Richard Asmat: “Hay réplicas de la gestión de Álvarez en municipios”

El ejercer la defensa de los intereses del Estado, lo llevó a que en algún momento realice sus funciones usando un chaleco antibalas.

El procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, se desempeñó en este cargo en uno de los momentos más complicados para la región. Desde su despacho, se hicieron varias denuncias contra la gestión del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar y también ha sido testigo cercano de la caída de este régimen, el cual, según la Fiscalía, no habría sido otra cosa que una organización delictiva que se había enquistado en el poder.

Desde mayo de 2014, y tras recibir constantes amenazas, el Estado le otorgó a Asmat Urcia un agente de la Policía que ahora lo acompaña las 24 horas del día.

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado ayer, el abogado del Estado hace un balance de lo que el sistema de justicia ha conseguido en la lucha contra este flagelo en nuestra región. En esta entrevista con Correo también advierte la réplica del “modus operandi” de la gestión de Álvarez en algunas comunas donde sus alcaldes aspiran peligrosamente a obtener cargos de mayor peso en política.

Han pasado más de tres años desde que Áncash estuvo en el ojo público por los escándalos de corrupción en el gobierno regional y el tema Álvarez, ¿cuál es la percepción desde la Procuraduría sobre este tema?

Personalmente y desde la Procuraduría existe la percepción de que el mal ejemplo que dejó la gestión de César Álvarez Aguilar se ha replicado no solo en el gobierno regional, sino se ha expandido a muchas otras entidades del Estado y con mucho más énfasis a los gobiernos locales. Lastimosamente tres años han pasado y como ciudadanía, la primera óptica que tenemos, es que no hemos aprendido de los errores y no hemos sabido elegir a autoridades coherentes, a autoridades que puedan reflejar una labor transparente en pro de la propia ciudadanía.

Como segundo punto, debemos hacer mea culpa de que no ha existido, a pesar de que se dio todo un fenómeno de la corrupción y que desde el caso “La Centralita” se nace para todo este destape incluso llegando a Odebrecht, no se ha sabido capear esta lucha contra la corrupción. Me explico, no han sabido poner refuerzo en los entes que van a combatir la corrupción, llámese Contraloría, Procuraduría, Fiscalía Anticorrupción o Poder Judicial y en el sistema anticorrupción.

Aún hay mucho trabajo por hacer en Áncash ...

Muchísimo trabajo por hacer aún. Yo creo que si bien es cierto es un trabajo que se ha venido haciendo con el total compromiso, dando todo de nosotros, muchas veces utilizando más horas de trabajo, pero ante este aparto grandísimo que es la corrupción, que tiene lo principal que es economía para poder delinquir; creo que el Gobierno no puede estar de espaldas a esta lucha y debe reforzar las entidades.

Tenemos investigaciones de casos denominados “emblemáticos” como “La Centralita”, el caso Pardo, el caso Coliseo y otros más que ya concluyeron. Considera que hay aspectos que aún no han sido tocados en las pesquisas o funcionarios que no han sido incluidos

Si bien es cierto hay muchos de la gestión Álvarez que ya están mínimamente procesados, algunos con prisión preventiva otros ya presos, pero hay algunos que están, como se dice, pasando desapercibidos y que estamos haciendo las investigaciones correspondientes. Por ejemplo, en el caso Pallasca, y este es un caso muy puntual, porque son gobiernos que vienen del tema de Álvarez, no son uno, son varios, llámese también el alcalde de Pampas y el de mismo Pallasca, a quienes estamos haciendo investigaciones. Entonces ese “modus operandi”, es una réplica que hay allá, de lo que fue el gobierno de Álvarez, es un réplica, son mini Álvarez. No es solamente en este sector de Pallasca sino a nivel de toda la provincia del Santa y en toda Áncash, llámese costa o sierra.

¿Hay más alcaldes que están siendo investigados hoy en día?

Hay más alcaldes que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y que van a ser denunciados posteriormente, sino que vuelvo a repetir, no tenemos el personal suficiente y la logística para irnos hasta estos lugares, por ejemplo, para inspeccionar o hacer constataciones.

¿Por qué decimos que hay más alcaldes que son una especie de mini Álvarez?

Porque vienen siendo investigados por la Procuraduría y por ejemplo, tienen en sus propias jurisdicciones, comprados (a autoridades), o mínimamente se presume esto. Hay denuncias que cuando llegan a fiscalía de sus sector o también a anticorrupción que simplemente son archivadas, tienen aparatos sofisticados para defraudar al Estado en los procesos de selección, para poder dirigir (los procesos). Vemos, cuando han sido investigados, en las propias propuestas de postores documentos falsificados o valores referenciales sobrevalorados, en fin, todo el mismo “modus operandi” de que fue César Álvarez en su momento.

¿Se replica el tema de una supuesta red extendida a varias instituciones claves?

Así es y en varios aspectos, derrepente no en la magnitud de Álvarez, pero por eso digo mini Álvarez, o sea son más minúsculos, pero ojo que son también potenciales. Están afectando a una población y muchos de ellos con intensiones de postular a alcaldías provincial, entonces, imagínese.

Hablando propiamente de la provincia del Santa, usted hacia mención de que no hemos aprendido la lección y que se ha optado por autoridades que han llegado al sillón con procesos judiciales producto de sus primeras gestiones

Y que han sido condenados incluso.

En el caso por ejemplo de Chimbote y Nuevo Chimbote, como van los casos

Con la autoridad edil de la provincia (del Santa) tenemos todavía procesos pendientes, hay uno que está por resolver en segunda instancia, que es el caso Nehalem por colusión y el caso semáforos que está entrando ya a su recta final. Yo no puedo incidir en el voto del ciudadano, simplemente nosotros lo que decimos es que verifiquen bien por quiénes van a votar. Un ejemplo: se votó por Waldo Ríos, que estuvo sentenciado, se le procesó, lo sentenciaron y ahora preso. Tenemos al vicegobernador, Enrique Vargas, procesado, investigado y sentenciado. Tenemos a un tercer gobernador que hasta el momento no tenemos denuncias sobre él, pero sí estamos investigando muchos actos también que podrían conllevar a denuncias posteriores. Pero recordemos que ya han pasado hasta cuatro gobernadores regionales que han sido sentenciados, entonces, la población tiene que tomar un poco de conciencia por quién vota, no por el que va y ofrece el oro y el moro y dice que va a entregar 500 soles mensuales, pensemos ya no en nosotros, sino en nuestro hijos y en lo que vamos a heredar como ciudad y como región.

Con respecto a resultados, ¿cómo va hasta ahora el trabajo de la Procuraduría, cuál es la carga actualmente?

Nosotros tenemos un promedio de cuatro a cinco denuncias por mes presentadas por la Procuraduría, es un indicador que viene desde la ciudad de Lima, entonces como meta tenemos esa cantidad. En recuperación estamos oscilando ya en unos 200 mil soles, superando excesivamente a todos los años anteriores.

Y cuánto falta por recuperar

Proyectado por recuperar son millones, hay denuncias con reparaciones civiles fuertes, por ejemplo, el caso semáforos son más de 3 millones y medio.

Con cuántos casos denunciados cierra el año Procuraduría

Exacto no podría decirte, pero tenemos un promedio de mil procesos en actividad.

Al principio del año hubo cuestionamientos a la labor de la Fiscalía en caso de corrupción y en otros a las decisiones del Poder Judicial. ¿Se ha mejorado algo cree usted?

No puedo pronunciarme por la labor que realiza cada institución pero si lo vemos desde una óptica de la Procuraduría y nosotros vemos que no se está dando la agilidad del caso. Encontramos el principal y primer escollo en lo que es Ministerio Público, porque un tema de agilidad en cuanto a investigaciones, si nosotros presentamos una denuncia, mínimamente esperamos que esta sea estudiada y que exageradamente en un mes pueda haber un pronunciamiento de una apertura, pero tenemos denuncias que pasan hasta tres meses para recién un pronunciamiento. Otra cosa que vemos excesivo es esta potestad que está teniendo el Ministerio Público que casi todas las denuncias que llegan son complejas en etapa preliminar. Hay cosas que no ameritan declararlas complejas, simplemente el trabajo necesario. Lastimosamente todas las instituciones del Estado no tenemos los recursos necesarios, pero si nos vamos a pasar todo el tiempo quejándonos en esto, nunca vamos a avanzar.

Sobre el proceso de reconstrucción con cambios, ¿qué plan o estrategia ha ideado Procuraduría porque se van ejecutar gran cantidad de obra?

Nosotros estamos en constante coordinación con la Contraloría acá en Chimbote para hacer un trabajo conjunto en la medida de cómo se vaya dando el tema de la reconstrucción. Nosotros particularmente ya venimos haciendo investigaciones y recabando información, porque es un caso social muy palpable y muy delicado, entonces nosotros ya estamos tomando cartas en el asunto, estamos verificando a través de los sistemas informáticos, llámese el Seace o el Osce, para ver cómo van los procesos de selección para poder estar ahí en el momento justo y adecuado para ver si existen sobrevalorizaciones o actos de corrupción y entablar una denuncia.

¿Se ha formulado ya alguna denuncia referida a recursos por la emergencia?

Existen dos denuncias emblemáticas una es en la provincial del Santa, en la que mi persona hace la denuncia, pero es por el tema de prevención del 2016, que son 3 millones de soles que no se ejecutaron en ese año. En el caso de Huarmey también existe una denuncia que hemos hecho nuestra por parte de la Ugel, que es una limpieza de las instituciones educativa, un poco más de 290 mil soles, que también han sido objeto de denuncias.