Rector de USP pudo ir preso, pero ausencia de abogados frustra audiencia en Chimbote

Una maniobra legal frustró hoy, por segunda vez, la audiencia de pedido de revocatoria de la prisión suspendida del rector de la Universidad San Pedro (USP) de Chimbote, José María Huamán Ruiz y otros seis implicados, condenados en segunda instancia a tres años por un fraude de más de tres millones de soles en agravio de la propia universidad.

La audiencia en Chimbote iba a ser dirigida por el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, Jorge Chávez Tamariz, pero no pudo instalarse debido a la ausencia de la defensa técnica de los condenados Leo Jumbo Jacinto y Tania Baca Escurra.

Por segunda vez consecutiva, los abogados Manuel Vásquez y Alexander Vega, este último defensor público, no acudieron a la diligencia a pesar de que fueron notificados oportunamente.

En el caso de Alexander Vega, la responsable de la Defensoría Pública ha informado al juzgado que este abogado ya no ejercía la defensa de Tania Baca pues ella designó de forma particular al letrado Pedro Burgos Ascurra; sin embargo no informó de ello a la Fiscalía ni al juzgado.

La diligencia se reprogramó para el jueves a las 4 de la tarde en la Corte de Chimbote. El juez Chávez Tamariz otorgó un plazo de 24 horas para que los sentenciados elijan a un abogado de su libre elección, de lo contrario mañana por la mañana la Defensoría Pública designará a los abogados para que la audiencia no vuelva a frustrarse.

El rector de la USP José María Huamán había asegurado que iba a estar presente en esta audiencia, pero no acudió.

En las afueras de la Corte, en el centro de Chimbote, estuvieron los estudiantes y miembros del Frente de Defensa, quienes rechazaron las maniobras de dilatación para fustrar la decisión del juez respecto del pedido del Ministerio Público de revocar la prisión suspendida y enviar al penal por tres años al rector Huamán Ruiz.

Como se sabe, el rector de la universidad de Chimbote fue condenado a tres años de prisión suspendida en segunda instancia por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.

El caso tiene que ver con el pago de más de tres millones de soles a abogados fantasmas para que supuestamente defiendan los procesos judiciales de la casa superior de estudios.