fuera impuesta, por lo que de resultar electo presidente del Gobierno Regional de Áncash, no podría asumir el cargo hasta que el órgano jurisdiccional competente declare su rehabilitación

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