Poder Judicial confirma detención preliminar de Juan Carlos Morillo, gobernador de Áncash

Infundada ha sido declarada la apelación del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, contra la detención preliminar de siete días que cumple en la sede de la Divincri en Huaraz, por el presunto delito de colusión agravada en la construcción y equipamiento del área COVID-19 del hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, con un presupuesto de 10 millones de soles.

Luego de más de seis horas de audiencia virtual, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash decidió la madrugada de ayer rechazar el recurso presentado por la defensa de la autoridad regional, de los ocho funcionarios involucrados y de la empresaria constructora Ninel Romero Bartusiak, quien se encuentra prófuga de la justicia.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del fiscal superior, Jorge Luis Tample Temple, logró que se declare infundado el pedido de apelación de la prisión preventiva y evitó que el gobernador Juan Morillo Ulloa junto a los otros investigados salgan en libertad.

El lunes 23 de noviembre, el Octavo Despacho de La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró la detención del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa y de los funcionarios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash. Con apoyo de personal de la División de Alta Complejidad de la Policía Nacional se hizo el allanamiento de las viviendas de los funcionarios del Gobierno Regional el exgerente general, Jhony Constantino Muñante Quispe; el gerente de infraestructura, Pedro Velezmoro Saenz ; el responsable de la elaboración Inversiones de Optimización de Ampliación Marginal de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), Jiordano Alva Pinedo; el encargado de la evaluación del IOARR, Renzo Cerna Shuan; el subgerente de administración - abastecimiento Juan Wilson Mendo Sánchez ; el gerente de estudios y proyectos, Percy Rojas Vereau, y Ángel Enrique Velásquez Abanto, subgerente de abastecimiento. Según la investigación fiscal, habrían cometido irregularidades en las compras y servicios realizados durante la Emergencia Sanitaria en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote.

AUDIENCIA

La tarde del 4 de noviembre, tras una audiencia programada por la Sala de Apelaciones presidida por el juez Máximo Maguiña, se inició la diligencia de pedido de apelación de la prisión preventiva que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Según los abogados de los detenidos, no existían elementos de convicción para que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ordene detener preliminarmente a los denunciados y por tanto, deberían ser liberados inmediatamente. Sin embargo, no lograron rebatir el argumento del fiscal Superior Jorge Luis Temple Temple, quien sostuvo que los abogados habían cometido errores de forma al presentar sus escritos de revocatoria del mandato de prisión preventiva y que no podían entrar a un debate jurídico, si los abogados no habían cumplido con la formalidad que la Ley exige al presentar este tipo de pedidos. Temple Temple ratificó la lucha frontal e incesante contra la corrupción emprendida por los órganos de justicia de Áncash y en especial del despacho que él dirige.

“No han podido rebatir los argumentos de esta Fiscalía Superior, con la Ley en la mano, con la doctrina y jurisprudencia en la mano”... Lo que ha hecho el Ministerio Público es analizar y poner en tela de juicio en algunos casos la inexistencia de esta premisa normativa y en otros casos la falta de consistencia, de validez, de contrastación de esta premisa”, argumentó el fiscal superior Jorge Luis Temple Temple.

Después de escuchar ambos argumentos, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, declaró infundado el pedido de apelación al mandato de detención preliminar de siete días , que pesa contra el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa y otros nueve implicados.