Procuraduría: perjuicio por “La Centralita” supera los S/ 51 millones

Defensa del Estado presenta escrito en el que puntualiza el monto de reparación civil por cada uno de los delitos imputados a los 60 investigados, entre ellos César Álvarez. Procurador Amado Enco incluyó a 4 empresas. El GRA figura como agraviado
Procuraduría: perjuicio por “La Centralita” supera los S/ 51 millones

Procuraduría: perjuicio por “La Centralita” supera los S/ 51 millones

03 de Junio del 2018 - 09:05 » Textos: Gonzalo Horna » Fotos: Correo

El monto inicial de 35 millones de soles que estimó el procurador Amado Enco como perjuicio económico para el erario nacional por el emblemático caso “La Centralita”, quedó corto. Y es que la finalmente la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha presentado el escrito 1349-2018, en el que sustenta el monto de la reparación civil que en total suma más de 51 millones de soles.

El documento de más de 3 mil páginas ingresó al Poder Judicial el pasado 8 de mayo y desde hace una semana viene siendo notificado a los acusados.

Correo ha tenido acceso al voluminoso expediente del procurador Amado Enco, en el que se detallan los montos de reparación por cada uno de los 7 delitos por los que la Fiscalía ha acusado a los investigados. Asimismo, también incluye a las personas jurídicas (empresas) para el pago de la reparación.

En caso se consiga una sentencia para los acusados, los montos de reparación civil serán distintos, ya que para algunos se ha pedido el archivo en algunos extremos.

En el caso del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, principal investigado en este caso, la Fiscalía lo acusa de 5 delitos. Él no está acusado de los delitos de peculado y encubrimiento real.

Las reparaciones civiles solicitadas son a favor del Estado y también para el Gobierno Regional de Áncash (GRA), incluido como agraviado en algunos ilícitos.

ASOCIACIÓN ILÍCITA. Como se sabe, la tesis de la Fiscalía es que en el local conocido como “La Centralita” habría funcionado una organización criminal que era liderada por el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. En base a ello, la Fiscalía imputa el delito de asociación ilícita para delinquir.

Según el cálculo hecho por la Procuraduría la consumación de este delito ha generado un daño para el Estado de 15 millones de soles.

En este extremo están incluidos César Álvarez Aguilar, Julinho Aguirre Soto, Ángel Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Aguilar, Luis Arroyo Rojas, Milagros Asián Barahona, Martín Belaunde Lossio, Felipe Bermúdez Mendieta, Heriberto Benítez Rivas, Verónica Pamela Bermúdez, Jorge Luis Burgos Guanilo, Juan Calderón Altamirano, Patricia Cárdenas Ávalos, José Luis Carmen Ramos, José Cavassa Roncalla, Víctor Cerna Baes, Luis Cortez León y Carmina Cortes Roque.

También están acusados de este ilícito Víctor Crisólogo Espejo, Carlos Crisólogo Saavedra, Evaristo Chauca Huete, Martín Espinal Reyes, Juan Espinoza Linares, Heí Leca Cruzado, Víctor López Padilla, Hugo Mayo Cortez, Danilo Meléndez Ponce, Máximo Milla Inca, Hernán Molina Trujillo, Modesto Mondragón Becerra, Arnulfo Moreno Corales, Santos Monzón Faustino, Rosa Alicia Olivares De La Cruz, Manuel Paucar Obregón y Kelly Pineda Bermúdez.

Finalmente figuran como acusados por este presunto delito Abel Ramírez Huayaney, Sandor Renilla Horna, Miguel Revilla Yengle, Antonio Rodríguez Meyzen, José Rupay Tarazona, Juan Sánchez Oliva, Regina Soto Pajuelo, Anabel Tarazona Hervias, Dirse Valverde Varas, Nelson Vásquez Baca y Luis Armando Villaverde Robles.

La Procuraduría establece que el pago debe ser hecho de manera solidaria entre todos los acusados.

PECULADO. Según la investigación de la Fiscalía, se ha podido identificar tres hechos que han sido calificados como el delito de peculado. Quienes habrían incurrido en este ilícito, de acuerdo al documento de la Procuraduría, son César Álvarez Aguilar, Jorge Burgos Guanilo, Víctor Cerna Baes, Carmina Cortez Roque, Heli Lecca Cruzado, Arnulfo Moreno Corales y Anabel Tarazona Hervías.

La defensa del Estado solicita por este delito una reparación civil de 314 mil 596.42 soles, que también deberá ser pagado de manera solidaria entre los comprendidos en este extremo.

COLUSIÓN AGRAVADA. Para el Ministerio Público el delito de colusión agravada habría sido cometido en 3 licitaciones y procesos de selección en el Gobierno Regional de Áncash (GRA). Están comprendidos en este extremo César Álvarez Aguilar, Luis Arroyo Rojas, Jorge Luis Burgos Guanilo, Pamela Bermúdez, Víctor Cerna Baes, Edwin Gamarra Becerra, Rusell Binci López, Jorge Martínez Núñez, Arnulfo Moreno Corales y José Zúñiga Pereda.

La Procuraduría ha fijado el monto de reparación civil por este delito en 2 millones 848,639.20 soles, los cuales también deberán ser abonados de manera solidaria.

LAVADO DE ACTIVOS. Uno de los delitos más complejos de investigar en este caso ha sido el de lavado de activos. Se dice que la organización se habría servido de testaferros para ocultar dinero, presuntamente, de procedencia ilícita.

Por este ilícito, el Ministerio Público ha acusado a Ángel Álvarez Aguilar, Martín Belaunde Lossio, Jorge Burgos Guanilo, José Carmen Ramos, Darwin Espinal Adriano, Alejandro Esquivel García, Rusell López Sánchez, Hernán Molina Trujillo, Edward Príncipe Carvallo, Antonio Rodríguez Meyzen, Gisella Saavedra Toro, Regina Soto Pajuelo, Mario Fatelevich y José Cavassa Roncalla.

En este extremo han sido incluidas las personas jurídicas como Ilios Producciones (empresa que habría servido de fachada para el funcionamiento de “La Centralita”), Nueva Corporación del Norte EIRL y A&E Áncash Telecomunicaciones EIRL.

La Procuraduría solicita el pago de 3 millones 479,388.01 e identifica como agraviado al Gobierno Regional de Áncash.

LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO. El mismo ilícito de lavado de activos, pero con agravantes ha sido imputado a José Cavassa Roncalla, César Álvarez Aguilar, Antonio Martorelli, Ricardo Paredes Reyes y Dirsse Valverde Varas.

En este extremo también se incluyó a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú como investigada.

Este delito tiene que ver con el supuesto pago de un soborno que la constructora en mención habría dado a Álvarez para adjudicarse la obra de la vía Chacas - San Luis.

El monto de reparación civil por este hecho ha sido cuantificado en 30 millones de soles.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. El delito de violencia y resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones es atribuido a César Álvarez Aguilar, Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo. Está referido a la obstaculización de la diligencia de allanamiento de “La Centralita” en el 2010, cuando el caso aún se encontraba en la etapa de investigación preliminar.

Por este delito se ha pedido el pago solidario de 200 mil soles.

BENÍTEZ. El delito de encubrimiento real es imputado únicamente al excongresista Heriberto Benítez Rivas . La Procuraduría calcula los daños para el Estado por este delito en 100 mil soles.

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