El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe continúa acumulando traspiés al momento de sustentar sus acusaciones. Ayer otro juez penal le hizo observaciones, dilatando el desarrollo del caso. Esta vez se trata del proceso por presunta colusión que habría cometido la actual alcaldesa del Santa, Victoría Espinoza García, en la ejecución de la obra de cambio de colectores en el sector III de Chimbote, durante su pasada gestión en el sillón edil.

Tras la oralización del pedido de Añanca, el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Luis Pérez Granados decidió devolverle la carpeta fiscal para que puntualice algunas observaciones tales como que el pedido de cárcel no se había sustentado en base a elementos de convicción, sino “solo consideró pruebas indiciarias”.

“Se constituyen elementos de convicción, declaraciones, testimoniales, documentales y otros”, puntualizó el juez.

Asimismo, Luis Pérez observó que la pena calculada para los implicados no era la correcta. Según su tesis, esta debería ser entre 3 y 7 años.

El juez también consideró que no se ha hecho mención con exactitud al perjuicio que habrían originado los exfuncionarios para el Estado con este supuesto hecho de corrupción.

“Solo se hace mención a sobrevalorizaciones en el cartel de obras, pero si es así, cuál es entonces el perjuicio para el Estado”, anotó durante la audiencia de control de acusación realizada ayer por más de dos horas.

Finalmente el juez otorgó cinco días de plazo al fiscal Añanca para que presente nuevamente la carpeta fiscal con las observaciones subsanadas. La diligencia de control de acusación, por este caso que se investiga desde octubre de 2010, se ha reprogramado para el próximo 06 de julio, desde las 2:30 de la tarde.

Si es que las observaciones no se hubieras hecho, ayer el juez pudo haber dispuesto el inicio de un nuevo juicio oral para Espinoza, sus exfuncionarios y un grupo de empresarios.

Al final de la diligencia, el fiscal Añanca decidió tomar deportivamente las observaciones y anunció que las corregirá según los plazos fijado por el juez.

Dijo que “discrepa” con algunas de ellas, como por ejemplo el tiempo de pena estimada por su despacho, la cual anunció se mantendrá.

CASO NEHALEM. Este proceso es más conocido como el caso Nehalem, nombre del consorcio que ejecutó los trabajos en el sector III de Chimbote y con el cuál, según la tesis del Ministerio Público, se habrían coludido los exfuncionarios edilicios incluida la alcaldesa Victoría Espinoza.

La tesis central de acusación manejada por la fiscalía anticorrupción es que la alcaldesa y su exgerente municipal, Julio Cortez Rojas (hoy primer regidor provincial) se habrían coludido con los empresarios. La burgomaestre y su funcionario de confianza habrían “influido” en el comité de licitaciones para que se le otorgue la buena pro a la empresa, pese a que esta no cumpliría con todos los requisitos que se exigía en el proceso de selección.

Espinoza y Cortez se encuentran procesados, según la clasificación hecha por el fiscal, como autores directos del delito de colusión. Para ellos dos el Ministerio Público ha solicitado diez años de cárcel más tres años de inhabilitación para ejercer la función pública.

Acompañan como supuestos cómplices de este ilícito, la actual gerenta de Obras, Micaela Flores y el exfuncionario Javier Menacho Méndez. Para ellos, la fiscalía ha pedido nueve años de cárcel así como la inhabilitación para ejercer la función pública durante tres años.

Otro exfuncionario, Aquior Mendoza, también está incluido en calidad de cómplice y tiene sobre él, un pedido de ocho años de cárcel.

Quien ha acumulado más años de pena por este caso, es el empresario Oscar Randy Robles Camarena. Y es que según el Ministerio Público, él no solo sería parte de la supuesta colusión, sino que además habría falsificado documentos, específicamente la carta fianza para adjudicarse el proceso valorizado en casi 13 millones de soles.

Para Robles, el fiscal Añanca ha pedido que sea internado en un penal por quince años además de sesenta días multa.

La acusación de la fiscalía se basa en 70 documentales y elementos de convicción que ayer no pudo oralizar adecuadamente el fiscal Laureano Añanca.

De las investigaciones fiscales se ha establecido que las empresas que conforman el consorcio Nehalem, no cuentan con la debida experiencia. Asimismo, los ingenieros acreditados por la constructora, tampoco cumplirían con el perfil establecido en las bases.

De otro lado, existe la sospecha de firmas falsificadas en la carta fianza de la financiera Finantel, presentada por el consorcio durante le proceso.

La fiscalía también cuenta con un peritaje elaborado por el profesional Ángel Galdos Lavado, que advierte, por ejemplo que el expediente técnico de la obra “no se ajusta a la normatividad vigente, en cuanto a que se encuentra incompleto, faltando los estudios básicos de ingeniería”.

El perito ha encontrado también una supuesta sobrevalorización “en cuanto a la cantidad y costo de la partida correspondiente a los cárteles de obras” . Se advierte de una diferencia de costos por un poco más de 23 mil soles.

El informe también remarca la falta de experiencia que tendría el consorcio Nehalem para haberse adjudicado el millonario proceso. La única empresa que acreditaba experiencia era “Técnicos Ejecutores SA”, sin embargo según los 19 certificados que presentó, “el 94.74 por ciento corresponde a obras eléctricas y el 5.26 por ciento corresponde a obras de agua potable y alcantarillado, las otras dos empresas consorciadas no han acreditado ningún tipo de experiencia”.

Al final el perito concluye que las bases del concurso “están preparadas para un postor con características específicas y no para postores con capacidad técnica y económica”.