Ministerio Público pide 5 años de cárcel para Luis Arroyo y exregidores

Un nuevo pedido de cárcel por parte del Ministerio Público (MP) recae sobre el exalcalde provincial del Santa, Luis Arroyo Rojas, quien actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas, acusado de delitos de corrupción y crimen organizado.

Esta vez, la exautoridad de nuestra provincia no está solo en esta delicada situación judicial que deberá afrontar. Junto a él otras once personas, en las que figuran los nueve exregidores de su gestión edilicia, han sido comprendidos en el requerimiento acusatorio que ha formulado el titular de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa, Laureano Añanca Chumbe.

Se trata del caso contenido en la carpeta fiscal 219- 2012, referido a presuntas irregularidades en la concesión del servicio de “fotopapeletas” electrónicas a los transportistas a la Empresa de Servicios Tecnológicos de Radares Zaikafer, uno de los más grandes escándalos que afrontó Arroyo durante el tiempo que ocupó el sillón municipal.

LOS ACUSADOS. La Fiscalía acusa a los procesados del presunto delito de negociación incompatible. Además de Arroyo están comprendidos: Alberto Enríquez Namay, Víctor Llanos Muñoz, Gilberto Arellano Castillejo, Oswaldo Ávalos Ángulo, Henry Torres Romero, Katherine Moreno Alzamora, Norberto Aguilar Carranza, Adela Vásquez Córdova y Carlos Lynch Rojas; todos ellos exregidores de Arroyo y en su mayoría pertenecientes al movimiento “Cuenta Conmigo”.

Acompañan a ellos, la exjefe de Administración Tributaria de la comuna Carmen Villanueva Acosta y Zaida Karina Fernández Morales, representante legal de la empresa beneficada con el servicio.

Para todos ellos la Fiscalía ha solicitado 4 años y diez meses de cárcel, salvo para la exregidora Adela Vásquez para quien el Ministerio Público pide que se le aplique una sanción de 3 años, pero también efectiva.

La acusación fue ingresada mediante un requerimiento mixto en noviembre del año pasado, pero el pasado 14 de octubre, la Fiscalía ha presentado un documento realizando la precisión específica para cada imputado ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa.

OTRO DELITO. El último documento ingresado por el despacho del fiscal Añanca, precisa también que el Ministerio Público le ha otorgado una calificación alternativa al presunto delito cometido en esta concesión.

Es así que si la acusación no es aceptada por negociación incompatible, entonces Arroyo y compañía podrían ser juzgados por el delito de colusión, por el cual la Fiscalía solicita la pena de 5 años y dos meses de cárcel para los imputados. En el caso de Vásquez Córdova la sanción requerida es de 4 años de cárcel.

El día D para todos los acusados será el próximo jueves 12 de noviembre. Para ese día se ha fijado la audiencia de control de acusación, la cual se desarrollará desde las 2:30 de la tarde y que además se prevé que sea prolongada debido a la cantidad de imputados, así como los recursos legales que estos seguramente presentar para evitar ir a un juicio oral.

Será el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo, quien decida si acoge o no la acusación formulada por el Ministerio Público.

El origen de esta investigación fiscal es el acuerdo de concejo municipal 013- 2012, en el cual con la mayoría de miembros del pleno (nueve votos ) a favor, no solo acordaron concesionar el servicio de cobro de “fotopapeletas”, sino también le habrían dado el servicio a la empresa Zaikafer, según una acta de sesión de concejo, que luego los regidores dijeron estuvo mal redactada.

“La tesis principal del Ministerio Público es que se habrían vulnerado los procedimientos de contrataciones públicas, establecidas en diversos reglamentos y que habría exisito un contubernio para favorecer a una determinada empresa con el servicio de ‘fotopapeletas’ electrónicas”, explicó a Correo el fiscal Laureano Añanca.

Para la Fiscalía los regidores además se habrían excedido en sus funciones al aprobar con nombre propio la concesión, cuando sus funciones solo debieron limitarse a emitir opinión sobre la propuesta de entregar el servicio a un tercero.

En promedio, el Ministerio Público ha podido reunir hasta quince elementos de convicción para cada uno de los imputados, durante la etapa de investigación preparatoria. Entre las documentales se encuentran actas de sesión de concejo, ordenanzas municipales, resolución de alcaldía y diversa comunicación interna de la comuna provincial.

Al respecto el exregidor Alberto Hurtado Chancafe, quien también formó parte de esa gestión, recordó que ellos votaron en contra porque consideraron que “era equivocado administrativamente”.

Recordó que en la sesión se votó solo a favor de la concesión del servicio, sin embargo luego en el acta de dicha sesión apareció como si los regidores hubiesen aprobado otorgar el servicio a una determinada empresa.

“Yo desconoce los elementos de la investigación preparatoria, pero si la fiscalía está acusando debe ser porque hay elementos de convicción o ha encontrado suficientes pruebas”, señaló.

Justamente, en su momento, tanto Arroyo como los concejales dijeron en su defensa que ellos solo se limitaron a aprobar la concesión más no acordaron entregar el servicio a una determinada empresa. Durante sus descargos, la mayoría coincidió en señalar que existieron errores por parte del secretario general de ese entonces al momento de transcribir el acta.