Un perjuicio económico por S/122,670 detectó la Contraloría en el Gobierno Regional de Áncash (GRA) producto del pago de planillas de incentivo único a trabajadores, a pesar de que por su condición laboral no les correspondía percibir dicho beneficio.

VER MÁS: Áncash: S/ 14 millones se perdieron en Chinecas

Hallazgo

De acuerdo al Informe de control Específico N° 058-2021, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, el 13 de agosto del 2020, sin considerar el marco normativo, la Subgerencia de Recursos Humanos del GRA suscribió un acta de compromiso de pago a favor de 21 trabajadores que prestan servicios mediante medidas cautelares derivados de mandatos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Dicho pago afectó los recursos debidamente presupuestados del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 a pesar de que los beneficiarios no estaban sujetos al mencionado régimen. Fue así que, entre los meses de julio a diciembre de 2020, los funcionarios de la entidad regional autorizaron y tramitaron el pago del incentivo único a favor de los 21 trabajadores. Los hechos contravinieron la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.

De la búsqueda efectuada en la página institucional del Poder Judicial (consulta de expedientes judiciales) se advirtió que, de los 21 trabajadores contratados al momento de su cese bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y/o locación de servicio, solo 16 cuentan con medida cautelar, mientras que cuatro de ellos no cuentan con dicho recurso judicial, y uno tiene medida cautelar infundada.

Además, de la revisión de las medidas cautelares se advierte que solo se dispuso su reincorporación a los puestos de trabajo y/o similares que venían desempeñando al momento de su cese lo que no implicaba su ingreso a la carrera pública conforme lo establece el Decreto Legislativo 276 y Decreto Supremo N° 05-90-PCM cuyo acceso es únicamente por concurso público, por lo que no les correspondía recibir el incentivo económico.

PUEDE LEER: Piden investigar abastecimiento de combustible en Municipalidad Provincial del Santa

Responsabilidades

El personal de control identificó presunta responsabilidad administrativa en siete funcionarios y/o servidores públicos de la entidad regional; sobre cinco de ellos recaería adicionalmente presunta responsabilidad penal.

Por esta razón, el informe fue derivado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio a las acciones legales penales correspondientes, informó la Contraloría.

Es importante señalar que estos hallazgos fueron comunicados al gobernador regional de Áncash, Henry Borja Cruzado, para que disponga el inicio de las acciones administrativas que correspondan.

La autoridad regional deberá comunicar a la Contraloría sobre las medidas adoptadas.