Les ponen candado. El Poder Judicial ha considerado que dos embarcaciones pesqueras que fueron incautadas en el marco de las investigaciones por el caso “La Centralita”, deben continuar en esa condición y bajo custodia de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).
Se trata de las naves pesqueras “Rey David”, de matrícula HO-04489- CM y “David”, de matrícula HO-04663- CM, las cuales se encuentran inscritas a nombre de Juan Eulogio Cortez Bravo y Rafaela López Pineda, sindicados por el Ministerio Público como presuntos testaferros de la prófuga comunicador chimbotana Rosa Alicia Olivares De La Cruz. Los tres tuvieron la condición de investigados dentro del expediente del caso “La Centralita”.
Con fecha 26 de agosto de 2014, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de incautación de ambas embarcaciones. Posterior a ello se emitió una segunda resolución, el 9 de septiembre de ese año, precisando que el titular actual de las embarcaciones era la empresa Jobercot SAC, a quienes habían sido transferidos los bienes.
APELACIÓN. Justamente esta compañía ha planteado un recurso de apelación donde solicita la nulidad de las resoluciones antes mencionadas. Sin embargo esta pretensión ha sido denegada por el Colegiado “A” de la Sala Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La defensa de la empresa arguyó que no exisistió una adecuada motivación para emitir la resolución de incautación, no obstante el tribunal de los vocales superiores no ha compartido este criterio.
“ (...) se advierte que las decisiones jurisdiccionales (que ordenaron el embargo) son producto del razonamiento realizado, pues, sobre la base de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, considera razones más que suficientes para dudar del origen lícito del dinero que habría servido para adquirir dichas embaraciones, dudas que tampoco han sido aclaradas en la audiencia de apelación por la defensa”, se lee en la resolución número 2, fechada el 4 de abril de este año y que ha sido emitida por el colegiado en mención.
El juzgado señala que las sospechas respecto a la forma de adquisición de las embarcaciones, surge “de una análisis minucioso de la documentación presentada por la Fiscalía”. Entre ellos, hace mención a que “el dinero, objeto de la compra, no se ha canalizado por el sistema bancario, por lo que existen dudas de su real entrega a los vendedores”. También señala que hasta el momento no se ha esclarecido “la capacidad económica” que pudo haber tenido la familia Cortez - López, quienes en su momento figuraron como propietarios de las naves.
Los jueces anotan asimismo en su resolución que “según la documentación registral, la empresa tampoco aparece con capacidad para adquirir las embaraciones, al haberse constituido con un capital de cinco mil soles y no registrar aumentos de capital que justifiquen el pago de 40 mil dólares americanos que se consignan como valor de las dos embaraciones”.
Remarca que al haberse dictado la medida de incautación en un proceso que involucra delitos de corrupción y lavado de activos “no resulta jurídicamente que se ampare el recurso de apelación”.