El exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, estará hoy en el banquillo de los acusados, por la obra de vía Chacas - San Luis, ejecutada por la empresa Odebrecht, cuando él estaba al frente del Gobierno Regional de Áncash (GRA).

La jueza del Primer Juzgado Nacional Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Nayko Techy Coronado Salazar, ha convocado para hoy, desde las 9:00 de la mañana, a la primera audiencia de juicio oral por este caso, en el que se acusa a Álvarez de haber cometido el delito de negociación incompatible o alternativamente colusión.

La investigación nació en la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, pero fue llevada a Lima y ahora será vista por un juzgado especializado del sistema anticorrupción del Poder Judicial, donde se ventilan los llamados casos “emblemáticos”.

El fiscal anticorrupción de Huaraz, Wenceslao Apaza, fue el desarrollar la investigación y formular la acusación contra el exgobernante ancashino y los demás investigados.

DILIGENCIA. Además de Álvarez Aguilar, se encuentran como acusados Germán Martínez Cisneros, Luis Alberto Díaz Vilca, Ivonne Bayona Guio, Lorenzo De La Cruz Sánchez, Moisés Ángeles Obregón, Leoncio Benito Maurico Chu, Ángel Victoriano Rondán Ramírez, Roger Carranza Quiñonez, Mario Paralta Gibaja, Ricardo Paredes Reyes y Antenor Kjuro Beizaga.

El Ministerio Público acusa a Álvarez y compañía del delito de colusión y alternativamente del delito de negociación incompatible. Es decir, de acuerdo a los elementos que presente la Fiscalía la jueza evaluará si se puede dar una sentencia por cualquier de los dos ilícitos.

La Fiscalía solicita para Álvarez y los exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash (GRA), la pena de 9 años de cárcel; mientras que para los representantes de la empresa a cargo de los trabajos plantea una pena de 7 años de cárcel.

La resolución judicial establece que los acusados que no acudan a la audiencia convocada, serán declarados reo contumaz.

TESTIGOS. El juzgado ha admitido que cuatro testigos, presentados por el Ministerio Público, declaren durante la etapa de juicio oral. Estos son: Luis Alberto Guevara Gabriel, Antonio Glandel Ramírez, Bernardina Cecilia Alvarado Macedo y Winston Oracio Lewis Díaz.

Por parte del actos civil, en este caso la Procuraduría Ad Hoc, no se considerado un testigo. Lo mismo sucede con la defensa de los acusados.

De igual forma, en la resolución judicial, se señala que han sido admitidos como órganos de prueba, los peritos del Ministerio Público Luis Sánchez Rutti, Ronald Torres León, Jesús Guevara Rivera, Paola Cabrejos Campos, Oswaldo Huayra Romero, Wilder Villegas Pérez, Hubert Salazar Velásquez, Lizverly Chavarry Infante y Luis Dextre Solís. Ellos también han sido convocados oportunamente por el juzgado para ser interrogados durante el juicio oral.

La defensa de los investigados no tendrá algún perito de parte .

La jueza precisa que los órganos de prueba (testigos y peritos) deberán acudir cuando el juzgado los convoque, caso contrario podrían ser conducidos de grado o fuerza, es decir con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. De igual manera, emplaza al Ministerio Público a establecer las coordinaciones necesarias para garantizar la presencia de sus testigos.

La magistrada Coronado Salazar, advierte también que en caso de inconcurriencia injustificada de parte de los abogados de los acusados, estos serán apartados del proceso y reemplazados por abogados de la Defensa Público, sin perjuicio de establecer las sanciones correspondientes.

CUATRO HECHOS. La obra que fue adjudicada a la empresa Odebrecht fue licitada por un monto de 404 millones de soles, pero al final tuvo un costo de 559 millones de soles, lo cual significa un incremento de hasta 38,16% de su valor inicial, según alertó un informe de la Contraloría General de la República.

La Fiscalía basa su acusación en cuatro hechos irregulares que se habrían cometido en el proceso de construcción de la obra. En todos Álvarez tiene la condición de presunto autor del delito.

El primero de ellos, está referido, según alertó La Contraloría a un adelanto en el pago de materiales por 155 millones de soles. Este monto fue calificado como un pago “en exceso” y además se denunció que estos materiales no habrían estado incluido en el expediente técnico.

La Fiscalía sostiene además que para dar conformidad a la solicitud de adelanto por materiales, se designó a un ingeniero electricista que no tendría la preparación adecuada para emitir este tipo de informes.

El segundo hecha está referido a ampliaciones de plazo, las cuales se habría hecho “vulnerando la normatividad vigente”, porque no tendrían justificación y técnica y porque además llevó a que se le reconozca hasta 5 millones de soles más al contratista.

El Ministerio Público, señala que el tercer hecho es haberse permitido “prestaciones adicionales” que no tenían sustento, tales como movimientos de tierra que no se habían contemplado y que habrían ocasionado costos en exceso por 11 millones de soles.

Finalmente, el cuarto hecho, se refiere a la instalación de un falso piso de policarbonato, que a decir del Ministerio Público, en la práctica no fue construido, pagando al contratista por trabajos no ejecutados 1 millón 22 mil soles.