Luna recibe facultades para nombrar y cesar funcionarios

El gerente general del Gobierno Regional de Áncash (GRA) ha adquirido facultades para que pueda “designar y cesar a los gerentes regionales así como a los funcionarios de confianza de las unidades ejecutoras” que tiene la entidad regional.

La decisión ha sido tomada por el mismo gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa y ha quedado plasmada en la Resolución Ejecutiva 124- 2019, que lleva su rúbrica y que fue emitida el pasado 15 de enero, pero recién ayer se difundió a través de las redes sociales.

La medida adoptada por el gobernador Morillo, se da luego de las renuncia del primer titular de la Dirección Regional de Salud de Áncash (Diresa) que sucedió solo a los dos días de su nombramiento y el retiro de Wilmer López, de la Dirección Regional de Agricultura, según indicó el GRA, por presuntos actos de corrupción.

Trascendió que estas situaciones inestables habrían motivado a que Morillo le entregue estas facultades a su gerente general, Luis Luna.

Lo cierto es que hasta hace poco, Luna había decidido mantenerse al margen de los nombramientos y designaciones que había hecho en sus primeros días Morillo y afirmó que el no había intervenido en ninguno de estos actos.

“La norma establece que es el gobernador quien tiene que tomar la decisión de la designación de los cargos de confianza, motivo por el cual, yo no tengo ningún inconveniente, porque toda mi vida en todas las instituciones donde he trabajado siempre lo he hecho desde un punto de vista técnico y todo aquel que está dentro de un cargo de confianza, en torno a lo que va a ser mi gestión, tiene que actuar de esa manera, sino caso contrario, ya hemos quedado bien claro de que obviamente va a tener que ser retirado. La idea es hacer un trabajo responsable, serio, técnico y sin corrupción, si están alineados a ellos, obviamente que serán parte del proyecto en el cual pretendemos continuar, caso contrario, van a tener que ser separados”, declaró Luna al respecto anteriormente en una entrevista con Correo, a los pocos días de ser designado a como gerente general del GRA.

Este diario intentó comunicarse telefónicamente con el gerente general, Luis Luna, sin embargo, hasta el cierre de nuestra edición, no atendió ninguna de nuestras llamadas pese a la insistencia.

ADVERTENCIA

Es el caso, del fiscal de prevención del delito de Huaraz, Carlos Rodríguez Martínez, quien ha pedido a las autoridades comprobar que los profesionales elegidos para las gerencias cumplan con todos los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), instrumentos de gestión de cada una de las entidades.

“Al momento que van a designarlos o nombrarlos, deben tener en cuenta el MOF, tengan en cuenta el perfil que se exige, la trayectoria, ya que algunos cargos exigen determinado tiempo de servicio en la actividad pública o en la actividad privada, el titulo profesional y una serie de requisitos o sino se van a ver sometidos a una denuncia penal, una investigación, un juicio y posteriormente una sentencia”, subrayó.

Recordó que ya hay casos de exgobernadores regionales y alcaldes sentenciados por el delito de nombramiento indebido del cargo. No obstante, remarcó que la responsabilidad también alcanza al funcionario que acepta la designación, ya que este sería procesado por aceptación indebida del cargo. La pena máxima para estos delitos contra la administración pública es de 3 años (suspendida) e inhabilitación para desempeñarse en la función pública por el mismo tiempo.

“Es un delito que abarca no solo el nombramiento, sino la aceptación indebida del cargo, porque no solamente se sanciona, en el ámbito penal, al que nombre, sino también al que acepta (el cargo), porque lo hizo sin cumplir los requisitos exigidos. De acuerdo a la ley, es un delito contra la administración pública y tiene una pena de 3 años y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, entonces, estamos ante una conducta penalmente relevante, más aún que aparte de esta sanción penal hay una sanción administrativa a nivel de Contraloría, estamos hablando de una dualidad de sanciones en este contexto”, remarcó.

“Finalmente quien designa, quien nombra es el gobernador, puede tener muchos asesores externos, pero quien suscribe la resolución nombrando o designando a los funcionarios, es el gobernador”, agregó el representante del Ministerio Público para explicar sobre quiénes recaen las responsabilidades en estos casos.

 En el caso del gobernador Juan Carlos Morillo, ya se ha entablado una denuncia en su contra por presuntas vulneraciones a los documentos internos de la Región en algunas designaciones que ha realizado hasta el momento.

El escrito ha sido ingresado ante la Oficina de Control Regional en Áncash de la Contraloría General de la República, la semana pasada por el ciudadano Jhony León Patricio, quien afirma que algunos de los profesionales elegidos por Morillo no cumplirían los requisitos estipulados para desempeñarse como gerentes o directores regionales.

El gerente general de la Oficina de Control Regional de Áncash, en Huaraz, David Paiva Quiroga, confirmó el ingreso del documento y precisó que la denuncia seguirá el trámite correspondiente, ya que este momento se encuentra en evaluación.

Explicó que este tipo de denuncias son evaluadas por el Órgano Instructor de Contraloría y que la ley no faculta a la entidad a actuar o sancionar de oficio en estos casos.

“Se hará la evaluación correspondiente para determinar si es que corresponde una auditoria de cumplimiento, porque las sanciones que aplica La Contraloría no son sanciones de oficio, sino motivadas a través de una auditoria de cumplimiento”, explicó en una entrevista con la periodista Agnes Clemente de la ciudad Huaraz.