Observan contratación de personal en la MPS
Observan contratación de personal en la MPS

La Contraloría General de la República ha advertido la existencia de “riesgos”en las modalidades de contratación de personal que viene realizando la gestión del alcalde Roberto Briceño Franco, en la .

Estas conclusiones se encuentran contenidas en el informe 034-2019 que el pasado 4 de octubre, la entidad contralora alcanzó al despacho del alcalde provincial. El documento tiene la rúbrica de la jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) de la comuna, Mirian Rodríguez Vigo.

PERSONAL SIN CONCURSO. La primera parte de la revisión de los auditores de la Contraloría estuvo referida a la contratación del personal bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), en la MPS. De la información proporcionada por la propia área de Recursos Humanos, la Contraloría ha comprobado que este personal tiene contrato vigente con la municipalidad, sin que haya ingresado mediante concurso público, tal y como lo establecen las normas.

En ese sentido, advierten: “contratación de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, inoserbando sus normas de acceso, genera el riesgo que se declare su nulidad en vía administrativa, contraviniendo el principio de meritocracia e impidiendo la existencia de una relación válida”.

El marco legal que usa la entidad contralora para observar este hecho es el artículo 5° de la Ley Marco Público así como la propia normativa del CAS, que establece que los ingresos del personal mediante esta modalidad debe ser mediante concurso público, a excepción del personal de confianza y directivos.

No obstante, en el oficio 954-2019, la Gerencia de Recursos Humanos, precisa que el ingreso del personal CAS, fue directo, es decir sin ninguna evaluación de por medio.

De acuerdo a la información remitida por esta área, actualmente hay 66 personas contratadas bajo este régimen en la comuna provincial. Entre las áreas en las que se ha contratado personal CAS, se encuentran la Procuraduría Municipal, la Subgerencia de Cobranza y Control de la Deuda, Subgerencia de Tesorería, Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública, Gerencia de Recursos Humanos; entre otras.

Respecto a la contratación del personal CAS en Recursos Humanos, la MPS ha señalado que esto “obedece a la necesidad que tiene la institución pública de cubrir la prestación de servicios y el desempeño de funciones que son parte de la entidad, teniendo como finalidad salvaguardar los intereses del Estado”. Sin embargo, para la Contraloría “dicho sustento no tiene amparo legal específico en la normativa vigente”.

LOCADORES. El segundo “riesgo” detectado por la Contraloría en este informe, está referido a la contratación de personal que ha efectuado la municipalidad bajo la modalidad de locación de servicios o servicios no personales.

La Contraloría precisa que la norma explica que la naturaleza de realizar contrataciones de personal bajo esta modalidad es la independencia del locador y sin que se dedique a actividades de carácter permanente dentro de la institución. Para la entidad hay el riesgo de que al desnaturalizar este contrato, los trabajadores a través de la vía judicial, puedan conseguir acciones que generen perjuicio a la municipalidad.

La Subgerencia de Logístico ha brindado información a los auditores de la Contraloría sobre el personal contratado como locador hasta julio de este año. De acuerdo a este reporte hasta esa fecha, se celebraron 222 contratos bajo esta modalidad. Si bien algunos de los trabajadores solo fueron contratados por un mes, la gran mayoría llevaba laborando siete meses en la institución en esa condición.

“(...) de la información alcanzada, se ha identificado, un total de doscientos veinteidos personas contratadas bajo la modalidad de servicios no personales, es decir, como locadores de servicios, desarrollando labores de carácter permanente propias de la entidad, lo cual contraviene la natural definición de este contrato civil; y a quienes les correspondería acceder a realizar dichas labores de la entidad mediante contrato administrativo de servicios, régimen especial del Decreto Legislativo 1057”, se lee en el informe de control.

EN SU CANCHA. Al final del informe, la Contraloría dispone poner en conocimiento de las conclusiones de este informe al alcalde provincia, Roberto Briceño a fin de “que se adopten las acciones preventivas y correctivas que corresponden, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional”.

Los auditores precisan que en un plazo de diez días el alcalde Briceño deberá comunicar a la Contraloría, a través del OCI de la misma municipalidad, las acciones que emprenderá con el objetivo de atender los riesgos que expone.

Cabe señalar que actualmente, la Contraloría ha acredittado una comisión auditora para revisar los bonos e incrementos salariales otorgados a funcionarios y trabajadores de la municipalidad desde el año 2015 hasta la actualidad.