Jueces y Fiscalía ponen contra la pared a Arroyo en interrogatorio

“Desconozco”, “no era mi competencia” y “no recuerdo” fueron algunas de las palabras que empleó Luis Arroyo Rojas para salir de las preguntas que le plantearon las autoridades judiciales en torno a la millonaria inversión que hizo la Subregión Pacífico en un servicio de fumigación, en el 2009, cuando él estaba al frente de esta unidad ejecutora del Gobierno Regional de Áncash.

Desde el penal de Piedras Gordas, donde permanece recluido por delitos de corrupción y sicariato, el también exalcalde de Chimbote, fue sometido a interrogatorio en el marco del nuevo juicio que se desarrolla por el caso conocido como “Desratización”.

Como se sabe, el Ministerio Público sostiene que la Subregión Pacífico pagó 3 millones 100 mil soles por un servicio de fumigación y supervisión del mismo, que aparentemente no tendría sustento para su ejecución y que además habría sido fantasma. Además indician que las bases habrían estado hechas a medida del postro que finalmente se adjudicó el servicio.

Arroyo Rojas junto a otras 13 personas son procesadas por este caso y la Fiscalía solicita para la otrora mano derecha de César Álvarez, la pena de 15 años de cárcel.

INTERROGADO. El interrogatorio a Arroyo se inició sobre las 9 de la mañana y se extendió casi hasta las 11.

La primera en plantear sus interrogantes fue la fiscal Carla Zuloaga.

La fiscal le consultó porque sustentó el servicio de fumigación en un documento posterior a la elaboración de bases, a lo que Arroyo dijo que se trataba de un “error administrativo” en cuanto a fechas.

También le consultó porque luego de la realización de la supuesta fumigación, aún se hablaba de la presencia de dengue, a lo que el acusado respondió que la presencia del mozquito es “hasta la fecha”.

Ante la representante del Ministerio Público, el exgerente de la Subregión Pacífico sostuvo que el servicio de fumigación en Chimbote, Casma, Nuevo Chimbote y Huarmey; sí se realizó e incluso aseveró que él mismo se acercó a las zonas donde se ejecutaron las fumigaciones para verificar ello.

El momento en que el Ministerio Público sometió a interrogatorio a Luis Arroyo, fue preciso para que la exautoridad tratara de desmentir todos los testimonios que brindaron sus exfuncionarios en el juicio y que lo complicaban, tales como presiones que habría ejercido sobre ellos para la elaboración de las bases del proceso y sus suspuestos vínculos con el empresario Binci López, también procesado en este caso, pero que se acogió a la conclusión anticipada; es decir reconoció todos los cargos, en el jucio anterior.

“Son declaraciones convergentes y contradictorios”, expresó Arroyo.

“Desconozco”, fue la palabra que utilizó para responder si es que conocía si alguna de las empresas tenía imposibilidad para competir en el proceso y si el consorcio Químico Ambiental compró o no los bases del proceso.

Sobre los pagos a las empresas prestadoras del servicio reconoció que firmó las conformidades de pago, pero aremarcó que lo hizo porque “pasaban por siete filtros” antes de llegar a su despacho.

Finalmente reconoció que no tomó ninguna acción a nivel administrativo, luego que la Contraloría General de la República, interviniera por presuntas irregularidades en el proceso.

“Entró (el caso) a una etapa judicial y ahí tendríamos que responder”, arguyó.

Aunque Arroyo Rojas ha dicho ante la Fiscalía que no tiene mayor vínculo amical con Binci López, sí dijo que en una oportunidad en la Subregión Pacífico le dijeron que López quería hablar con él y que estaba afuera. La Procuraduría Anticorrupción, representada por el abogado Leobardo Lavado, reparó en este detalle y le pidió que precisara en qué circunstancias conoció a López.

Algo nervioso Arroyo narró que un día le comunicaron que quería hablar con él y que fue su secretaria quien le dio ese anuncio. Una vez negó cualquier relación con López.

SE COMPLICA. Pero no fue hasta las preguntas que hicieron los miembros de la Sala Penal Liquidadora cuando Arroyo Rojas se complicó con sus respuestas.

Los vocales le consultaron porqué se invirtió en labores de fumigación en etapa de invierno, cuando el mal suele hacerse más evidente en verano, a lo que Arroyo respondió que “era una labor preventiva”. Luego, le consultaron si existía un informe especializado para que se invierta tanto dinero en la fumigación y Arroyo dijo : “si existe, debe existir en la Subregión”.

Y es que según Arroyo Rojas, “el pueblo” era el que pedía comobatir la plaga de ese entonces.

Además, Arroyo sostenía que existía un documento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) pidiendo al Gobierno Regional de Áncash (GRA) labores preventivas, pero el juzgado puso en evidencia que en el documento lo que se requería en realidad era que la Región equipe con insumos químicos al Hospital La Caleta, más no que la Subregión Pacífico invierta económicamente en la fumigación, ya que esto era competencia del Ministerio de Salud.

Arroyo insitió en que visitó los pueblos en que se desarrolló el servicio y que le consta que este sí se realizó, sin embargo no supo precisar cuándo fue ni con quienes del consorcio se entrevistó. Es más, tampoco pudo precisar cuál de las dos empresas que se había contratado ejecutaba el servicio en los pueblos que él refirió visitar.

Sobre de dónde surgió la idea para invertir en labores de fumigación, Arroyo respondió que fue la Subgerencia de Infraestructura con la Gerencia de la Subregión Pacífico. También reconoció que la sugerencia de extender el servicio a Huarmey y Casma, reconoció que fue de su despacho.

Algo que dejó flotando a la suspicacia en el aire, fue la carta 40-2009 enviada al despacho de Arroyo Rojas por el consorcio Fumigaciones del Norte, que tiene fecha de ingreso 29 de octubre de 2009 a las 8 y 30 horas.

Resulta que ese mismo día que la empresa solicitaba el pago, se giraron los cheques a su favor y se produjo el cobro de los mismos. Arroyo Rojas, no puso explicar la extraña celeridad en este trámite, pese a que antes había dicho que estos tipo de trámites suelen tardar por lo menos una semana y que además en su despacho habían varios pagos pendientes.

Arroyo Rojas aseguro no conocer a Ruben Moreno Olivo “Goro” y mucho menos a Jaime Alexander Sánchez Cachay “Piolín”. A este último lo negó como miembro de su seguridad personal, sin embargo no supo precisar cuando se le consultó qué hacía “Piolín” al interior de la Subregión Pacífico.