La Fiscalía inicia diligencias en etapa preliminar por denuncia del PCA

El Ministerio Público indaga el presunto delito de concusión, tras denuncia de incumplimientos de cláusulas de contratos de proveedores a quienes se les adjudicaron procesos para abastecer productos para programas sociales. Inspección al almacén formaba parte de la pesquisa en etapa preliminar
La Fiscalía inicia diligencias en etapa preliminar por denuncia del PCA

La Fiscalía inicia diligencias en etapa preliminar por denuncia del PCA

24 de Diciembre del 2017 - 08:19 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

Aunque tanto la alcaldesa provincial del Santa, Victoria Espinoza, así como sus principales funcionarios minimizaron la denuncia de presuntas irregularidades en el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), lo cierto es que ha raíz de ello, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sí emitió una documento disponiendo la realización de diligencias preliminares.

Se trata de la disposición fiscal 1, que en buena cuenta indica el inicio de una investigación preliminar, por espacio de 180 días para determinar si existieron o no irregularidades. El documento al que ha tenido acceso Correo es de fecha 12 de diciembre de este año, y lleva la firma del fiscal coordinador Felipe Elías Silva.

El presunto delito que busca determinar la Fiscalía es el de concusión, en la modalidad de colusión con defraudación patrimonial al Estado, en agravio de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS).

DENUNCIA. La información que se manejaba a nivel de medios, era la denuncia de un presunto desbastecimiento de productos en el almacén del PCA, sin embargo, el fondo de la acusación, en realidad, es otro.

La denuncia del regidor provincial, Javier Estrada, daba cuenta de que los proveedores seleccionados por la comuna provincial para abastecer de productos para el PCA, habrían incumplido plazos y que “pese a ello la Municipalidad Provincial del Santa les viene cancelando oportunamente y sin aplicar penalidades establecidas en los contratos, presumiéndose por parte del denunciante la existencia de actos colusorios entre los funcionarios” de la comuna y los empresarios en agravio de la municipalidad.

El concejal observa básicamente los contratos firmados entre la comuna y las empresas Don José Inversiones Generales EIRL y la Asociación de Productos Agroindustriales y Marinos San Carlos. A ellos se les adjudicaron los procesos para abastecer de 26,360 kilos de arveja verde partida nacional y 26,360 kilos de pallar seco nacional baby, así como también 295,675 kilos de arroz corriente mejorado.

La disposición fiscal indica que el denunciante hace mención a dos documentos que probarían retrasos en la entrega de productos. Uno de ellos es el informe 417-2017, del 22 de noviembre, emitido por la subgerente de Programas Alimentarios, Gina Valera Morales y el otro es un memorando 596-2017, refrendado por la Gerente de Desarrollo Social y Humano, Paola Huamán Vela.

DILIGENCIAS PROGRAMADAS. El apersonamiento del fiscal Felipe Elías Silva junto con los regidores Javier Estrada, Maribel Albarrán y Jorge Glenni Sosa al almacén del PCA, el pasado 12 de diciembre, forma parte de las diligencias preliminares que dispuso el fiscal Felipe Elías Silva.

Esta visita, menciona el documento de la Fiscalía, tenía como finalidad que en el acto los responsables “cumplan con exhibir y entregar copias certificadas de las guías de remisión y papeletas o pecosas de salida de los productos materia de los contratos”, que son materia de la denuncia.

Se debe mencionar que días después de esta inspección, los fiscales acudieron hasta la comuna provincial donde sostuvieron una reunión con el gerente municipal, Edgar Tapia Palacios. En ese entonces, el funcionario edilicio afirmó que habían cumplido con entregar toda la información correspondiente y que además se había demostrado al equipo del Ministerio Público, que no existía desabastecimiento.

Además de la disposición fiscal 01, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha emitido, el pasado 14 de diciembre, la providencia número 1 con una lista de nueve diligencias a realizar desde los primeros días de enero. Este documento lleva la firma del fiscal adjunto provincial anticorrupción del Santa, Risel Chicle Flores.

Así, por ejemplo, la Fiscalía ha citado para el próximo 4 de enero al regidor Javier Estrada, para que declare como autor de la denuncia.

De igual manera para el día 9 de enero, desde las 8:30 de la mañana, se hará lo propio con las funcionarias municipales Lily Rodríguez Zavaleta, Amalia Herrera Vásquez y Gina Valera Morales. Para es mismo día, pero en la tarde, se ha convocado al representante de la empresa Don José Inversiones Generales EIRL.

En tanto, para el día 10 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana se ha citado a la gerente de Desarrollo Social y Humano de la MPS, Paola Huamán Vela y los gerentes Martín Llontop Virhuez y Edgar Tapia Palacios. Por la tarde, la Fiscalía planea interrogar al representante de la Empresa de Asociación de Productores Agroindustriales y Marinos “San Carlos”.

El fiscal también ha dispuesto oficiar a la comuna provincial para que remita copias fedateadas de documentos de gestión como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF), así como también emita un informe sobre qué funcionarios estuvieron a cargo del comité de licitaciones de los procesos que fueron adjudicados a los proveedores en mención.

También da cuenta de documentos que solicitarán a la Oficina de Registro Nacional de Proveedores del Estado y de la Oficina Registral de Chimbote, respecto a los proveedores.

Finalmente menciona comprobantes de pago que han sido alcanzados por el gerente municipal Edgar Tapia así como el escrito presentado por José Santos. La Fiscalía puntualiza que serán agregados a la carpeta fiscal a fin de que sean merituados en su oportunidad.