Esta semana hubo algunas novedades en relación a los procesos judiciales del preso suspendido gobernador de Áncash, Waldo Ríos.

Primero, se conoció que, en diciembre último, la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Áncash, en Huaraz, anuló un fallo absolutorio que se dictó contra Ríos por el presunto ilícito de nombramiento indebido del cargo y además ordena un nuevo juicio en su contra.

La decisión establece que también sea juzgado el exgerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Cúper Chávez Carrasco, a quien también se le juzgó y absolvió en el extremo de aceptación indebida del cargo.

El fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash, Guillermo Lizarzaburu Palma, fue quien se encargó de sustentar la acusación contra Ríos Salcedo y Chávez Carrasco durante el juicio que condujo la jueza del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, Rossana Luna León, el 3 de agosto del año pasado.

Al encontrar rechazo por parte de la magistrada a su acusación, el fiscal Lizarzaburu interpuso el recurso de apelación, el cual finalmente tuvo eco en los jueces que conforman la Sala de Apelaciones del Santa. La titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Áncash, Azucena Mallqui, fue la encargada de sustentar la apelación.

De otro lado, esta semana se conoció que la Fiscalía Suprema emitió un dictamen en el cual considera que el fallo que dispuso en encarcelamiento de Ríos por colusión desleal debe ser reformulado y que la autoridad debe ser absuelta. Esta opinión ha sido elevada a la Sala Penal Suprema, la misma que deberá programar vista de la causa para luego resolver el pedido de nulidad de la condena planteada por la defensa técnica de Waldo Ríos.

En tanto, estos últimos días se supo que al menos unas 100 familias tendrían lotes en diversas invasiones de las 308 hectáreas del Proyecto Especial Chinecas, en Nuevo Chimbote. A fin de identificar a aquellos clanes que estarían implicados en el tráfico de terrenos, la Policía y la Fiscalía vienen investigando este hecho.

Al respecto, el regidor provincial Santos Gamboa señaló que autoridades y funcionarios también estarían vinculados a esta ilícita práctica.

El concejal dijo que pronto presentará pruebas sobre esta delicada acusación.