Aunque actualmente permanece tras los barrotes de una cárcel, el suspendido gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos, aún no ha saldado todas las cuentas pendientes que tienen con la justicia, ya sea por presuntos actos de corrupción o infracciones a sus deberes como autoridad.
NUEVO JUICIO. Es así que en diciembre último, la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Áncash, en Huaraz, anuló un fallo absolutorio que se dictó contra Ríos Salcedo por el presunto ilícito de nombramiento indebido del cargo y además ordena un nuevo juicio para quien en algún momento fue la máxima autoridad de la región.
La decisión establece que también sea juzgado el exgerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Áncash (GRA), Cúper Chávez Carrasco, a quien también se le juzgó y absolvió en el extremo de aceptación indebida del cargo.
El fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash, Guillermo Lizarzaburu Palma, fue quien se encargó de sustentar la acusación contra Ríos Salcedo y Chávez Carrasco durante el juicio que condujo la jueza del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Áncash, Rossana Luna León, el 3 de agosto del año pasado.
Al encontrar rechazo por parte de la magistrada a su acusación, el fiscal Lizarzaburu interpuso el recurso de apelación, el cual finalmente tuvo eco en los jueces que conforman la Sala de Apelaciones del Santa. La titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Áncash, Azucena Mallqui, fue la encargada de sustentar la apelación.
Aún no hay fecha para el inicio del nuevo juicio oral contra Ríos Salcedo y Chávez Carrasco, pero el fiscal Lizarzaburu precisó que esta diligencia ya no caerá en el despacho de la jueza Luna León, y se designará a un nuevo juez para que conozca esta causa, tal y como se estila, siempre que se anula una condena.
“Entre otras cosas, la resolución señala de que no se habría hecho un adecuado análisis de todos los medios de pruebas que presentamos en la etapa de juicio oral, por eso se está ordenando un nuevo juicio oral y se ha anulado el fallo que absolvía al señor Ríos Salcedo”, explicó el fiscal Lizarzaburu en diálogo con Correo.
El caso que involucra al gobernador, no solo tendrá un nuevo juzgador, sino que también será un nuevo fiscal el encargado de sustentar la acusación. El fiscal Lizarzaburu confirmó a Correo, que él ya no se hará cargo de esta carpeta, luego de que su petición de inhibirse en todas las investigaciones que tienen que ver con Ríos y con el actual gobernador Enrique Vargas Barrenechea, sea acogida por sus superiores.
Hay tres fiscales que pueden conocer esta investigación, que son Jhon Macedo, Renato Arapa y Lizbeth Abendano, todos ellos también laboran en la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash, donde despacha el fiscal Lizarzaburu.
Hasta el cierre de este informe aún no se defenía quién de ellos sería, pero lo más probable es que el caso recaiga en la fiscal Lizbeth Abendano, pudo conocer este diario.
EL CASO. Es preciso recordar que el Ministerio Público acusó a Ríos Salcedo de haber nombrado, en su calidad de gobernador regional, a Chávez Carrasco en el cargo de gerente de Desarrollo Económico, presuntamente sin que reúna el requisito mínimo para desempeñarse como funcionario, tal como un título profesional.
Por ello, la Fiscalía solicitó como sanción la pena de 80 días de inhabilitación en funciones para Waldo Ríos, así como el pago de días multas por el mismo lapso, que en números era cuantificado en 9 mil soles.
En su investigación, el Ministerio Público realizó consultas con el sistema de grados y títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) así como con colegios profesionales y aseguró que no encontró título profesional algunos registrado con el nombre de Chávez Carrasco. La Fiscalía indagó si es que tenía estudios concluídos en economía o derecho, pero afirmó, que en ninguno de los casos la búsqueda dio positiva.
Sin embargo, la defensa de Chávez Carrasco, presentó en la audiencia de juicio oral un título profesional que fue expedido por la Universidad Los Ángeles (ULA) que habría adquirido el funcionario, en octubre de 2014. La Fiscalía cuestionó la validez de este título.
En el fallo, donde la jueza valoró este título, reconoció que el título de la ULA no fue declarado en la hoja de vida del exfuncionario y dispuso que se remitan copias a otra fiscalía para evaluar si amerita iniciar otra investigación.
En el caso de Ríos Salcedo, el Poder Judicial, consideró que no se había demostrado que él haya sido directamente el que nombró a Chávez en el cargo. Tomó como base los testimonios que ofrecieron el entonces gerente del GRA, Jaime Osorio Rodríguez, y quien fuera la titular de la Gerencia de Desarrollo Social, Olinda Vizcardo Goyzueta. Ambos funcionarios brindaron sus declaraciones en la etapa de juicio y fueron ofrecidos por la defensa del suspendido gobernador.